Ciudadanos quiere reactivar cuanto antes el Pacto Antitransfuguismo aparcado desde 2010, año en el que su Comisión de Seguimiento se reunió por última vez con algunos partidos que ahora no existen y sin otros que aterrizaron posteriormente en la política nacional, como Podemos, Vox o la propia formación de Inés Arrimadas. El motivo de esta urgencia es lo ocurrido en los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Málaga, en donde dos concejales, que lograron sus actas bajo las siglas del partido, han decidido dejar su militancia y pasarse al grupo de ‘no adscritos’, propiciando con ello un cambio en el equilibrio de fuerzas de ambos consistorios. La dirección del partido ha reclamado a los dos ediles, sin éxito, que cumplan con la Carta Ética y Financiera que firman todos los cargos al inicio de su mandato, en la que se comprometen a devolver sus actas “si causan baja en el partido por cualquier motivo”.
En el caso de Málaga, el que ha dado un portazo a Ciudadanos ha sido el edil Juan Cassá, que el pasado mes de mayo anunció su marcha de Ciudadanos para pasarse al grupo de 'no adscritos“, con lo que queda en sus manos manterner o tumbar el pacto de Gobierno que el PP cerró precisamente con los dos ediles que logró en la municipales Ciudadanos. Ese acuerdo permitió al popular Francisco de la Torre seguir como alcalde de la ciudad. El caso tienen doble vertiente porque Cassá se ha pasado también al grupo de 'no adscritos' en la Diputación de Málaga, en donde la mayoría también va a depender de él. Para afianzar su fidelidad, el PP le ha nombrado portavoz del equipo de Gobierno y responsable de Relaciones con las Instituciones, lo que le ha convertido en el cargo mejor pagado de la provincia, ya que al sueldo de este organismo puede sumar dietas por asistir a los Plenos y a las comisiones municipales. En total, Cassá, según calculos de la oposición, recibirá unos ingresos de 90.000 euros anuales.
La rocambolesca operación ha sido considerada como un “escándalo” desde la dirección nacional de Ciudadanos, partido que, pese a todo, sigue manteniendo ambos acuerdos con el PP. Las dudas están en el papel que está jugando en toda esta historia el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. Porque mientras Madrid denuncia que se trata de un caso transfuguismo, en la dirección regional no parecen tenerlo tan claro.
El otro foco de rebelión está en Santa Cruz de Tenerife, en donde la hasta hace poco concejala de Ciudadanos, Evelyn Alonso, se ha pasado también al grupo de los 'no adscritos', desde donde acaba de apoyar la moción de censura impulsada por Coalición Canaria y el PP contra la alcaldesa socialista, Patricia Hernández a la que el partido de Arrimadas apoyaba. Gracias a su voto, ahora la alcaldía ha pasado a manos de José Manuel Bermúdez (CC).
El comportamiento de Alonso le ha valido su expulsión de Ciudadanos y que el vicesecretario general del partido, Carlos Cuadrado, cargara contra ella en su cuenta de Twitter acusándola de ser “una tránsfuga de manual” y pidiendo a los promotores de la censura que “rectificaran”, algo que no ha conseguido.
Esta situación ya la vivió Albert Rivera mucho más intensamente durante los años en los que Ciudadanos empezó su expansión nacional y logró aumentar notablemente su representación municipal. El antiguo sector crítico del partido llegó a cifrar los abandonos desde 2015 a 2017 en más de 200 concejales de los 1.527 que logró el partido en aquellas municipales. Como en los casos citados de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, la mayoría de esos ediles que se marcharon del partido o fueron expulsados no devolvieron el acta y se trasladaron al grupo de los 'no inscritos'.
Pese a las críticas que lanzan a los demás, Ciudadanos ha engrosado sus filas con dirigentes de otros partidos. Es el caso del actual consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que dejó en 2019 el PP –formación con la que llegó a ser presidente de la Comunidad tras la dimisión de Cristina Cifuentes–, después de que el líder de los populares, Pablo Casado, eligiera a Isabel Díaz Ayuso y no a él como candidato a la presidencia regional. Con las listas ya prácticamente cerradas, se marchó a Ciudadanos, partido por el que hoy es consejero en el Gobierno madrileño bajo la presidencia de su excompañera de partido.
O el de Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes de Castilla y León, también ex del PP, que fue fichada por Albert Rivera para intentar hacerse con el Gobierno autonómico en las ultimas elecciones. La operación no cuajó al ser descubierto el pucherazo que se fraguó en aquellas primarias que la enfrentaron al actual vicepresidente de la Junta y líder del sector crítico, Francisco Igea.
En 2016 el propio Rivera denunció ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo a varios concejales a los que había expulsado de sus filas y a los que pidió que se les declarara “tránsfugas” por haber contravenido las normas que impuso el partido respecto a los pactos postelectorales. Un año después, en abril de 2017, el entonces secretario general de la formación, José Manuel Villegas, volvió a solicitar una reunión del Pacto Antitransfuguismo para tratar de evitar que los cargos públicos que habían abandonado la formación “acaben beneficiando a otras formaciones políticas”.
Ahora la situación comienza a repetirse en la etapa de Arrimadas. Y en Ciudadanos han saltado las alarmas. Por ello el lunes de la semana pasada el portavoz adjunto, Edmundo Bal, anunció en rueda de prensa que había enviado una carta al PSOE y al PP para solicitarles una reunión “urgente” con el fin de reactivar el Pacto Antitransfuguismo y abordar cuanto antes esa “lacra” que todos los partidos han sufrido.
“El transfuguismo es una forma más de corrupción”, sentenció Bal, que opinó además que en medio de esta dura crisis sanitaria y económica “es el momento dar estabilidad a los gobiernos”, no de desestabilizarlos.
Según explican a esta redacción fuentes del partido, la idea es que tanto el PSOE como el PP se comprometan a evitar que un grupo municipal se “aproveche” de estas situaciones y propicie con estos “tránsfugas” mociones de censura en los ayuntamientos para desbancar gobiernos conformados con pactos al inicio de la legislatura, como ha pasado el otro día en Tenerife. “El transfuguismo, además de ser corrupción, es una forma de defraudar el voto de los ciudadanos”, incidió Bal. El PSOE aceptó la invitación de inmediato. Sin embargo, el PP, nada más recibir la carta, pidió al partido de Arrimadas que pospusiera unos días la reunión, al menos hasta que se celebraran las elecciones gallegas y vascas este domingo.
A Ciudadanos este retraso no le gustó mucho pero aseguraron que confiaban en “la voluntad” de los que son sus socios de gobierno tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, entre otras capitales. La nueva convocatoria se ha cerrado finalmente para este miércoles por la tarde, en el Congreso. El PP, que acude a regañadientes, enviará a la secretaria de Política Local, Raquel González. Los socialistas estará representados por Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial. Y Ciudadanos por José María Espejo-Saavedra, secretario general del grupo parlamentario, y el vicesecretario general del partido, Carlos Cuadrado.
Ante esta cita, el partido de Arrimadas ha adelantado que “con independencia de los acuerdos que se alcancen este miércoles, el compromiso de acabar con este tipo de comportamientos que adulteran nuestro sistema de representación debe manifestarse plenamente vigente y ser asumido por las distintas formaciones, de tal manera que impidamos desde ya mismo el que se produzcan cambios al frente de las alcaldías por la actuación de un tránsfuga”.
Un Pacto Antitransfuguismo sin actividad desde 2010
El Pacto Antitransfuguismo lo firmaron en el año 1998 las principales formaciones existentes entonces. Fue renovado en el año 2000 y, posteriormente, en 2006.
Sin embargo, su actividad ha sido escasa, por no decir nula. De hecho, la Comisión de Seguimiento, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se reunió por última vez en 2010. Tras las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 el Gobierno del PP planteó la necesidad de “actualizar” el acuerdo y ampliarlo para que se incorporaran, si así lo decidían, los nuevos partidos: Podemos, Ciudadanos y Vox.