La Fiscalía General retira de Anticorrupción al fiscal señalado por Vox y el comisario Villarejo por connivencia con Podemos

Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que han impulsado las más de treinta piezas de las que se compone por ahora el caso Villarejo, no seguirá en la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, dejará de estar adscrito a esta macrocausa. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha rechazado asignarle una de las ocho plazas en propiedad en ese departamento a las que había optado y que ha adjudicado este martes. Hasta ahora, Stampa estaba en comisión de servicio en la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscal general no lo ha propuesto para una plaza fija siguiendo el criterio marcado por el Consejo Fiscal, donde Stampa no ha sido respaldado por ninguno de sus compañeros, informan fuentes fiscales a elDiario.es. Este órgano consultivo del ministerio público, cuyos informes no son vinculantes, está compuesto por tres miembros natos —la fiscal general; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; y el jefe de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena— y nueve representantes de las asociaciones: cinco de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), a la que está asociado Stampa, y cuatro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Ninguno ha votado a favor de su continuidad en Anticorrupción.

Delgado sí ha propuesto que acceda a una plaza en propiedad el otro fiscal del caso Villarejo, Miguel Serrano, que ha contado con el respaldo de cinco miembros del Consejo Fiscal. En este caso, han votado a favor de su continuidad en Anticorrupción los cuatro representantes de la UPF y el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena. Los cinco miembros de la conservadora AF no han apoyado su continuidad, mientras que Navajas se ha abstenido. Ha habido, por tanto, un empate.

Aunque no son las únicas plazas que se han adjudicado este martes, el caso de Stampa ha adquirido más notoriedad porque Vox y el comisario Villarejo le han acusado sin pruebas de connivencia con Pablo Iglesias y Podemos, el partido que ejerce la acusación popular en la causa sobre los oscuros negocios de Villarejo y otros miembros de la cúpula policial. La formación de extrema derecha ha llevado estos hechos a una denuncia sobre la que se tendrá que pronunciar la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

La Fiscalía General del Estado abrió una primera investigación en febrero por unos mensajes que aludían a una supuesta relación entre Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor. Pero el jefe de la Inspección Fiscal dio carpetazo al asunto porque, entre otras cosas, el estatuto del Ministerio Público no contempla como causa para apartar a un fiscal que mantenga una relación con la representante legal de una parte implicada en un proceso. En consecuencia, la Inspección Fiscal no entró a valorar la realidad de las acusaciones. 

También se pronunció sobre este asunto el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que al ser preguntado por la “relación” entre el fiscal y la abogada de Podemos en dos entrevistas en septiembre, respondió que había sentido “asco” y que Stampa debía haber sido apartado de inmediato. Pero Navajas se retractó semanas después. El pasado 16 de octubre firmó un escrito público en el que consideró las informaciones sobre la presunta relación como “absolutamente falsas”, admitió que antes de darlas por ciertas debía haber indagado en ello y pidió disculpas a su compañero. Este martes, Navajas se ha abstenido en las votaciones sobre Stampa y Serrano.

De los ocho fiscales que estaban en comisión de servicio en Anticorrupción, el único que no ha obtenido una plaza fija ha sido Stampa. Así, además de Serrano, la fiscal general ha propuesto el nombramiento de Inmaculada Violán, Belén Dorremochea, César de Rivas, Alejandro Cabaleiro, Irene Rodríguez Acuña y Jorge Andújar Hernández. Todos ellos estaban hasta ahora en comisión de servicio y pasarán a tener una plaza en propiedad en esta división del Ministerio Público.

Entre los peticionarios ajenos a Anticorrupción el único que ha obtenido plaza es Luis Rodríguez Sol, que destaca por su destino en la Inspección Fiscal y escalafón. Además, la novena plaza en liza, la que ha dejado de forma temporal la fiscal del caso Gürtel Concepción Sabadell, nombrada en julio representante española en la Fiscalía europea, será adjudicada a Pilar Santamaría, que era hasta hora fiscal de Medio Ambiente de Cantabria. 

Javier Huete, al Supremo

El Consejo Fiscal también ha abordado este martes la adjudicación de la plaza de fiscal de Sala jefe de sección Penal en el Tribunal Supremo, para la que la fiscal general ha rechazado promocionar a los fiscales del 'procés'. Para este puesto se habían presentado Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, pero Delgado ha optado por un cargo de su confianza, el fiscal José Javier Huete, actualmente en la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado. Los cuatro representantes de la UPF han respaldado a Huete en lugar de a Zaragoza, miembro de la asociación progresista, que sí ha contado con el respaldo de los cinco vocales de AF. Además, Esmeralda Rasillo, que fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia cuando Delgado era ministra de Justicia, ha sido propuesta como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo.

Por otro lado, Delgado ha propuesto a Carlos García Berro, miembro de la UPF, como fiscal de la Audiencia Nacional; a Félix Pantoja, que fue vocal del CGPJ a propuesta del IU entre 2001 y 2008, como Fiscal de Sala de la Unidad especializada de Siniestralidad Laboral; a su predecesora en el cargo, María José Segarra, como Fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores; y a Carlos Castresana Fernández, como fiscal del Tribunal de Cuentas.