La Fiscalía de Madrid aprecia “una clara vinculación” entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la asociación Transparencia y Justicia, dedicada a ejercer la acusación popular en diferentes procesos y que salvó a Esperanza Aguirre de ser juzgada por un delito en relación con el incidente que protagonizó la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. El fiscal del ‘caso Nicolás’, Alfonso San Román, apoya la petición de Podemos para que la citada asociación sea expulsada de la pieza que investiga al comisario Villarejo por la grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI.
Esa vinculación entre el comisario y la asociación “inhabilita” a Transparencia y Justicia “para actuar con la finalidad de coadyuvar a la Administración de Justicia”, asegura San Román en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es. La iniciativa es apoyada igualmente por la representante de la Abogacía del Estado y la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que ejerce la dirección de la acusación popular y, como tal, da traslado a la petición de Podemos, que forma parte de esa acción popular. Resta que el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, decida sobre la petición de expulsión de Transparencia y Justicia.
En plena campaña electoral de las últimas elecciones municipales, la Audiencia de Madrid decidió instruir como falta, y no como delito, la fuga al volante de Aguirre el 3 de abril de 2014 por el centro de la capital. En su auto, la Sección Sexta rechazaba la falta de legitimación de la acusación particular para recurrir el archivo de la causa. Una legitimidad que sí tenía la acusación popular y que ésta renunció a ejercer. Esa acusación popular era ejercida por Transparencia y Justicia.
Los jueces de la Audiencia de Madrid fallaron que la instrucción practicada corroboraba, “a nivel indiciario”, que la huida de Esperanza Aguirre de los agentes de movilidad y de la Policía Municipal podría constituir “una infracción penal”, pero añadían que no podían entrar a resolver sobre el asunto porque “ninguna parte recurrente legitimada” lo había solicitado.
En la primera parte del proceso, el abogado que representaba a la asociación era Luis Gerez, contratado para el caso. El juez Carlos Valle archivó la causa contra Aguirre, pero Gerez recurrió y la Audiencia de Madrid le dio la razón. Unos días después de conseguir el objetivo para el que había sido contratado, el representante legal de Transparencia y Justicia David Macías prescindió de sus servicios. “Se me comunicó por teléfono, cobré y no tengo ninguna queja”, aseguró entonces Gerez.
A partir de ese momento, la representación de la asociación en la causa fue ejercida Macías, el mismo abogado que representa a Transparencia y Justicia en la pieza separada del Pequeño Nicolás. El plazo concluyó y no hubo recurso de la acusación popular. Aguirre todavía podía ser juzgada por una simple falta, pero la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno propició el archivo del caso al quedar suprimidas éstas.
El abogado y la web de la mujer de Villarejo
El letrado David Macías es administrador único de Desarrollos Empresariales Potes S.L. Esta sociedad está participada al 100% por Club Exclusivo, una de las empresas matrices del conglomerado empresarial del comisario Villarejo. Al mismo tiempo, Desarrollos Empresariales Potes es propietaria al 100% de Sensible Code SL, que a su vez posee la web Informacionsensible.com, la web que dirige la esposa de José Manuel Villarejo.
Constituida en 2005, Transparencia y Justicia comenzó denominándose Asociación para la Protección de los Inversores. Fue hasta mayo de 2011, mes en el que cambió de denominación y se dotó de unos estatutos tan ambiguos que igual sirven para ejercer fines “intrínsicamente vinculados” a conseguir la materialización de la justicia como para “instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones y desahucios”. Transparencia y Justicia también estuvo personada en el ‘caso Campeón’, por el que llegó a estar imputado el exministro socialista José Blanco.
Como secretario general de Transparencia y Justicia figura el también abogado Rafael Redondo. El letrado es apoderado de la firma Stuart & McKenzie Spain S.L, de la que fue administrador único el comisario José Manuel Villarejo Pérez, cargo que ahora ocupa uno de sus hijos.
Persecución al comisario Barrado
El Sindicato Profesional de Policía (SPP) informó este jueves del fallo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la suspensión que la Dirección General de la Policía acordó contra el comisario Jaime Barrado, el mando que investigó al comisario Villarejo en el caso de la doctora Elisa Pinto.
Uno de los expedientes abiertos a Barrado se basaba en la denuncia que dos abogados interpusieron contra el entonces comisario de Chamartín por obligar supuestamente a desnudarse a uno de ellos en su despacho. Con anterioridad, el TSJM ya había anulado provisionalmente el cese de Barrado, en una sentencia en la que apuntaba a un posible montaje por parte de los letrados.
Uno de esos abogados es David Macías. A pesar de las resoluciones del TSJM, por la vía de lo contencioso-administrativo, Barrado continúa imputado en un juzgado de lo penal de Madrid por los mismos hechos. El propio Macías incorporó a la causa una grabación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que el letrado telefonea al director de un periódico digital solicitándole una rectificación en nombre del comisario Villarejo.