La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez Pablo Llarena que impute en la causa por rebelión a Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos d’Esquadra, y Josep María Jové, secretario General de la Vicepresidencia de la Generalitat y mano derecha de Oriol Junqueras.
En el escrito enviado al juez, la Fiscalía señala que su imputación “es absolutamente inexcusable en cuanto se ha acreditado la prestación de un aporte material muy significativo a los hechos investigados y su presunta participación en el núcleo central de los hechos que constituyen el objeto de esta causa especial”.
Además, la Fiscalía del Supremo reclama a Llarena que vuelva a tomar declaración como investigados a todos los miembros del antiguo Govern que ya declararon ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Según fuentes de la Fiscalía, es una decisión habitual cuando cambia el instructor de una causa y afecta a aquellos que se encuentran en territorio español.
Llarena asumió la investigación por rebelión contra los miembros del Govern cesado que se había iniciado en la Audiencia Nacional, pero Lamela se quedó con la investigación a Trapero y a su número 2, Teresa Laplana, por la actuación de los Mossos durante los incidentes en la Consellería de Economía en pasado mes de septiembre.
Durante esa operación policial fue detenido Jové, mano derecha de Junqueras. Se le intervino el documento Enfocats, considerado por los agentes como una suerte de hoja de ruta para la independencia, y una agenda en la que recogió todas las reuniones de los integrantes del Comité Estratégico, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Marta Rovira o Artur Mas, entre otros.
En el escrito enviado a Llarena, la Fiscalía también pide al magistrado que reclame al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) todas las actuaciones que sigue “relacionadas con todos los incidentes acaecidos con motivo de la celebración el 1 de Octubre del referéndum ilegal”, así como con su “la actividad preparatoria ejecutada por el Govern en orden a su realización y a la consecución de la independencia” con presunto uso de fondos públicos.
La Fiscalía cree que esas actuaciones “constituyen el núcleo central de la investigación que se sigue en esta causa especial”, por lo que deben ser incorporadas a la causa del Supremo. Reclama además las actuaciones obrantes en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, así como testimonio íntegro de todas las intervenciones telefónicas y del material informático incautado.
Por último, el escrito enviado al Supremo reclama a Llarena que pida a los Mossos d’Esquadra un informe sobre la entrega a patrullas de agentes de teléfonos móviles para su trabajo durante el 1 de Octubre.
A los agentes que “realizaron labores de vigilancia en los diferentes lugares donde se llevaron a cabo votaciones” se les entregaron “teléfonos móviles para la comunicación con sus respectivas Unidades y responsables”. La Fiscalía quiere conocer “las razones que motivaron el reparto de esas terminales y si se ha procedido de igual forma en otros acontecimientos electorales”. “También -añaden- los motivos por los que no se emplearon los canales habitualmente utilizados para mantener las comunicaciones ante eventos de esta naturaleza”.