La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que imponga una fianza de 3.000 euros al antiguo chófer de los Bárcenas si quiere evitar el ingreso en prisión, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. La medida supondría agravar las medidas cautelares que soporta Sergio Ríos Esgueva, en la actualidad policía nacional, al que el anterior juez del caso impuso comparecencias mensuales en el juzgado.
Nuevas revelaciones en el marco de la pieza del espionaje a Bárcenas, que permanece secreta, han motivado la petición del Ministerio Público, añaden las fuentes consultadas. Sergio Ríos permanece imputado desde el pasado mes de diciembre, con ocasión de su primera declaración en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen.
El chófer fue captado presuntamente por miembros de la brigada política que operó en Interior entre 2012 y 2016 con el fin de robar documentos comprometedores para el Partido Popular al entorno del extesorero, así como de informar de los movimientos de sus familiares más próximos. Como recompensa cobró 2.000 euros mensuales de los fondos reservados y, al término de la misión, ingresó en la Policía con 42 años. A los pocos meses fue enviado a la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde a día de hoy sigue prestando servicio.
Sergio Ríos es uno de los policías expedientados por la Dirección General que, sin embargo, no ha sido suspendido provisionalmente de sus funciones. La Policía alega que las medidas cautelares impuestas por el juez para la suspensión deben ser “suficientemente gravosas” y establece como tales aquellas que superen las comparecencias mensuales en el juzgado. Para ello, la Dirección General alega jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En el caso de que el juez Manuel García Castellón acuerde la medida propuesta por Anticorrupción, la Policía deberá aplicar su criterio y suspender provisionalmente a Ríos Esgueva, que pasaría de las comparecencias mensuales a libertad bajo fianza. Solo uno de los seis agentes expedientados por el caso Villarejo ha sido suspendido por ahora de sus funciones.
El juez y la Fiscalía sospechan que la captación de Ríos Esgueva fue parte de una operación “parapolicial” para beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”. En esa causa están imputados los principales protagonistas de la brigada política, empezando por su creador y máximo responsable, el comisario Eugenio Pino.