El Parlamento gallego reclama al Estado que cambie la ley estatal de reestructuración bancaria para impedir que se apliquen quitas a las personas afectadas por la venta de preferentes y obligaciones subordinadas. Según los cálculos de los diputados, permanecen atrapados en estos productos más de 38.000 personas.
Consta así en una ley aprobada por unanimidad de la Cámara para su traslado a las Cortes Generales, en donde deberá ser tramitada finalmente.
Sin embargo, los largos tiempos de espera para que se acojan los debates derivados de los parlamentos autonómicos han hecho que el promotor inicial de esta propuesta de ley, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, haya propuesto a todos los grupos que en Madrid promuevan una iniciativa legislativa con igual texto que el ratificado este martes con el fin de aprobar cuanto antes la medida.
Para evitar, ha apostillado Jorquera, que los votos emitidos en la Cámara autonómica se queden en un “brindis al sol”. Al respecto, anunció que el Bloque lo hará esta misma semana.
“Nosotros sólo brindaremos cuando el 100 por cien recupere” su dinero, le contestó el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien reconoció que, después de “una razonable solución a los problemas del sistema financiero y garantizados los depósitos de todos los españoles y gallegos”, el “mayor fracaso institucional propio financiero español es sin duda el problema aún no resuelto” de los afectados por la comercialización de estos productos.
Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen Gallego ha manifestado su voluntad de que la tramitación de esta normativa sea “ágil” en el Congreso para que se pueda “reconocer la estafa” y las “víctimas” puedan verse “resarcidas”. De hecho, ha incidido en que “hoy es un buen día para reparar el daño y pedirle disculpas a estas víctimas” también, en este caso, de los productos financieros.
“Es necesaria una solución global y justa, y es necesario que no dependa de la voluntad de un banquero”, ha remarcado, por su lado, el parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, quien ha considerado que es preciso hacer “justicia” con los gallegos estafados por una “mala gestión, incluso corrupta”.
LEY APROBADA
El texto aprobado es una modificación de la ley 9/2012, del 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, a la que el Parlamento gallego propone añadir una disposición adicional y dos transitorias.
La primera de ellas establece que, cuando los titulares de estos instrumentos híbridos sean ahorradores, las acciones de gestión que se pongan en marcha hacer un reparto de cargas --que los accionistas o tenedores de instrumentos de capital respondan por las pérdidas de la entidad-- “no les serán aplicables y tendrán derecho a la recuperación de las cuantías invertidas sin pérdida alguna”.
De hecho, esta legislación llevó a que en junio de 2013 los titulares de preferentes y subordinadas que no habían sido admitidos o no habían acudido al arbitraje tuviesen que canjear estos productos por acciones de NCG Banco, un proceso en el que se aplicó una quita. Posteriormente, podían solicitar liquidez a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
La iniciativa de la Cámara gallega pretende que queden fuera de esa quita y puedan recuperar el importe íntegro quienes sean considerados ahorradores, que son aquellas personas que no sean profesionales o con alguna de estas características: que no tuviesen ya contratado ningún producto de inversión significativa, que acrediten que querían mantener la disponibilidad de su dinero, que tengan perfil similar al de los casos aceptados en arbitraje o que por edad y circunstancias personales cumplan con los requisitos para ser considerado ahorradores.
La excepción también se aplicará a los ahorradores sin experiencia financiera que demuestren que no habían recibido la información adecuada del instrumento financiero.
SUSPENSIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARTO DE CARGAS
La primera de las disposiciones transitorias señala que, para aplicar correctamente la ley, se suspendan “todas las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital o de deuda subordinada que estén en marcha”, es decir, las medidas de reparto de cargas. La suspensión se mantendrá hasta que se determine quiénes son ahorradores.
Lo dispuesto se aplicará a los titulares de este tipo de instrumentos tanto si acudieron al canje como si mantuvieron la conversión obligatoria en acciones, siempre que se demuestre que se trata de ahorradores, y pese a las decisiones ya adoptadas por el FROB.
La última disposición fija que si un titular de preferentes o subordinadas tiene en la misma entidad una hipoteca para primera vivienda y se demuestra que es incapaz de asumir el pago de la misma, no se podrá ejecutar la hipoteca o otras garantías hasta que no se le haya devuelto íntegramente el nominal invertido.
PROTESTA DE LOS AFECTADOS
Mientras se tramitaba esta proposición de ley, en el exterior de la Cámara -donde confluyeron este martes hasta tres concentraciones diferentes-- se concentraba una veintena de afectados por la comercialización indebida de preferentes y subordinadas, que coreaba consignas sobre el expresidente de Caixanova --'Gayoso, baboso'-- en las que pedía su ingreso en la prisión de Monterroso.
En declaraciones a los medios, el portavoz de los afectados de Baixo Miño, Xulio Vicente, ha advertido al PP de que si, tras aprobarse en Galicia, sus representantes “votan en contra” de la reforma normativa en el Congreso, los que han sido “estafados” en Galicia lo entenderán como “un engaño más” por parte de los populares.
Como ha recordado, es lo que ocurrió cuando “los representantes políticos del PP de Galicia votaron en contra” de los afectados para sacar adelante el decreto que establece una quita que “roba los ahorros” a los preferentistas. Por ello, ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a dirigirse a su partido en Madrid “para que esto se apruebe”.
“Después de dos años y medio, esperamos dignidad política y que se acaben las mentiras”, ha demandado Xulio Vicente, quien ha pedido la devolución de sus ahorros y también que “se retiren las sanciones” a los manifestantes.
En la misma línea, ha apelado a los afectados que ya han recuperado su dinero a que colaboren --los números de cuenta figuran en la página web de las plataformas-- para poder juntar los “cerca de 25.000 euros” que acumulan en multas “injustas” a personas que “no son delincuentes”.