La Fiscalía informará esta semana en contra de que los exconsellers encarcelados puedan asistir a la comisión de investigación que analizará la aplicación del artículo 155. La cámara autonómica, con los votos de Junts per Catalunya, ERC y Catalunya en Comú, decidió en diciembre incluir en su listado de citados a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa.
Tras configurar la lista de comparecientes, el presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, solicitó formalmente al Supremo el permiso para que los políticos presos pudieran asistir a las sesiones de las comisión. El trámite requiere un informe previo de Fiscalía que se negará a facilitar esas comparecencias.
Las comparecencias solicitadas podrían celebrarse a través de videoconferencia desde prisión, pero incluso esa posibilidad será negada por el ministerio fiscal. En una carta remitida al Supremo el pasado 27 de diciembre, Torrent pide que los políticos presos comparezcan ante la citada comisión, el próximo 22 de enero. La fecha elegida por el parlamento catalán coincide en el tiempo con el momento en el que está previsto de su inicio el juicio del procés (entre finales de enero y principios de febrero).
Fuentes de la fiscalía del Supremo aseguran que las comparecencias de los políticos presos en la comisión de investigación sobre el 155 podría “interferir” en el desarrollo del juicio que en unas semanas empezará a aclarar responsabilidades y penas en la causa del procés. Según las mismas fuentes, “el objeto y los hechos sometidos a investigación parlamentaria coinciden sustancialmente con aquellos que son objeto del proceso penal”. Siguiendo con ese razonamiento, fuentes de la fiscalía del TS aseguran que “las declaraciones que se solicitan se refieren a acusados no juzgados, por lo que sus derechos procesales podrían resultar afectados por la práctica de diligencias fuera de las garantías procesales de un juicio”.
La presencia de presos en parlamentos para comparecer ante comisiones de investigación no supone una novedad. El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, asistió el pasado 13 de noviembre al Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de los miembros de la comisión que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Álvaro Pérez, otro de los condenados por el caso Gürtel, hizo lo propio en febrero del año pasado.
La participación de los condenados por Gürtel en la comisión del Congreso se produjo después de haberse celebrado el juicio. Esa no es la situación de los políticos catalanes, que están en prisión preventiva y a la espera de un juicio cuyo inicio se considera inminente.
El Supremo se ha mostrado inflexible con la concesión de permisos puntuales para que los presos del procés puedan abandonar la prisión de manera puntual. El último caso se produjo cuando el exconseller Josep Rull obtuvo un permiso urgente para visitar a su hijo hospitalizado. El permiso, concedido por el juez de guardia, será investigado por si hubiera concurrido alguna irregularidad en su concesión.