La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto por el que el juez Manuel García Castellón acordó este martes pedir al Tribunal Supremo que asuma el caso Tsunami Democràtic e impute por terrorismo al expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont. En su escrito, el fiscal Miguel Ángel Carballo expone la “flagrante contradicción” en la que, a su juicio, incurre el magistrado al acordar ahora remitir la causa al Alto Tribunal cuando hace apenas dos semanas reconocía que no era “procedente” solicitar la imputación de los aforados porque era “necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos”.
Así, según Carballo, la remisión de la exposición razonada “viene a ser una suerte de reforma de oficio” del auto del pasado 6 de noviembre en el que ponía fin a la investigación de Tsunami Democràtic y ofrecía al expresident declarar voluntariamente. Un giro que, a juicio del fiscal, García Castellón realiza “sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados”.
En su escrito, el fiscal expone que ese movimiento va en contra de lo establecido en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas salvo la aclaración de conceptos oscuros rectificación de error material, “que no resulta ser el caso”.
García Castellón dio este martes un nuevo acelerón a la causa de Tsunami Democràtic –abierta desde hace cuatro años– y pidió al Supremo que asuma el caso e impute por terrorismo a Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas. Al ser eurodiputado, Puigdemont está aforado ante el Supremo, y antes de estar imputado formalmente, el Alto Tribunal debería enviar un nuevo suplicatorio a la Eurocámara, que debería volver a llevar a cabo el trámite parlamentario para autorizar la investigación sobre el expresident.
En su escrito dirigido al Alto Tribunal, el magistrado insiste, como ya hizo hace dos semanas en plenas negociaciones sobre la investidura, en situar a Puigdemont en un rol de liderazgo de Tsunami, pese a que ni la Guardia Civil ni la Fiscalía comparten este extremo. El Ministerio Público cuestionó en un duro recurso las tesis principales de García Castellón y pidió anular tanto la imputación por terrorismo como la inclusión en el caso de Puigdemont al basarse, a juicio del fiscal, en suposiciones y tergiversaciones. El juez no esperó a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviera el recurso y pidió al Supremo asumir el caso.