La Fiscalía Provincial de Madrid ha concluido de forma provisional que la muerte del joven Diego Martínez como consecuencia de los dos disparos que efectuó contra él un guardia civil debe ser castigada con una pena de multa porque se trata de un homicidio imprudente en su calificación menos grave. Diego sufría un brote psicótico cuando se enfrentó a una docena de agentes blandiendo dos pequeñas navajas la noche del 27 de septiembre de 2020 en la localidad madrileña de Manzanares el Real.
El Ministerio Público valora en su petición de condena para el agente que los dos disparos que efectuó fueron realizados tras otros cuatro al aire que habían realizado dos compañeros del guardia y que “no sirvieron para disuadir” a Diego. “No se desprende que constituya la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debía controlar el mismo [agente]”, concluye la Fiscalía, si bien añade que el guardia omitió “toda la diligencia exigible en su actuación policial”, concluye la fiscal tras citar jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El joven fallecido, de 26 años, sufría un trastorno psiquiátrico que le llevaba, por temporadas, a deambular de un sitio para otro. Aquel día de septiembre estaba en Manzanares, pese a que su familia no reside allí. Unos policías municipales le pidieron que se pusiera la mascarilla, obligatoria entonces, y él se alteró. Los agentes le dejaron para que se calmara pero alguien había llamado ya a emergencias y una pareja de la Guardia Civil acudió al lugar. Ante la actitud agresiva de Diego terminaron por ser una docena los agentes desplazados para reducirlo.
Los guardias aseguran que Diego atacó al agente que realizó los disparos mortales después de amenazarles con que les iba a matar. Dos testimonios, cuya veracidad descarta la Fiscalía, aseguraron que Diego huyó por un lateral del semicírculo que los agentes habían trazado frente a él y que fue en la huida donde se produjeron los disparos. Un informe del Laboratorio de Criminalística situó los tiros a un metro y medio de distancia aproximadamente, una vez analizadas las ropas de Diego y los orificios de entrada que dejaron en ella las balas. Sin embargo, otro de Balística ampliaba la distancia de los disparos a 2,6 metros, lo que pondría en mayor duda que la víctima se hubiera abalanzado sobre el guardia civil cuando este disparó.
Un juez de Colmenar Viejo archivó la causa en dos ocasiones al considerar que los agentes hicieron un uso proporcional de la fuerza. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le obligó en ambas a reabrir las pesquisas. En la última, la Sección 30ª ordenó al instructor que enviara a juicio al guardia civil, tal y como le pedía la acusación particular con la adhesión de la Fiscalía.
La fiscal del caso solicita que se condene al guardia civil investigado, un agente de 28 años en el momento de los hechos, por el artículo 142.2 del Código Penal, que castiga un delito de homicidio por imprudencia menos grave. La pena es de multa de entre 3 y 12 meses y no conlleva inhabilitación.
Los padres de Diego, por una parte, y sus hermanos, que ejercen otra de las acusaciones, atribuyen al agente un delito de homicidio imprudente, pero en su modalidad grave, y piden cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación. El agente alcanzó a Diego en las piernas, pero la gravedad de las heridas causó al joven un shock hipovolémico consecuencia del cual falleció dos días más tarde en el Hospital La Paz.
La familia de Diego cree que un número tan elevado de agentes podían haberle reducido sin necesidad de disparar contra él. Utilizaron las armas de fuego, recoge el escrito de su representación, pese a que eran 12 agentes con defensas extensibles frente a un individuo con una navaja multiusos de seis centímetros de hoja y otra de medio centímetro más de longitud. “Nadie llamó a un dispositivo de salud mental pese a la evidencia de encontrarse ante un enfermo con un brote psicótico”, añade.
“Un chaval brillante en un momento difícil”
Diego comenzó a sentirse mal en la adolescencia a raíz de una enfermedad que superó, pero que le marcó psicológicamente. Los ingresos hospitalarios se sucedían y a los 19 años fue detenido por malos tratos. Seis años después, un juzgado de Madrid dictó una orden de alejamiento respecto de una chica con la que había mantenido una relación. Su enfermedad hacía imposible que encontrara trabajo pese al talento que demostraba en el diseño gráfico.
La noche de los hechos estaba en la localidad madrileña de Manzanares el Real. Como hacía a menudo, Diego deambulaba de un sitio para otro y dormía en pensiones, pese a no proceder de un ambiente desfavorecido. Su familia se volcaba en que tomase la medicación pero, por temporadas, el control de Diego, mayor de edad, se tornaba imposible.
La familia del fallecido le describe como un chico muy sociable, “rodeado de amigos”, pese a la enfermedad mental que sufría. Uno de esos amigos ha dicho a elDiario.es: “Diego atravesaba un mal momento pero era un chaval brillante con un corazón enorme. No merecía ni mucho menos lo que le pasó. Es necesario que se conozca lo que sucedió, sobre todo, para que no vuelva a suceder”.