La fiscalía de Madrid que vio “un imperativo legal” expedientar a dopados investigará el positivo que sepultó Antidopaje

La Fiscalía Provincial de Madrid analizará si el exdirector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros, cometió delito al no tramitar el positivo del velocista Patrick Chinedu, entre otras posibles irregularidades que le ha derivado la Fiscalía General del Estado. Esta misma fiscalía tiene reciente un dictamen en el que establecía que abrir expediente a deportistas dopados era “un imperativo legal”. En ese momento lo hizo para salvar a Terreros en otro caso, como hizo en al menos dos denuncias más, pero esa literatura se vuelve ahora en contra del máximo responsable Antidopaje entre 2013 y el pasado mes, cuando fue destituido por el Ejecutivo.

Desde al menos 2018, la CELAD sabía que tenía un problema con la empresa que realizaba los controles antidopaje, la alemana PWC, porque a menudo iba un solo agente. Sin embargo, en el decreto español estipulaba, de forma algo confusa, que debía haber dos. Los positivos que se obtenían así seguían vías dispares: unos progresaban, otros se quedaban en un cajón, otros deportistas recurrían… Los que eran sepultados nunca llegaban a la opinión pública protegidos por la ley de protección de datos.

Al menos dos deportistas amateurs que sí fueron sancionadas con un solo agente denunciaron a la cúpula de la CELAD en los juzgados. En uno, porque habían añadido que había un segundo agente y consideraban que eso era una falsificación de documento público y otra acusaba a Terreros de prevaricación por haberla sancionado con un solo agente.

En los dos casos –y en otro más relativo a una denuncia en fiscalía– el Ministerio Público apoyó a Terreros. El equipo de la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, concluyó que Terreros estaba obligado a abrir ese expediente. El pasado 23 de noviembre, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, señaló: “Con independencia de si se habían cumplido los requisitos formales en la toma de muestras de orina [el director de la CELAD] venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias de dopaje”. Y añadía: “Todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”.

La Audiencia Provincial de Madrid acabó archivando el caso el pasado 11 de enero y dio la razón a la fiscalía. En la misma línea, señalaba que con un solo agente debía incoar el expediente: “En consecuencia, pese a la irregularidad o anomalía detectada, Jesús Muñoz Guerra Revilla [lefe de Antidopaje y número dos de Terreros] debía proponer la apertura del expediente dado que la toma de muestras no ajustada a la legalidad no fue determinante del resultado analítico y, por ende, no invalidaba el resultado”.

Eso, que fue un salvavidas para Terreros hace solo un mes, ahora es su lastre. Porque el pasado dos de enero el Ministerio de Educación trasladó a la Fiscalía General del Estado la denuncia interna de una trabajadora que, entre otras cosas, señalaba que el velocista internacional Patrick Chinedu dio positivo por nandrolona en 2019 pero nunca fue expedientado porque había un solo agente. El caso, destapado por eldiario.es, arrancó el escándalo de la CELAD que acabó costando el puesto a su director y la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje contra España. En el caso de Chinedu Terreros había hecho exactamente lo contrario de lo que decía la fiscalía que era “un imperativo legal”. En varias entrevistas y en privado, Terreros afirmó que en ese momento había un contencioso abierto de otro deportista que le impedía actuar. No era así, ese contencioso es posterior.

La Fiscalía General ha analizado toda la documentación y, después de un mes de estudio, ha remitido la documentación a la fiscalía de Madrid. No solo trata el caso de Chinedu, sino el asunto de los controles con un solo agente antidopaje por si hubiera un uso irregular de dinero público al aceptar como válidos controles realizados por un solo agente pero facturados como si hubiera habido dos o el caso de atletas que recibían autorizaciones retroactivas para poder tomar sustancias dopantes sin dar positivo (Relevo destapó que la plusmarquista Majida Maayouf dio positivo en Alemania pero la CELAD la cubrió con una autorización retroactiva). 

En principio, la fiscalía de Madrid ha apoyado siempre a Terreros y la CELAD. El segundo de la Agencia, por ejemplo, se sentará en el banquillo en contra del criterio de la fiscalía. Pero la ironía es que lo hacía en casos en los que Terreros había hecho lo opuesto a lo que le llega ahora. Si entonces tramitó casos con un solo agente, ahora es ver los que dejó en un limbo.