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Entre 2018 y 2019, la Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular ha recibido 876.851 euros en subvenciones de administraciones autonómicas y locales gobernadas por el propio PP. Galicia, la Región de Murcia, La Rioja –en manos de los populares hasta el verano de 2019– además de Castilla y León se suman a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento de la capital en el “listado de financiadores” de la fundación que preside Adolfo Suárez Illana, actual secretario cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los fichajes estrella del líder del PP, Pablo Casado.
En octubre de 2018, apenas unos meses después de ganar las primarias del partido, Casado colocó al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática al frente de esta fundación vinculada al PP desde 2017 bajo el nombre de Humanismo y Democracia, y a la que el presidente de los populares renombró a finales de 2018 con la denominación actual. Además, en el Patronato de Concordia y Libertad figura como vicepresidente primero el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Las subvenciones, destinadas según la propia fundación a distintos proyectos de cooperación internacional, se suman a los más de 458.000 euros que, tal y como reveló eldiario.es este fin de semana, la Fundación Concordia y Libertad recibe cada año de la Comunidad de Madrid –gobernada por PP y Ciudadanos– por gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de la región, los de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Usera/Villaverde.
Las cifras de subvenciones de dinero público que recibió la fundación, según los datos que constan en su página web, revelan que además de los 458.000 euros anuales que recibe de la Comunidad de Madrid por la gestión privada de los citados centros públicos, en 2018 el Gobierno regional –que ese año estuvo presidido primero por Cristina Cifuentes y, tras su dimisión, por Ángel Garrido, los dos entonces miembros del PP– dio a la Fundación Concordia y Libertad 43.274 euros por un proyecto de integración de renta mínima de inserción (RMI) y “población en riesgo de exclusión” mediante itinerarios personalizados de inserción (IPI). Ese mismo año, la Comunidad de Madrid también otorgó a la fundación del PP otros 50.000 euros por “promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género” en tres bateyes [comunidades rurales] de la provincia de Monteplata, en República Dominicana, “a través del fortalecimiento de sus organizaciones y redes”.
Proyectos de cooperación en Latinoamérica
También en 2018, otra región gobernada entonces y ahora por el PP, Murcia, concedió a la fundación del partido una subvención de 25.000 euros por “mejorar la provisión de servicios sostenibles y eficaces de gestión de agua potable de 06 municipalidades del valle azucarero de la Región de Lambayeque”, en Perú. Asimismo, la Junta de Castilla y León, donde los populares gobernaban ese año con mayoría absoluta, dio a la Fundación Concordia y Libertad 2.500 euros por un “programa de voluntariado en cooperación para el desarrollo de empleados públicos de la Administración de Castilla y León 2018, asignado al proyecto de República Dominicana con FUNDEJUR/FUNDICAES”.
En el balance de subvenciones de hace dos años figura, además, otra partida de 115.844 euros del Gobierno de La Rioja que entonces estaba en manos del PP. Se trata de una subvención destinada a la “promoción del derecho al agua potable y al saneamiento con enfoque integral de cuenca en las veredas de Santa Rita y El Silencio, municipio de Samaná, departamento de Caldas”, en Colombia. A estas administraciones regionales se suman como financiadoras en 2018 otras como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) o la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Caribe (SECIPIC). Se trata de dos organismos dependientes del Gobierno que, hasta mayo de 2018, estuvo presidido por el también expresidente del PP Mariano Rajoy. Entre las dos instituciones, solo en 2018 dieron a Concordia y Libertad 1.087.062 euros.
La Aecid también otorgó otras dos subvenciones por valor de 750.000 euros a la fundación del PP en 2019, cuando el Gobierno ya estaba en manos de la izquierda. La vinculación de la agencia con Concordia y Libertad –antes Humanismo y Democracia– viene, no obstante, de lejos. El lunes 29 de mayo, El Confidencial reveló que Laura López de Cerain, alta funcionaria y ex alto cargo de la Aecid, había sido condenada a siete años de inhabilitación precisamente por favorecer a la fundación del PP en proyectos de ayuda al desarrollo.
Además de las de la Aecid, el resto de partidas que recibió Concordia y Libertad el año pasado fueron de administraciones en manos de los populares. De la Junta de Castilla y León –que desde el verano de 2019 está gobernado en coalición por PP y Ciudadanos– la fundación obtuvo 117.933 euros por la “promoción del derecho a alimentación a través del apoyo a la diversificación productiva con enfoque de resiliencia climática en 12 comunidades altiplánicas del sur de Bolivia”.
La Xunta de Galicia gobernada por el popular Alberto Núñez Feijóo –candidato a la reelección en las elecciones gallegas del próximo domingo– subvencionó por su parte con 175.000 euros un plan de Concordia y Libertad para el “desarrollo de mecanismos locales de prevención de la violencia de género en Dajabón y Monte Cristi”. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid, que el PP recuperó a finales de junio de 2019 –aunque ahora gobierna en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox– otorgó a la fundación de Suárez Illana otra subvención que ascendió a 347.300 euros por “promover la recuperación emocional y la restitución del derecho a la educación, como medidas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado del área metropolitana de Bogotá”, la capital de Colombia.
20 millones en seis años
Como explica la organización en sus últimas cuentas anuales, “con fecha de 2 de abril de 2017 el patronato de la Fundación Humanismo y Democracia aprobó por unanimidad la vinculación formal de la fundación al Partido Popular, con sujeción a la ley de partidos”. Desde entonces, quien ocupa la Secretaría General del PP es también el vicepresidente primero de la fundación. Entre 2017 y 2018 ese cargo lo ocupó, por tanto, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Tras el triunfo de Casado en las primarias y la remodelación de la cúpula popular, el vicepresidente primero de la fundación es el actual secretario general, Teodoro García Egea.
En las citadas cuentas anuales, correspondientes al año 2018, también se remarca que a fecha de 20 de diciembre de 2018 y “a propuesta de su presidente”, que ya era Suárez Illana, el patronato de la fundación aprobó el cambio de denominación de H+D por Fundación Concordia y Libertad. En octubre de ese año, Casado había anunciado la creación de dicha fundación –aunque en realidad solo se trató de un cambio de nombre– a bombo y platillo en una rueda de prensa en la que también nombró como presidente al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática.
La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el “centro” en el que “la sociedad civil de centro derecha” tuviera su sitio. Según anunció entonces el líder del PP, “no hay nadie que pueda ejemplificar mejor con su legado profesional y personal” esa concordia y esa libertad como Suárez Illana. Este último aseguraba, por su parte, que la fundación que preside “no es del PP sino de la sociedad a la que sirve”. Además, justificaba su nueva responsabilidad en que “la concordia y la libertad tal y como se concibió en la Transición está seriamente amenazada”.
H+D –ahora llamada Concordia y Libertad– fue la fundación de referencia del PP desde abril de 2017. La FAES de José María Aznar había roto con los populares en octubre de 2016 y el partido, en manos de Mariano Rajoy, vinculó esta sociedad creada en 1977 y con la que mantenían una “relación de afinidad”. El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que, tal y como explicó eldiario.es en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.