La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad sin fianza al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. Ha rechazado así a las medidas cautelares que ha solicitado el fiscal Pedro Rubira al término de la declaración, que reclamaba libertad pero con una fianza de 50.000 euros.
Según ha informado la Fiscalía a través de un comunicado, se ha solicitado esa fianza “debido a la agravación de la situación procesal” de Trapero, al que recuerda que se le imputa un nuevo delito de sedición. Añaden que en su declaración ha aportado nuevos datos, como algunas reuniones con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y con el exconseller de Interior, Joaquín Forn. Su defensa, por el contrario, sostiene que ya se informó en un escrito de diciembre de esos encuentros.
Según la abogada de Trapero, en esas reuniones, que tuvieron lugar el 26 y el 28 de septiembre —en las que estaba también presente el exvicepresident Oriol Junqueras—, se trasladó la preocupación por la seguridad ciudadana en el 1-O, así como el malestar con algunas afirmaciones públicas en la línea de que los Mossos iban a facilitar y promover el referéndum. Trapero dijo que esta no era la intención de los Mossos, que la policía autonómica estaba al margen del 'procés' y que se iban a limitar a cumplir el mandato judicial. Según la defensa de Trapero, en ningún momento durante esas reuniones se propuso a Carles Puigdemont que suspendiese el referéndum.
Para la Fiscalía, la declaración de Trapero supone que carga la responsabilidad en la cúpula política de la Generalitat pero eludiendo la suya propia. En la Fiscalía sostienen que Trapero siguió las órdenes de Joaquim Forn y que por eso se comunicó en varias ocasiones a Jordi Sánchez.
Según el Ministerio Público, Trapero no ha podido justificar que el cierre de los colegios que hicieron los Mossos fuese realmente efectivo. Tampoco ha podido acreditar que recogiesen listas de votantes o que requisasen material electoral
Esas reuniones habrían tenido como objeto coordinar el operativo policial para el referéndum del 1-O. Según la Fiscalía, Trapero había ocultado hasta este momento esas reuniones sobre el referéndum, una votación sobre la que el exmayor de los Mossos “no llevó a cabo ningún intento de impedir su votación”.
Según el auto de Lamela, la Fiscalía ha pedido la fianza también por el riesgo de que Trapero oculte o destruya nuevas pruebas. La jueza desestima esos argumentos y las medidas del ministerio público porque Trapero, recuerda, “ha venido cumpliendo escrupulosamente con las medidas que le fueron impuestas” en su primera comparecencia, en referencia a las comparecencias quincenales.
A pesar de que conoce la nueva imputación que se le hace, y que esos hechos pueden calificarse como un delito de organización criminal, “ha comparecido ante este juzgado en el día de hoy”, añade Lamela.
Además, la jueza asegura que Trapero podía “intuir” que la Fiscalía iba a pedir medidas cautelares contra él “al haberse hecho eco ya de ello algunos medios de comunicación”, y a pesar de ello ha acudido a prestar declaración. Lamela añade que hay que tener en cuenta que ya no ostenta el cargo de mayor de los Mossos, lo que dificulta que destruya nuevas pruebas.
Un nuevo delito de sedición por el 1-O
Trapero ha llegado a la Audiencia Nacional minutos antes de las 9.00 horas. Al contrario que en otras ocasiones, el exmayor de los Mossos no ha contado con apoyo de diputados y otros concentrados, como sí ocurrió durante sus anteriores declaraciones. En la última se le impuso la retirada del pasaporte y comparecencias cada 15 días.
La jueza Lamela citó a Trapero para este viernes bajo un nuevo delito de sedición. En el auto asegura que la conducta de la policía autonómica bajo las órdenes de Trapero durante el 1-O “fue de total inactividad” aunque estuviese enmascarada “bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad”.
Lamela apunta también a un plan premeditado “para obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”. Apunta directamente a Trapero al afirmar que tuvo como objetivo era “facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales”. La magistrada insinúa que la conducta del exmayor podría calificarse en el futuro como constitutiva de un posible delito de organización criminal.
Trapero ya estaba imputado por un delito de sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre en la Consellería de Economía, donde una protesta en la calle dificultó una operación policial contra los preparativos del referéndum. Los agentes acusaron a los Mossos de pasividad ante los manifestantes, que impidieron la salida de la comitiva judicial.
Esta nueva citación se produjo poco después de la declaración como testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Aseguró que la actuación de los Mossos durante el referéndum había estado encaminada a garantizar que se produjese. Es evidente, dijo, ques Trapero “intento dar apariencia de cumplimiento del mandato judicial, pero su ejecución evidenció su verdadera voluntad de incumplir las ordenes judiciales”. Además, le situó dentro de una cúpula en la Consellería de Interior, junto con Forn y Pere Soler, cuyas acciones se destinaron a que los Mossos facilitasen el 1-O.
La magistrada citó también para este viernes al su sustituto de Trapero al frente del cuerpo policial autonómico tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferran López, aunque en este caso lo hace en calidad de testigo.