La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la investigación que abrió el pasado diciembre sobre el contenido de las conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado El Chat de la XIX del Aire en el que varios altos mandos del Ejército retirados vierten amenazas de muerte y anhelos de golpes de Estado.
A juicio del Ministerio Público, esos mensajes no son constitutivos de un delito de discurso de odio porque fueron expuestos en un chat “privado” en el que sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos” y sin que exista voluntad alguna de publicitarlos fuera de ese ámbito o de “promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia” hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo vulnerable.
En dicho foro de Whatsapp, cuyo contenido fue adelantado por infoLibre, exmilitares de la XIX promoción de la Academia General del Aire se referían a “pronunciamientos” y un general de división retirado, Francisco Beca, hablaba de fusilar a 26 millones de “hijos de puta” y se refería a Franco como el “irrepetible”. En este chat también se gestó una de las cartas enviadas al rey a finales de 2020 en la que se ponían a su disposición ante el “deterioro” del país a manos del Gobierno.
El Ministerio de Defensa requirió al Ministerio Público que indagara en la “eventual relevancia penal” de esas manifestaciones y para “salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran”. Esos comentarios fueron realizados por militarse que pasaron al retiro hace muchos años, “algunos hace más de 40 años”, por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva, recuerda la Fiscalía.
El fiscal no ha podido tener acceso al contenido completo del chat al tener carácter privado, según comunicó la Brigada Provincial de Información. Sí ha acreditado la veracidad de los mensajes publicados que, a su juicio, “constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno” y que enmarca dentro de una crítica “dura” protegida por el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Aunque afirma que los términos utilizados pueden calificarse de “inapropiados, excesivos y desafortunados”, entiende que no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que ve en ellos “una forma de expresar un descontento con la situación política actual”.