Apenas lleva seis meses en el cargo y Ángel Gabilondo ya ha salido al rescate de Pedro Sánchez en dos ocasiones como Defensor del Pueblo. La suerte de ‘retiro dorado’ que el PSOE llevaba años reservando al exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha terminado con una tarea inusitada por parte de la institución, que se ha puesto al servicio del Gobierno en sendas ocasiones en las que se encontraba en un brete con sus socios parlamentarios: la petición de una investigación sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia y la exigencia de explicaciones sobre el espionaje a unas 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco a través del sistema Pegasus, un software que, en principio, solo está disponible para estados y sus agencias de inteligencia.
Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del PSOE querían una comisión de investigación en el Congreso sobre los abusos que durante décadas se han cometido en el seno de la Iglesia. El propio presidente se comprometió personalmente a tomar cartas en el asunto tras el desgarrador testimonio del escritor Alejandro Palomas. En ese momento el Ejecutivo asumió la investigación, aunque siempre rechazó llevarla a cabo en el Parlamento bajo la premisa de guardar la privacidad de las víctimas. En paralelo, la Fiscalía unificó las denuncias y comenzó sus propias diligencias y, en medio de la presión, el PSOE anunció una iniciativa para que fuera el Defensor del Pueblo quien asumiera la investigación. La fórmula fue instar a esa institución a llevar a cabo un procedimiento que contara con la propia Iglesia.
Han pasado tres meses desde que la propuesta recibió el aval del Congreso y aún no se ha activado el procedimiento. Fuentes de la institución que dirige Gabilondo explican que “se está trabajando en el diseño de la comisión” que va a llevar a cabo los trabajos que culminarán en un informe que será remitido al Congreso. La intención del Defensor del Pueblo es tener lista la comisión en el mes de junio, para lo que tiene que seleccionar “los perfiles” de los expertos que la van a integrar y la “logística” de su funcionamiento. La Conferencia Episcopal ya ha dejado claro que no pretende colaborar con esas pesquisas. Un grupo de víctimas, entre los que se encuentra Palomas, también han anunciado que no participarán en esas pesquisas y que solo lo harán en una “comisión de la verdad” que tenga capacidad coercitiva.
Gabilondo allana el camino para cambiar la ley del CNI
Mucho más veloz ha sido el Defensor del Pueblo en el análisis de la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el espionaje a los líderes independentistas. La activación de esa investigación fue anunciada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en su viaje a Barcelona cuando estalló el escándalo. Entonces hizo una oferta a la Generalitat que también pasaba por un “control interno” en los servicios de inteligencia cuyos resultados se desconocen pero que ha acabado con la destitución de la directora, Paz Esteban, por el hackeo de los teléfonos de Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Durante su comparecencia en el Congreso esta semana, Sánchez aseguró que el análisis se produjo “de oficio” por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, el alto comisionado no comunicó la puesta en marcha del proceso hasta dos días después de que lo anunciara el ministro de Presidencia. Gabilondo ha dado carpetazo a la investigación tras revisar la documentación clasificada que le facilitaron en las instalaciones del CNI en cinco visitas que se produjeron los días 26 y 29 de abril, 3, 5 y 6 de mayo en las que también tuvo la ocasión de pedir explicaciones al personal de los servicios de inteligencia. Su conclusión es que las 18 intervenciones a líderes independentistas fueron legales porque contaban con la preceptiva autorización judicial.
“Los autos estaban extensamente motivados”, señala el informe que apunta al “elevado grado de detalle de la información de la que disponía el magistrado del Tribunal Supremo para adoptar la decisión”. Sin embargo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que es una de las personas que accedió a la información clasificada en la comisión de gastos reservados cuestionó esa afirmación. “Lo verdaderamente grave es que el juez no sabía exactamente qué estaba autorizando, no había manera de que lo supiera”, afirmó el diputado vasco, que fue muy crítico con el uso “para todo” del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo justifica las razones que llevaron a los servicios secretos a vigilar a esas 18 personas bajo el argumento de la misión de los servicios de inteligencia de detectar los riesgos o amenazas que afecten “a la independencia e integridad de España”, pero nada dice de los 47 infectados por Pegasus restantes que ha acreditado Citizen Lab y de los que se desvincula el Gobierno. A pesar de que sostiene que todo se ha hecho en cumplimiento estricto de la legalidad, Gabilondo echa un cable al Gobierno al darle la justificación para anunciar la reforma de la ley que regula el CNI apenas una semana después.
“El debate debe ceñirse a la suficiencia o insuficiencia de los controles”, señala el texto rubricado por Gabilondo: “En lo que se refiere al control judicial previo, el Defensor del Pueblo ha podido comprobar su correcto funcionamiento en los casos analizados (...). No obstante, los 20 años transcurridos, la impresionante evolución tecnológica de las últimas dos décadas (lo que incluye sistemas como el spyware Pegasus), los cambios que vendrán en un futuro próximo, la ”aceleración“ de las tecnologías de la comunicación y la información, en fin, deben conducir a abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir. La interceptación de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años”.
“Por ello, y sin que proceda tampoco proponer fórmulas concretas, lo que debiera corresponder a otros sujetos del Estado de Derecho a través de mayorías muy amplias, al tratarse de verdaderas cuestiones de Estado, considera el Defensor del Pueblo que debieran explorarse las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial”, concluye el informe allanando el camino al Gobierno.
Sánchez cogió el guante y prácticamente calcó sus palabras: “El Gobierno reformará la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI, en la línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. En la misma se van a tener en cuenta, lógicamente, las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última generación”.
El presidente sostiene que el control previo de las interceptaciones de las comunicaciones en España son superiores a otros países europeos, como Portugal, Reino Unido o Países Bajos, y que se respetan los derechos fundamentales de todo el mundo. Aún así, considera que se deben mejorar. “Las principales preocupaciones de los ciudadanos son: si se han respetado o no los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos y si podemos garantizar una mejor regulación para garantizar y salvaguardar esos derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Y las dos respuestas que da el Gobierno de España son sí: se han garantizado y se puede reforzar esas garantías, por eso vamos a plantear estas dos modificaciones legislativas”, expresó en el Parlamento.
Sin embargo, Moncloa no da ningún detalle de cuál es la fórmula que pretende plantear en la modificación legislativa. El PNV ha apuntado a una “decisión colegiada” de varios jueces para evitar que la interpretación pueda estar contaminada por cuestiones ideológicas, por ejemplo, y que haya una comprobación posterior del estricto cumplimiento del mandato. En Moncloa se limitan por ahora a apuntar a la “voluntad política” de llevar a cabo esa reforma que fían para largo, que no ha satisfecho a los socios y que el PP no parece entusiasmado con avalar.