La Fiscalía General del Estado ha cumplido la amenaza que mantiene desde hace semanas y se ha querellado contra los presuntos responsables de la declaración unilateral de independencia. José Manuel Maza ha enumerado los delitos por los que quiere responsabilizar a los principales impulsores de la declaración de independencia: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Maza ha aclarado que también perseguirá los delitos conexos a los anteriormente señalados y advierte que los miembros del Govern de Puigdemont serán citados a declarar, momento en el cual se podrá plantear la necesidad de aplicar medidas cautelares como el ingreso en prisión.
Con la presentación de la querella, la Fiscalía ha despejado también la incógnita sobre qué tribunal considera competente para juzgar estos delitos. Ha dividido la querella en dos: una en el Tribunal Supremo, donde se acusa a los aún aforados, y otra en la Audiencia Nacional, dirigida contra los miembros del Govern.
Así, Puigdemont, Junqueras y el resto del los consellers serán investigados por la Audiencia Nacional, mientras que Forcadell y los miembros de la mesa tendrán que defenderse ante el Tribunal Supremo.
En total, las querellas presentadas por la Fiscalía se dirigen contra un total de 20 personas, entre las que están todos Puigdemont, Junqueras, todos los consejeros y los miembros de la Mesa del Parlament. Ese listado incluye a Santi Vila, el exconseller de Empresas que dimitió el pasado jueves.
Maza ha informado de que se pide la declaración de todos ellos, y que entonces se pedirán medidas cautelares, aunque no ha aclarado cuáles. Además, la querella solicita que se imponga una fianza de 6,2 millones de euros a los investigados para “asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados”. La Fiscalía aclara que deberían abonarla de manera solidaria todos los querellados, los del Supremo y los de la Audiencia Nacional.
El fiscal general ha comunicado su decisión en una comparecencia sin preguntas en la que ha acusado a los exmiembros del Govern de haber producido “una crisis institucional” que terminó con la declaración de independencia, votada por el Parlament el pasado viernes.
La inclusión del delito de rebelión en la querella de Maza ha sido ampliamente discutido en ámbitos jurídicos al requerir ese tipo penal el uso de armas para su consecución.
El Supremo retrasa su decisión al martes
Los cinco jueces que integran la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo estudian ya la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra los miembros de la Mesa del Parlament que votaron a favor de tramitar la declaración unilateral de independencia.
Los jueces, citados este lunes a las 19.30 de la tarde, han decidido aplazar su decisión hasta este martes tras no llegar a un acuerdo. El ponente de esa decisión será el magistrado Manuel Marchena, que, en el caso de que acepte la querella, indicará quien es el magistrado que instruirá la causa.
En el caso de la Audiencia Nacional, la querella ha caído en manos de la magistrada Carmen Lamela, cuyo juzgado está de guardia. Lamela, instructora de la causa por sedición, decidirá ahora si une ambos casos, o si se investigan por separado por parte de otro juez. Esta decisión puede tardar algo más que la del Supremo.