El Gobierno gallego mantiene el calendario de visitas al Pazo de Meirás previsto para agosto: ocho excursiones repartidas en dos tandas de mañana y tarde el 30 y 31 de julio. En la página web de Turismo de Galicia figura además el teléfono al que deben llamar los interesados, 686612717, que pertenece a la Fundación Franco a quien los herederos del dictador encomendaron la gestión de las visitas hace ahora tres meses. Pero en las últimas semanas nadie atiende ese teléfono y programar la entrada al monumento declarado Bien de Interés Cultural es tarea imposible. El móvil aparece apagado o fuera de cobertura y su buzón de mensajes está lleno.
Desde que estalló la polémica por las palabras de Jaime Alonso, uno de los portavoces de esa entidad nostálgica y quien defendió que las rutas guiadas serían aprovechadas para ensalzar la figura del dictador, el teléfono dejó de tener señal.
Según explica la Consellería de Cultura y Turismo del Gobierno gallego, “el telefóno no está funcionando porque las visitas de agosto ya quedaron programadas y la persona correspondiente está de vacaciones”.
Esa es la explicación que la Fundación Franco ha trasladado a la Xunta de Galicia y que de momento el Gobierno autonómico da por buena.
No es la primera vez que se incumple la obligación legal de abrir la residencia de verano del dictador al público. El Gobierno gallego ya abrió un procedimiento sancionador a sus herederos el pasado marzo. Entonces Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, dijo: “Se constató que el sistema de acceso a las visitas, mediante el teléfono y el correo electrónico, se está incumpliendo”. El expediente sigue reposando en algún cajón de los edificios administrativos del Gobierno gallego que de momento no ha anunciado castigo alguno. La respuesta oficial que dio la Consellería de Cultura y Turismo a este diario es que ese procedimiento sigue su curso cinco meses después sin que haya una propuesta de sanción.
La ley de patrimonio cultural de Galicia establece que la propiedad -que fue regalada a Franco a través de aportaciones obligatorias que el régimen exigía a los vecinos a través de cuestaciones vigiladas por dirigentes de Falange- debe abrirse al público “al menos cuatro días al mes”. Las multas por no hacerlo pueden alcanzar los 6.000 euros, pero tampoco hay indicios de que la Xunta haya decidido castigo alguno pese a los reiterados incumplimientos.
El propio Feijóo ha dicho que la exaltación de la dictadura “no hace ningún bien” a la fundación franquista y el Partido Popular de Galicia ha admitido tras el ruido de las últimas semanas que no considera adecuado que sea esa entidad de nostálgicos del régimen quien guíe a los turistas por el monumento.