La Fiscalía urge más medios para luchar contra el yihadismo y la corrupción

La Fiscalía pide un aumento en las plantillas de fiscales y más medios para luchar “con garantías, rigor y eficacia” contra el terrorismo yihadista, una reivindicación que también urge Anticorrupción, en una situación de “apabullante penuria” y “anclada en la prehistoria” de las nuevas tecnologías.

Es una de las principales reclamaciones que la Fiscalía General del Estado destaca en su memoria de 2016, presentada hoy por el fiscal general José Manuel Maza en la apertura del año judicial que ha presidido el Rey en el Tribunal Supremo.

Una memoria en la que sitúa el yihadismo como la mayor amenaza para la libertad “ahora más que nunca” porque los terroristas quieren actuar “en casa”, es decir, en zona europea, y en la que subraya la “especial relevancia” que ha cobrado en los últimos años los complejos asuntos judiciales relacionados con la corrupción.

Respecto al terrorismo yihadista, las investigaciones -un total de 168- superaron en 2016 por primera vez a las relacionadas con ETA -176- en la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de estos casos, que lamenta no se hayan nombrado más fiscales especializados pese a las “reiteradas” reclamaciones.

“La plantilla actual de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es manifiestamente insuficiente para poder abordar con garantías, rigor, dedicación y eficacia las amplias funciones que desempeña”, afirma el apartado de la memoria dedicado a este tribunal y firmada por su nuevo fiscal jefe, Jesús Alonso, que pide su aumento en 4 plazas.

Situación similar expone la memoria en su apartado dedicado al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado año abrió 51 procedimientos nuevos, mientras que los escritos de acusación pasaron de 47 a 59.

Anticorrupción se queja también de que a pesar de su creciente carga de trabajo y de la complejidad de los asuntos que aborda, está “anclada en la prehistoria en el apartado de las nuevas tecnologías”, a la vez que reitera una “evidente” escasez de plantilla, más aún ante “el auge paulatino de los macroprocesos” que ha ido “estrangulando” su capacidad operativa.

Por otra parte, la memoria de la Fiscalía General del Estado se presenta con características “singulares” y cuyos datos estadísticos deben analizarse “con cautela”.

Según advierte, en 2016 ya estaban en vigor las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, no puede aún establecerse un análisis comparativo completo de la evolución de la criminalidad respecto a 2015.

Con todo, como consecuencia de la reforma procesal, la fiscalía subraya la “significativa caída” del 51 por ciento en la apertura de diligencias judiciales, al pasar de 3.649.253 a 1.792.326, y del descenso de las incoaciones de los delitos leves en relación con las faltas.

La memoria también se fija en el impacto de la limitación de los plazos máximos de instrucción que, de momento, no ha conseguido agilizar la tramitación de asuntos pendientes y cuyos tiempos medios de instrucción siguen siendo similares a años anteriores.

Y pese a que la memoria no establece este año comparativa estadística con respecto a la evolución de los delitos, sí que constata un cambio. En 2016 el mayor número de incoaciones se debió a delitos contra la vida y la integridad, un 32 por ciento del total, mientras que un año antes fueron los delitos contra la propiedad los que acapararon casi la mitad de las diligencias previas abiertas.

La Fiscalía explica esta circunstancia en la modificación de la LECrim que, con carácter general, establece que las fuerzas de seguridad no tengan que remitir a juzgados ni a ministerio fiscal los atestados sin autor conocido.

Respecto a las calificaciones de los fiscales, la mayor parte, un 35 por ciento, lo fueron por delitos contra el patrimonio y un 10 por ciento estaban relacionados con la seguridad vial, principalmente por conducción bajo los efectos del alcohol.

Los delitos contra la vida y la integridad física supusieron el 12 por ciento de las calificaciones y las infracciones penales contra la Administración de Justicia el 8 por ciento, en su gran mayoría por quebrantamiento de condena y medidas cautelares, en tanto que la violencia familiar representó el 7 por ciento.