Mariano Rajoy definió en 2009 el caso Gürtel como una “trama contra el Partido Popular”. Casi trece años después de aquella foto histórica en la que apareció flanqueado por los pesos pesados del partido, los tribunales han dictado siete sentencias que declaran probado que el PP y la red corrupta de Correa y compañía mantuvieron una relación simbiótica durante años con un botín millonario de comisiones y contratos públicos amañados en las administraciones donde gobernaba. La sentencia conocida este jueves es, además, la segunda que da por probada la existencia de una caja de dinero negro dentro del partido.
Intuyendo lo que se le venía encima, el sucesor de Rajoy, Pablo Casado, anunció hace unos meses que ponía a la venta la sede del partido, como sus cuentas y sus contratos, también bajo sospecha, y dio a entender que no hablaría más de la corrupción que se extendió por su organización durante décadas porque eso es cosa del pasado.
Para cuando Casado hizo esas declaraciones, la trama Gürtel ya había dejado de ser presunta. Ocurrió en mayo de 2018: el Tribunal Supremo confirmó las condenas de Francisco Correa, Pablo Crespo y otros líderes de la red por el amaño de contratos de la Generalitat Valenciana para montar sus tenderetes en FITUR, la feria de turismo Internacional que se celebra en Madrid. Fue la primera sentencia firme de un caso que acumula ya más de diez piezas separadas y que dejó por escrito la estrategia de la trama encabezada por Correa: ejecutar un “desembarco” en la administración pública llegando a “sustituir” a los organismos de contratación.
Fue el primer guijarro de la avalancha. Unos días después la Audiencia Nacional sentenciaba la pieza conocida como 'Época I' y declaraba probada la existencia de la 'caja B' en el seno del Partido Popular: una sentencia y una caja de dinero negro que el Tribunal Supremo declaraba firmes en octubre de 2020 dictando condenas para miembros de red, cargos públicos del Partido Popular y el extesorero Luis Bárcenas. Esa sentencia ya en primera instancia marcó el futuro político de España: fue el estandarte de la moción de censura del PSOE que terminó con Pedro Sánchez en la Moncloa después de que algunos apoyos como el PNV abandonaran a Rajoy. Hubo 29 condenados y el Partido Popular fue considerado responsable a título lucrativo por las campañas financiadas con dinero negro en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El PP pasó a ser una compañía poco recomendable para los nacionalistas vascos e incluso para Ciudadanos, que nada más conocerse el fallo, dio a entender que rompía lazos con los populares.
La tercera sentencia firme del caso llegó el pasado septiembre. El Tribunal Supremo confirmó las condenas de Correa y dos exresponsables de comunicación de AENA por el amaño de varios contratos en el Gobierno de Aznar, cuando Francisco Álvarez Castos era ministro de Fomento. Una vez más, adjudicaciones a cambio de comisiones: “Manipularon procedimientos de adjudicación con márgenes de beneficio desproporcionados” gracias a la relación de Correa con dos antiguos miembros del equipo de comunicación del PP.
Otras tres ramificaciones del caso están a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo por lo que el goteo de sentencias firmes seguirá en los próximos años. Además del fallo conocido este jueves, que puede ser recurrido ante el alto tribunal, los jueces de la sala que dirige Manuel Marchena esperan para sentenciar la financiación del PP en Valencia, la actividad de la trama en Jerez y las condenas por amañar la organización de la vista del Papa a Valencia en el año 2006.
Todos estos casos han terminado con condenas para los miembros de la red empresarial de Correa, sus socios políticos del Partido Popular que ostentaban entonces cargos públicos y los que controlaban el andamiaje financiero de la trama. En el caso de la visita del Papa a Valencia los jueces definieron como “claramente ilegal” la adjudicación de los eventos y la retransmisión a empresas de Correa por más de 7 millones de euros. En la causa de Jerez, la trama obtuvo un botín de más de 200.000 euros al conseguir de forma ilegal contratos para organizar la presencia de la ciudad gaditana en FITUR durante varios años, como en el caso de la Generalitat Valenciana.
La pesadilla judicial está lejos de acabar para el Partido Popular. La Audiencia Nacional todavía tiene pendiente enjuiciar al menos cinco piezas más por algunos de los mayores pelotazos de la trama o por todo el dinero que blanqueó a lo largo de los años. A la cabeza está el juicio por la financiación ilegal del PP en Valencia con el expresident Francisco Camps entre los procesados. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él por prevaricación, acusado de encabezar los amaños de contratos para empresas de la trama como Orange Market con la financiación irregular de su partido de fondo. Otra sentencia de 2019 ya condenó a Correa y sus socios también por la financiación del PP en la Comunidad Valenciana.
Otro de los juicios girará en torno al amaño de contratos de grandes obras y la construcción de miles de viviendas en Arganda del Rey, un municipio madrileño, por valor de más de 140 millones de euros. Otra causa similar se sigue por otro pelotazo urbanístico de más de 100 millones de euros en Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la trama.
En el caso de Boadilla el Partido Popular volverá a ser juzgado como partícipe a título lucrativo de la actividad corrupta de la trama: el juez instructor cree que sacó un beneficio de 204.198,59 euros surgido de comisiones ilegales y utilizado para, por ejemplo, pagar un acto electoral de Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2003, inaugurar la sede del PP en la localidad o comprar megáfonos para una manifestación contra la excarcelación de un etarra en 2007.
Está también pendiente de juicio la pieza principal del caso, que abarca el trasiego y blanqueo de millones de euros por parte de los cabecillas de la trama. El juez del caso calcula que Correa amasó más de 30 millones de euros procedentes de sus negocios con el Partido Popular y las administraciones que dirigía, que ocultó el dinero fuera de España y que dejó de pagar en torno a 25 millones de euros en impuestos.
La última y más peligrosa de las piezas también está pendiente de fecha. La investigación que dirigió el juez Santiago Pedraz sobre las donaciones que empresarios hicieron durante años al Partido Popular, supuestamente, a cambio de adjudicaciones públicas en las administraciones que controlaban. El propio Luis Bárcenas ha reconocido que él canalizó durante años esos ingresos ilegales y ha apuntado a los distintos ministros de Medio Ambiente y Fomento del PP como los responsables. Sobre todo esto intentará guardar silencio Pablo Casado.
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