La Fiscalía mantiene la petición de cinco años de cárcel para Luis Bárcenas en el juicio que se viene celebrando desde el pasado febrero en la Audiencia Nacional por los usos que el Partido Popular hizo del dinero que su caja B. El fiscal Antonio Romeral —que fue designado este martes 'número dos' de Anticorrupción— ha elevado a definitivas las principales conclusiones de su escrito de acusación provisional y mantiene la citada petición de cárcel por los delitos de apropiación indebida, delito fiscal y falsedad documental para el que fuera gerente y tesorero del partido conservador. Está previsto que este jueves las partes den lectura de sus informes.
De esta forma, el Ministerio Público no tiene en cuenta la “confesión” que Bárcenas realizó por carta días antes de comenzar el juicio ofreciéndose a colaborar con la Justicia, una predisposición que se ha encontrado desde el principio con la desconfianza de la Fiscalía. Así, el pasado 8 de febrero, después de que el PP acusara al Ministerio Público de pactar con el acusado para perjudicarle, Anticorrupción hizo pública una nota en la que rebajaba la importancia del ofrecimiento de Bárcenas y lo atribuía en exclusiva a la iniciativa del extesorero. El carácter remiso de la Fiscalía al ofrecimiento de Bárcenas se confirmó también durante esta vista, en la que Romeral llegó a poner en duda los papeles de Bárcenas cuestionando la credibilidad de algunas anotaciones, pese a ser la prueba sobre la que se apoya la misma causa y que ha sido validada por sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Según ha explicado este miércoles ante la Sala, el fiscal únicamente modifica sus conclusiones introduciendo una atenuante por la reparación del daño para Unifica, la empresa de arquitectura que hizo las reformas de la sedel PP, por haber realizado el pago de la responsabilidad civil que preveía Fiscalía. “Apreciamos así atenuante con la repercusión que tiene en la penalidad”, ha explicado el fiscal Romeral. También ha indicado que, a raíz de la prueba practicada, ha suprimido algunos de los hechos como constitutivos de delito, si bien ha adelantado que estas modificaciones no afectan a la responsabilidad penal de los procesados.
También mantiene la petición de 18 meses de cárcel para Cristóbal Paez, que trabajó en el PP entre 2004 y 2010 y fue sucesor de Bárcenas al frente de la gerencia de la formación. Para él reclama la citada pena de prisión como cómplice del delito de falsedad en concurso con otro contra Hacienda; delitos por los que también acusa en condición de autores a Gonzalo Urquijo y Belén García, para los que pedía tres años y 10 meses de cárcel. Solicita además que todos ellos paguen conjuntamente 194.503 euros de indemnización por el delito fiscal del que les acusa, más los intereses de demora y considera tanto a Unifica, la empresa que realizó las obras, como al PP, responsable civil subsidiario de dicho importe.