La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elevado este miércoles un escrito solicitando que se comunique a las Cortes la suspensión de los políticos presos que han obtenido sus actas de diputados y senador. El escrito señala que una vez que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Raúl Romeva hayan tomado posesión de sus escaños, “se comunique a la Mesa del Congreso y Senado que deben proceder a la aplicación inmediata del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” (LeCrim).
Esa comunicación supondrá, según el Ministerio Fiscal, “la suspensión de los mismos en el ejercicio de sus derechos y deberes como diputados y senador”.
En paralelo, también la recién electa presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha remitido este mismo miércoles un escrito al Supremo en el que solicita un informe sobre la aplicación a los cuatro diputados en prisión preventiva del mismo artículo de la LeCrim.
En una entrevista en Cadena SER, Batet ha declarado que el reglamento “es claro” en cuanto a este asunto y ha añadido que “todo indica” que los diputados catalanes presos serán suspendidos. Si bien, la presidenta de la Cámara Baja ha hecho un llamamiento a “respetar los tiempos”.
La nueva Mesa del Congreso tiene previsto reunirse este miércoles para fijar postura sobre la suspensión y, previsiblemente, solicitar un informe de los letrados de la cámara. Si antes de ese encuentro el Supremo decide atender al requerimiento de la Fiscalía, la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull, y del senador Raül Romeva podría ser inmediata.
Sobre la situación de Romeva, el presidente del Senado, Manuel Cruz, ha señalado que “no cree” que la Mesa de la Cámara Alta disponga antes de que termine la semana del informe solicitado a los letrados en cuanto a la supensión del senador catalán.
La decisión de la Fiscalía del Supremo se produjo el martes, minutos después de la tensa sesión de constitución del Congreso, en la que el método elegido por los diputados independentistas para acatar la Constitución ha sido puesta en cuestión por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Estas tres formaciones han anunciado que presentarán escritos solicitando la suspensión de los cuatro diputados en prisión. La petición de las tres formaciones podría ser estéril de producirse antes la orden directa por parte del Tribunal Supremo.