La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que permita al Senado votar la reforma sobre su renovación, pero que antes aparte del pleno a dos magistrados afectados directamente por la modificación legal. El Ministerio Público entiende que el pleno impuso la medida cautelarísima que pedía el PP con demasiada prisa, muestra su temor a que establezca un precedente y que, además, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez deben ser apartados de la decisión. Esto dejaría en mayoría al sector progresista, que defiende que el Senado debe poder votar.
La renovación de estos dos magistrados, pendiente desde junio, depende del Gobierno y la reforma que se tramita pretende desbloquear precisamente su recambio y el de los dos dependientes del CGPJ. Esto, para la Fiscalía, les impide formar parte de las deliberaciones. Habla la Fiscalía de una “incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria” y la incidencia automática de esa norma en su situación personal y profesional es “objetivamente incuestionable” según su escrito.
[[ACTUALIZACIÓN: La mayoría conservadora en el Constitucional rechaza de nuevo que el Senado pueda votar la reforma sobre su renovación]]
Esto, señala la Fiscalía, es “un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática viene invocando, como factor esencial, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del propio Tribunal Constitucional”. Además, considera que la queja del Senado está correctamente fundada y que la decisión se ha tomado con premura, sin existir precedentes y alerta incluso del peligro de que se establezca algún tipo de precedente.
Los magistrados examinan esta tarde la decisión que tomaron, por mayoría de seis contra cinco, el lunes de esta semana. La mayoría conservadora del pleno, después de que dos magistrados rechazaran su propia recusación, decidieron estimar las medidas cautelares solicitadas por el Partido Popular y suspender inmediatamente la tramitación de la reforma. Una reforma con la que el Gobierno pretende superar el bloqueo impuesto por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial y cambiar el sistema de mayorías para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a sus dos magistrados del Constitucional. Ayer fue el último episodio de este bloqueo de los ocho vocales rebeldes.
La mayoría conservadora entendió, en primer lugar, que la recusación planteada por Unidas Podemos no debía ser, ni siquiera, admitida a trámite al entender que todavía no estaban correctamente personados en el caso. Después entendió también, con un voto de diferencia, que había que aplicar las medidas cautelarísimas dando un plazo de 10 días a las partes y la Fiscalía a informar al respecto.
Crisis política e institucional
El Senado anunció el acatamiento inmediato del auto del Constitucional y suspendió la tramitación de la reforma legal en lo que afectaba a las enmiendas recurridas por el PP. Todas las intervenciones de miembros del Gobierno central han apuntado al carácter “inédito” de la decisión del tribunal de garantías, apuntando al Partido Popular por su maniobra judicial y también al bloqueo a renovar las instituciones desde hace cuatro años en el caso del CGPJ.
Pedro Sánchez definió la situación como un “choque institucional grave” y anunció que “conforme a la ley y la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional”. El ministro Félix Bolaños, pocos minutos después de conocerse la decisión del tribunal en la medianoche del lunes, también vislumbró un “conflicto” entre quienes “incumplen” la Constitución desde hace cuatro años, en alusión al PP de Alberto Núñez Feijóo.
Un Partido Popular que se ha lanzado a celebrar la decisión del Constitucional. “El Tribunal Constitucional no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha amparado a los diputados del PP”, aseguraba la dirección de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado también poco después de conocerse la decisión.
Una medida “desproporcionada” para el Senado
El pleno ha sido convocado de urgencia esta mañana después de que el Senado se personara en la causa y presentara una impugnación contra las medidas cautelarísimas. Un escrito en el que la letrada jefe de la cámara alta calificaba de “desproporcionada” la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, asegurando que la medida ocasiona una “perturbación de la máxima gravedad” a que el poder legislativo “pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas”.
Este recurso, interpuesto esta misma mañana, también acusa a la decisión del Constitucional de ocasionar “una perturbación particularmente grave en los derechos fundamentales de todos los senadores y de la mayoría de los diputados”. Si la tramitación de la reforma de urgencia, a través de enmiendas, ha vulnerado derechos parlamentarios del grupo del PP eso podrá “en un futuro, declararse mediante sentencia con efectos declarativos”, dice el Senado. Pero esta adopción de medidas cautelarísimas, reprocha por último la cámara alta, “adelanta cuestiones controvertidas propias del fondo del recurso de amparo, anticipando así la decisión sobre el mismo”.
Otros dos escritos interpuestos pocas horas del pleno han llegado desde Unidas Podemos. En uno de ellos, el grupo parlamentario ha insistido en la recusación de Pedro González-Trevijano y de Antonio Narváez en caso de que ellos mismos decidan no abstenerse en el procedimiento. En un segundo escrito, Unidas Podemos solicita que se levanten estas medidas cautelarísimas y que las enmiendas puedan seguir tramitándose.
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