La Fiscalía mantiene su petición de veinte años de cárcel para Rodrigo de Santos por un delito continuado de abusos sexuales contra un hombre y cinco por una agresión sexual contra otro, ambos usuarios de una ONG donde el expolítico del PP fue contratado y ascendido a responsable de las casas de acogida para presos de permiso. En la última sesión del juicio, el Ministerio Público también ha mantenido la acusación de responsable civil subsidiaria para Horizontes Abiertos-Padre Garralda, la ONG próxima al PP que contrató e hizo responsable de las casas de acogida al que fuera teniente de alcalde de Palma, condenado en el pasado por abusar sexualmente de dos menores, amigos de sus hijos.
La fiscal ha expuesto en sus conclusiones el “prevalimiento” que se produce en los hechos, esto es, el poder que el acusado ejercía sobre la víctima y del que se habría servido para cometer las violaciones. De Santos habría amenazado a sus víctimas con retirarles el aval de la institución y comprometer sus permisos penitenciarios al informar en contra a Instituciones Penitenciarias. “Ha quedado más que acreditado el poder de Rodrigo en la institución incluso después de irse”, ha expuesto la fiscal apoyándose en el testimonio de varios extrabajadores que durante la vista han denunciado el trato “humillante” que Rodrigo de Santos comenzó a dispensar a compañeros y usuarios desde el mismo momento en que dejó de ser voluntario y fue contratado, después ascendido, por la ONG, con un patronato repleto de políticos del PP.
La representante del Ministerio Público considera creíble el testimonio de la principal víctima, que habría sido obligado por el acusado a dejarse practicar felaciones para que luego le penetrara en siete ocasiones, siempre en dependencias de la ONG. Seis de esas supuestas agresiones sexuales fueron en el despacho de De Santos, en una planta distinta a las habitaciones de los internos, y una en el baño de otra de las casas de acogida, según la acusación. “Si fuera un relato construido o inventado, por qué iba a añadir otro escenario distinto”, ha expuesto la fiscal.
“Un modus operandi clavado” a las violaciones a niños por las que fue condenado
La Fiscalía ha puesto de manifiesto que el acusado ha asegurado durante la vista ser “sexualmente activo” cuando la Audiencia Provincial de Palma le condenó por haber logrado que un niño de 13 años le penetrara después de practicarle una felación. A estos hechos probados se ha referido la acusación particular al asegurar que en el caso que se juzga, Rodrigo de Santos habría seguido “un modus operandi clavado”.
La representación de la víctima, que ejerce el despacho Red Jurídica, ha denunciado presuntas falsedades en varios episodios del testimonio de Rodrigo de Santos, como cuando intentó defender que coincidió su turno involuntariamente con las noches que la víctima pasaba en la casa de acogida, mientras que trabajadores de la ONG han negado que De Santos ofreciera los turnos y han asegurado que se los reservaba expresamente. La acusación de esta víctima solicita 94 años de cárcel para De Santos por las siete violaciones. La representación del otro joven, supuesta víctima de los abusos, pide la misma pena que la Fiscalía.
Rodrigo de Santos ha negado las agresiones sexuales durante el juicio y se ha limitado a reconocer las “insinuaciones” a una de las víctimas que, por otra parte, están acreditadas por mensajes de whatsapp obrantes en el sumario. Su defensa se ha centrado en destacar las diferencias y supuestas contradicciones entre las distintas declaraciones de las víctimas, sobre todo, la de las siete presuntas violaciones, y en que el cuestionable, a su entender, testimonio es el único indicio contra su representado. El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha dicho: “Mi impresión es que estoy sentado aquí por una sola razón: mis antecedentes políticos y penales”.
Según la defensa, que ejerce el despacho del exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach, se trata de un testimonio inventado al que se sumó la segunda víctima por intereses espurios. La principal víctima quería vengarse del informe negativo que Rodrigo de Santos habría presentado contra él a Instituciones Penitenciarias el mismo día en que el expolítico informó en contra del aval por parte de la ONG.
En esta última y tercera jornada del juicio han comparecido dos equipos de peritos, los de la acusación para defender su pericial, y los de la defensa para exponer su contrapericial. Los peritos de la acusación han defendido que si el testimonio de la víctima principal difiere en algunos puntos en unas declaraciones y otras no hace sino refrendar su credibilidad: si fuera inventada siempre hubiera sido la misma, han defendido.
Los peritos de la defensa han defendido que el acusado, que solo cumplió cinco años de cárcel por los abusos a menores, demuestra “un alto nivel de empatía” y es una persona “con moral”. Así han vinculado los abusos a menores a la adicción a la cocaína que consideran que el acusado ya había superado cuando se produjeron los hechos por los que se le acusa.
La representación de la ONG ha defendido que tomó medidas en cuanto supo de la detención de Rodrigo de Santos, aunque no había reaccionado a la denuncia de las víctimas, y ha añadido que el caso ha motivado una remodelación en los protocolos para actualizarlos, desvinculando a los actuales responsables de la fundación que rige la ONG de los hechos ocurridos cuando De Santos era responsable de las casas de acogida.