La Fiscalía del Tribunal Supremo ha redactado un informe en el que ve indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la actuación de Alberto Casero durante su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press.
Este escrito, adelantado por El Español, se conoce después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Supremo a investigar al ahora diputado del PP, quien ha sido la mano derecha del hasta hace poco secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.
Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir “indiciaria responsabilidad penal” del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres.
Contrato al psicólogo
La exposición apunta que se ha acreditado a lo largo de la investigación que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales.
Según indica, Casero “no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género “a la que no le consta ninguna actuación” por parte de esta persona.
Recoge la exposición que, además, Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al ayuntamiento para que se las abonara.
Cámara de comercio de Perú
El escrito remitido al Supremo indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.
Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recuerda el escrito de la juez que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que ese contrato no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.
La exposición razonada recuerda que la Cámara de Comercio de Perú reclamó facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas por el consistorio ya que existía una nota de reparo del interventor
El 'popeye' de Trujillo
Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros.
Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.000 euros por otros costes, pero el ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.
También en 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado porque era un servicio periódico y previsible año tras año.
En el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El contrato una vez más fue menor cuando no podía ser así porque superaba los 15.000 euros y además era una prestación periódica. Al igual que ocurriera en otras ocasiones, la empresa acabó llevando a los tribunales al ayuntamiento para poder cobrar las facturas.
Tras detallar los hechos, la jueza Patricia Gutiérrez indicaba que podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa, y recordaba que éste suele sancionar supuestos en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente a voluntad de la autoridad. Pero a ese delito, el Ministerio Público suma el de malversación.
Apuntaba la magistrada que de las diligencias practicadas, que incluyen testificales y documental, se deriva la participación de Alberto Casero en los hechos en calidad de alcalde. Apuntaba que como tal participó en los contratos “omitiendo el procedimiento legalmente establecido”.