Diez años después de que su nombre apareciese en partes de vigilancia realizados por lo que él mismo denominó “Gestapillo” de la Comunidad de Madrid, Manuel Cobo, el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, pudo hablar del caso en la Asamblea de Madrid. En la anterior comisión de investigación en 2009 que despachó el asunto en un par de días cuando Esperanza Aguirre era presidenta del Gobierno regional, ni siquiera se le llamó a declarar pese que quien fue mano derecha de Gallardón durante veinte años se había explayado largo y tendido en los medios de comunicación.
Este viernes confirmó ante las preguntas de Ciudadanos, Podemos y PSOE -el PP evitó plantearlas- que había sido víctima de un espionaje realizado por cargos de la Comunidad de Madrid. Dijo de la Comunidad de Madrid pero se cuidó de relacionarlos con el PP, porque según afirmó, una década después de ver sus visitas y actos oficiales en las notas de seguimientos publicadas por EL PAÍS, no puede afirmar quién dio la orden.
Algunos de los guardias civiles contratados por la Comunidad de Madrid que realizaron aquellas maniobras contaron en el juzgado que Sergio Gamón, director de seguridad en la Administración autonómica y persona de la máxima confianza de Aguirre, había atribuido la orden a Ignacio González. Pero Cobo, mano derecha de Gallardón durante 20 años y un hombre enfrentado al aguirrismo, evitó dar nombres. Sí trazó un perfil de la personalidad de quien dio la orden: “Personas que se creen impunes en la gestión, ante los medios, en su vida privada. Se creen que van por encima del resto de la gente, se creen que el poder te da algo que no te da. Y a algunas personas les pasa. No solo hubo espionaje a rivales políticos, hubo espionaje en temas personales, incluso. Fíjese hasta donde llega esa creencia de impunidad. Espionajes a personas que no tienen nada que ver con la política”. Cobo rechazó la tesis que de que todo aquello formase parte de las guerras intestinas del PP y de que se le seguía a él como se hizo con Alfredo Prada, porque eran hombres de Mariano Rajoy con el que Aguirre estaba enfrentada.
Cuando César Zafra, el portavoz de Ciudadanos, le planteó el nombre de la persona que dio la orden, Cobo respondió: “No puedo decir aquí quien dio la orden, tal vez en una charla de café, sí”. Los diputados de PSOE y Podemos plantearon los nombres de Esperanza Aguirre, y sus dos vicepresidentes, Ignacio González y Francisco Granados. Cobo ni señaló ni exculpó a ninguno de ellos. Pero se refirió a una charla “cutre” de unos guardias civiles en los que animaban a celebrar la comparecencia de uno de ellos en el juzgado por este tema “con un volquete de putas”. “El mérito era engañar a la juez”, explicó Cobo.
El exvicealcalde de Madrid dio por hecho que en esos seguimientos se realizaron con medios públicos, tal y como ha defendido la Comunidad de Madrid en su último escrito remitido al juzgado: “Aquí no hay dinero pagado a agentes externos, sí la utilización de medios materiales y humanos como reconocen los guardias civiles. Pero estoy convencido de que esto fue bastante casposo y de andar por casa. De los que hablamos hoy”.
En su última intervención, Cobo defendió la actuación del Gobierno de Cifuentes, por dejar hacer su trabajo a los servicios jurídicos y lo contrapuso al de sus antecesores: “El Gobierno de Aguirre lo negaba. El Gobierno actual sin que tenga más datos porque no los tiene deja que sean los propios servicios jurídicos los que hagan ese escrito. No es que el PP reconozca ahora sino que el Gobierno actual no tiene nada en contra de que se descubra la verdad”.
Tras Cobo pasó por la comisión de la Asamblea de Madrid, el expresidente del Gobierno regional Ignacio González, quien no solo negó cualquier participación en la trama de seguimientos sino la misma existencia de la misma. González que se encaró varias veces con los portavoces de Ciudadanos, César Zafra, y de Podemos, Miguel Ongil, se escudó en las tres veces que la jueza del caso de los espías decretó su archivó. Obvió que otras tantas veces la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa que se aboca a un juicio con jurado.
La declaración de González en la Asamblea era relevante después de que uno de los guardias civiles contratados por la Comunidad de Madrid que participaron en los seguimientos hubiese declarado que su jefe, el entonces director de seguridad, Sergio Gamón, le había confesado que las instrucciones de espiar a políticos como Cobo y Prada habían partido del propio González.
El expresidente regional lo rechazó de plano y trató de desacreditar el testimonio de un agente “que dice que otro le dijo”, y remarcó que nunca había tenido competencias en el ámbito de la seguridad del Gobierno madrileño. González fue un paso más allá y dijo que el único espionaje probado -indaga sobre el un juzgado de Madrid- fue el que él mismo sufrió durante un viaje a Colombia. “Nunca estuve obsesionado por el espionaje hasta que lo sufrí”, declaró a preguntas de la oposición. Preguntado sobre si sabe quién está detrás de la contratación de los seguimientos a que fue sometido en Colombia, aseguró desconocerlo.