La Fiscalía pide rechazar una querella de Vox sobre contratos COVID del Gobierno basada en “meras conjeturas”

La Fiscalía ha pedido al juzgado 26 de Madrid que archive la causa abierta por una querella de Vox contra varios altos cargos del Gobierno. La querella, por la que han tenido que declarar el Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, apuntaba a medio centenar de contratos COVID para comprar material sanitario y sus posibles irregularidades. La Fiscalía contesta que las acusaciones de la ultraderecha están basadas en “meras conjeturas”.

La apertura de la causa fue consecuencia de una querella que Vox interpuso hace ahora dos años, apuntando a más de 50 contratos de compra de material entre marzo y abril de 2020 por un valor de más de 300 millones de euros. Los altos cargos querellados tuvieron que declarar en el juzgado el pasado mes de abril.

Ahora la Fiscalía combate las acusaciones de Vox y el hecho de que se haya llegado a abrir una causa. La querella, según el escrito presentado, se basa en “meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis”. El partido de Santiago Abascal, dice el Ministerio Público, ni siquiera concretaba “qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones”.

Una investigación así a petición de una acusación tan genérica, dice la Fiscalía, no es aceptable por “poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica”.

La querella y su desarrollo en el juzgado 26 de Madrid fue difundida por Vox a través de sus canales oficiales en el arranque de la investigación del caso mascarillas. “Gracias a VOX, un juzgado investiga a altos cargos del Gobierno por adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario”, decía la formación ultraderechista en su cuenta oficial de Twitter. Acusaron al Gobierno de adjudicar más de 50 contratos a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin publicidad y a empresas de “dudosa” existencia.

Es ahora la Fiscalía la que muestra sus reservas sobre el carácter genérico de la querella de Vox por una falta “total” de pruebas o indicios sobre esas acusaciones que afectan a más de 300 millones de euros. Recuerda, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas ya fiscalizó estos contratos y que ese informe “no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa”.

La decisión está ahora en manos del juzgado 26 de la capital, que recibió esta querella en 2020 y puso en marcha las declaraciones de los querellados en abril de 2022. Un juzgado del que es titular la magistrada Concepción Jerez, que recientemente ha tenido que ser obligada por la Audiencia Provincial de Madrid a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre. La misma Audiencia ha ordenado estudiar la recusación con la que el querellante, el cuñado de la expresidenta madrileña pedía que fuera apartada del caso.