La Fiscalía Superior de Catalunya ha convocado a los máximos responsables operativos de Mossos d'Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil este martes a las 11:30 horas para trasladarles la instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre el modo en que deben actuar las tres Fuerzas de Seguridad del Estado ante la convocatoria de referéndum el 1 de octubre, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
Fuentes jurídicas han informado de que el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero Álvarez; el general de División de la Guardia Civil y jefe de la comandancia de Catalunya, Ángel Gozalo Martín; y el jefe superior de Policía en la comunidad autónoma, el comisario Sebastián Trapote, fueron contactados telefónicamente el pasado viernes.
Ese mismo día, eldiario.es había desvelado el contenido del borrador de la instrucción redactada por la Fiscalía General del Estado ante el 1-O. Los tres mandos tienen a sus órdenes a miles de agentes en funciones de policía judicial, esto es, a las órdenes de un juez.
“Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, elementos informáticos y análogos, conforme a las previsiones del artículo 770.3ª LECrim”, dice ese borrador.
Ese texto iba dirigido a los mandos de las unidades de mossos, policías y guardias civiles, a los que alecciona contra los actos que se efectúen en sus demarcaciones “por autoridades o funcionarios provinciales o locales” y en los que sean ayudados “por particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación”.
Esos hechos, recuerda la instrucción de la Fiscalía, pueden ser constitutivos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, castigado éste último con hasta ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta.
El borrador de la instrucción también recuerda que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto del Ministerio Fiscal indican que los miembros del Ministerio Público están facultados para “dar órdenes e instrucciones” a los miembros de la policía judicial, sean policías, guardias civiles o mossos d’Esquadra.