Un informe sostiene que España “no tiene un problema de corrupción sistémica” a pesar de la percepción ciudadana
La corrupción es percibida como uno de los grandes problemas de España. Es la segunda preocupación de los españoles, según el CIS, y eso que, objetivamente, no está tan generalizada como pudiera pensarse. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la Fundación Alternativas en su Informe sobre la Democracia en España 2017 hecho público este jueves y que recuerda que “las encuestas muestran que la ciudadanía tiene una percepción de altísima corrupción”, los “datos objetivos prueban que nuestro país no tiene un problema de corrupción sistémica”.
Los ciudadanos consideran, en todo caso, que la corrupción es “el problema más tóxico y destructivo para el buen funcionamiento de la democracia, y también el más persistente en el caso español”. Una percepción que, según el informe “se puede explicar por la notoriedad de los casos de corrupción política que implican a quienes ocupan altos puestos en los distintos niveles de gobierno”.
La corrupción “es básicamente política”, y afecta “a autoridades situadas en la zona superior de los distintos niveles de gobierno, con más frecuencia en el nivel autonómico y local”, señala el think tank progresista. Esta corrupción se concentra en ciertas áreas que se pueden considerar como de especial riesgo: financiación de partidos, contratación de servicios y obras públicas, urbanismo, subvenciones, otorgamiento de ciertas licencias y permisos.
Una leve mejora
La calidad de la democracia, que es objeto de medición anual en los informes que realiza la organización, a pesar de haber mejorado levemente en 2017, está lejos de ser ideal, y tiene un amplio espacio para mejorar ya que recibe una puntuación de 5,73 sobre 10.
No obstante, el informe recuerda que la crisis de afiliación y de popularidad que afecta a los partidos de las democracias occidentales y que se ha intensificado durante la larga crisis económica, está impulsando, como reacción, una revisión de su funcionamiento y de sus mecanismos de democracia interna, con el fin, entre otros, de hacerlos más atractivos como organizaciones participativas.
Señala, además, que los nuevos partidos consolidados en el panorama político español son “especialmente atractivos” para los electores jóvenes y de mediana edad. En parte, “esto podría explicarse por el distinto impacto de la crisis económica y las diferentes respuestas políticas a la misma, según grupos de edad, y no se trataría solo de una diferencia de puntos de vista, sino también de una serie de factores asociados a la posición socioeconómica y los condicionamientos del ciclo vital”.
El abuso del veto
El informe también denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy se benefició “esencialmente del uso del veto presupuestario para conseguir anular iniciativas de la oposición”. Esto revela, a juicio de la Fundación Alternativas, “en qué medida el Congreso de los Diputados, en tanto que institución, no está adaptado al nuevo entorno político”. Porque como apunta, “en los entornos multipartidistas del centro de Europa lo habitual es que los parlamentos tengan más atribuciones para poder influir de manera efectiva en la legislación. Suelen estar más dotados y con comisiones más especializadas para conseguir influir más y mejor en cómo se gobierna.
