La Fiscalía ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid para que ponga orden en la “deriva procesal” que el juez Juan Carlos Peinado incurre en el caso contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El Ministerio Público ha presentado un recurso ante la instancia superior al magistrado porque considera que Peinado está ignorando los límites que la propia Audiencia Provincial le impuso en la investigación, que está dando una dimensión “amplísima” a la causa sin aclarar sus verdaderos motivos y que actúa continuamente a través de “generalidades”, con una “falta de concreción” que impiden a la investigada ejercer “una defensa digna”. La Sección de Delito Económicos habla ya de “causa general” contra Gómez.
En su escrito, de 11 páginas, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía provincial expone el cúmulo de contradicciones en la instrucción de Peinado. Por ejemplo cuando ha informado de que amplía la investigación que abrió a partir de una denuncia de Manos Limpias al contenido de otra querella interpuesta por Hazteoír. El juez lo hace, explica el fiscal, pese a que en otro punto reconoce que los hechos son los mismos y que la querella de Hazteoír se acumula, por esta razón, a su investigación inicial, lo que resulta incompatible con una ampliación.
El fiscal solicita a los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que reiteren a Peinado lo que ya expresaron en un auto anterior, en el sentido de que solo los contratos que investiga la Fiscalía europea (y no el juez) revisten indicios de delito y que la supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa se basa en “conjeturas”.
La instrucción del juez Peinado, insiste el fiscal, “no se adapta a los parámetros” impuestos por la Audiencia Provincial “ni tampoco se comprenden ni justifican las diligencias que se acuerdan, ni el criterio decisor respecto de cuáles son los contratos analizados ni finalidad”. “No apreciamos –continúa– la existencia de un hilo conductor racional en las diligencias acordadas”.
El fiscal de Delitos Económicos plantea una duda sobre los verdaderos motivos del juez para “ampliar la instrucción a escenarios y tiempos amplísimos” y pide a la Audiencia Provincial de Madrid que advierta al juez sobre el incumplimiento de la resolución que la propia instancia superior dictó y que le precise los hechos a los que tiene que ceñirse su instrucción.
Segundo informe exculpatorio de la UCO
El escrito de la Fiscalía revela asimismo la existencia de un segundo atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que la policía judicial concluye que los contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés “se han desarrollado con normalidad y bajo los principios que rigen los criterios de la contratación pública”. Ese atestado lleva fecha del pasado 2 de julio. En esta línea, el fiscal reprocha que el juez haya ordenado nuevas diligencias para insistir en la acusación de Manos Limpias pese a las conclusiones de los dos informes de la UCO, como son las requeridas a la SEPI o a la Intervención del Estado.
Entre la ampliación de la investigación que está realizando el juez y que cuestiona la Fiscalía está las citaciones de los responsables de la Universidad Complutense, el centro que albergaba la cátedra que dirigió Begoña Gómez y en la que participó el empresario Barrabés. La citación del rector Joaquín Goyache el pasado viernes, en la misma jornada que la declaración de Gómez, representan un ejemplo del descontrol de la causa, según el fiscal. “Ignorábamos sobre qué hechos va a prestar declaración ni su relación con la causa, más allá de las que podamos tener por noticias periodística. Pero es una muestra más de la amplitud, generalidad y falta de concreción en la imputación de hechos delictivos concretos”, recoge el recurso.
En este sentido, el fiscal advierte de algo que viene sucediendo en la causa: el juez Peinado ordena diligencias pero no explica por qué. “Más tarde se han unido documentos de la Universidad Complutense (de los que no teníamos conocimientos cuando depuso el rector) y realizado iniciativas de acusaciones populares al respecto, si bien sigue sin existir resolución judicial respecto a la eventual ampliación o ponderación de las alegaciones que se realizan”, explica el fiscal de Delitos Económicos.