El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón va a entrar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado. Cuatro años después de dejar la política se enfrenta a una investigación judicial por su etapa al frente de la Comunidad de Madrid, cuando la empresa pública Canal de Isabel II inició una expansión internacional que se convirtió en el caldo de cultivo para los negocios corruptos durante la etapa de Ignacio González. Los investigadores tratan de determinar si el sistema de pelotazos y comisiones se inauguró durante los años de Gallardón.
La parte de la investigación que lleva este martes al exministro ante el juez se centra en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. Las pesquisas se iniciaron cuando los investigadores del caso Lezo grabaron a González hablando con Eduardo Zaplana sobre esa operación. En ella, González decía haber tapado el “muerto” de su antecesor, una expresión que le valió que el juez le acusase de tapar los presuntos delitos de Gallardón.
“Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá”, explica en esa conversación. Anticorrupción tiró del hilo hasta sospechar que en la compra pudo darse un desvío de fondos públicos, con el consiguiente perjuicio a las cuentas madrileñas
En esta rama del caso primero declararon antes el juez los miembros del Consejo de Administración del Canal de hace 17 años. La mayoría tuvo problemas para recordar los detalles de la compra aunque la defendieron como una operación beneficiosa para el Canal. Sí que reconocieron que apenas tuvieron tiempo para leer la documentación antes de votar y que no sabían nada de una empresa en Panamá, país considerado entonces un paraíso fiscal.
Ese es uno de los puntos que más sorprendió a Anticorrupción y en el que se centraron muchos interrogatorios. Sin embargo, los antiguos responsables del gobierno regional, como el exconsejero de Economía Juan Bravo, siempre han sostenido que la interposición de esa empresa fue una exigencia de Inassa. Procedieron a disolverla, dijeron, en el mismo acto de compra.
Plusvalías de 41,8 millones de euros
El otro aspecto bajo sospecha son las valoraciones que se manejaron sobre el precio de Inassa. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación.
“Existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos”, sostiene la Fiscalía.
Sin embargo, los antiguos miembros del Consejo del Canal declararon que varias valoraciones estaban por encima del precio que se pagó finalmente. Ahora le ha tocado el turno de declarar a dos de los más estrechos colaboradores de Gallardón en la Comunidad de Madrid. El martes se sentó frente al juez Manuel García Castellón el exconsejero de Justicia y expresidente de Canal Carlos Mayor Oreja. Explicó durante dos horas que la compra fue legal y beneficiosa para el Canal de la que él no sacó ninguna comisión. Dijo desconocer si otros las cobraron.
Además justificó el inicio de la expansión por latinoamérica del Canal, ya planeada durante el Gobierno de Joaquín Leguina, aseguró. Lo que él hizo fue, ha relatado, encargar un informe a PWC que contenía un plan estratégico sobre la expansión en el extranjero. Ese informe dice, buscaba rejuvenecer y modernizar el Canal iniciando sus negocios fuera de España.
Su número 2 acusa a González
Este miércoles ha sido el turno de Manuel Cobo, número dos de Gallardón en el Gobierno regional. Como Mayor Oreja, ha defendido que la compra de Inassa reportó un beneficio de 200 millones de euros. Además, Cobo ha aprovechado para cargar contra González, a quien ha acusado de manipular un informe de Cuatrecasas para implicarle a él y a Gallardón.
El exministro, que según han declarado el resto de imputados estaba al tanto de los detalles de la operación, cierra la tanda de declaraciones. Ya tuvo que comparecer en la Asamblea de Madrid por este caso. “Siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mi me parece ético”, dijo a preguntas de los diputados sobre la compra a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal.
“Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar” le dijo entonces a los diputados, antes de pronosticar que no sería imputado. Este jueves se sienta frente al juez en esa condición para responder sobre la compra de Inassa. Sobre si, como cree Anticorrupción fue un pelotazo similar al de Emissao, que llevó a prisión provisional a Ignacio González acusado de liderar una trama criminal para esquilmar el Canal.