“Un juez no habla, o no suele hablar”. Con estas palabras comenzó Manuel García Castellón una charla el pasado octubre que se prolongó durante cerca de hora y media. Sus opiniones contrarias a la amnistía llenaron titulares, pero la intervención dejó también algunas pistas sobre su desempeño como juez. En concreto, sobre sus maniobras para conseguir lo que quiere frente a sus colegas europeos.
La charla tuvo lugar en Ourense el pasado 5 de octubre y estaba organizada por el periódico La Región. El juez fue invitado a pronunciar una conferencia titulada “La Audiencia Nacional: un tribunal excepcional”. Defendió ese tribunal como “un buque insignia de defensa de la democracia y del estado de derecho” frente a “las fuerzas que han tratado de destruirla”.
El juez puso en valor la lucha contra el terrorismo desde la Audiencia Nacional y con la ayuda de la Policía y la Guardia Civil, y destacó la importancia de que a ETA la hubiesen investigado y juzgado desde tribunales fuera del País Vasco: “La presión social, mediática y del ambiente de la calle hubiese hecho imposible que cualquier juez pudiera actuar”.
Fue en su intervención en el turno de preguntas cuando se refirió a la amnistía, después de que le inquiriesen sobre si estaba permitida por la Constitución. Primero dijo que no podía contestar porque como juez llevaba “asuntos relacionados” y a continuación afirmó que iba a dar su opinión como ciudadano: “Uno, en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y no es posible, y dos estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo, así que ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después?”.
Faltaba casi un mes para que PSOE y Junts concretaran un pacto que incluía una ley de amnistía que a García Castellón no le parecía bien. Desde entonces, el magistrado trata de hacer lo posible para que de esa ley queden excluidos algunos de los políticos catalanes a los que investiga desde su juzgado.
De hecho, una de sus últimas maniobras conecta directamente con la charla. En esa intervención, el magistrado contó una anécdota para ejemplificar, dijo, lo difícil que era la cooperación entre las justicias europeas.
García Castellón relató que los gobiernos de España y Francia exploraban, a principios de los años 2000, un acuerdo de intercambio inmediato de información que a España le ayudará en la persecución de miembros de ETA huidos al país vecino. Francia no estaba por la labor: “La parte francesa nos dijo que no, que el intercambio inmediato no podían hacerlo porque era revelar datos sumariales”.
El juez recuerda que, unos años antes, había sido asesinado el prefecto de Córcega, Claude Érignac, en un atentado perpetrado por nacionalistas corsos. Francia convirtió en su hombre más buscado al presunto asesino, Yvan Colonna, al que llevaban buscando cuatro años cuando García Castellón se reunió con sus colegas franceses.
En un momento del encuentro, el juez se acuerda del caso Colonna. “En aquel entorno de esa tensión, a mí se me ocurrió decir una mentira: Colonna está en España, en cuanto lo detengamos no les vamos a pasar la información”. Precisó incluso la zona: “Está en la costa del Sol”.
Colonna no estaba en España, seguía en Córcega. Llevaba un tiempo escondido en las montañas, en la cabaña de un pastor. Francia tardó más de cinco años en encontrarle.
Tras la mentira de García Castellón, los franceses se retiraron a hablar, y volvieron: “De acuerdo”. El acuerdo se firmó tiempo después en Málaga, aunque el juez lamenta que “no lo cumplieron, o lo cumplieron cuando quisieron”. España tampoco compartió nunca con Francia datos sobre Colonna, porque no los tenía.
El juez busca ahora una maniobra similar con Suiza; si en su momento fue para mejorar la lucha contra el terrorismo, ahora es para tratar de afianzar sus acusaciones contra Marta Rovira. García Castellón recibió un revés del país helvético, que ya ha cuestionado la investigación por su posible carácter político, y que ahora no ve indicios suficientes para localizar a la secretaria general de ERC y pide saber si estará afectada por la futura ley de amnistía
García Castellón se revolvió contra la negativa y ha acusado a Suiza de actuar bajo un “sesgo político”. Además, ha reclamado el escrito del fiscal jefe del Supremo en el que se exponen los motivos para actuar contra Carles Puigdemont por la existencia de indicios sobre terrorismo en la causa de Tsunami. Pero la maniobra tiene truco: no es un informe oficial, sino un escrito reclamado por la teniente fiscal, que es quien fija la posición final.
Es decir, el juez quiere enviar a Suiza un escrito que no pasa de ser un documento de trabajo, pero que no refleja la posición final de la Fiscalía, y hacerlo pasar ante las autoridades helvéticas como un informe definitivo. De hecho, el juez lo reclama porque ha sabido de su existencia “por su publicación en diversos medios de comunicación”, porque él no recibirá ese documento al no ser el oficial ni estar incorporado a la causa.
La diligencia en la que reclama el escrito tiene fecha de 21 de febrero. El jueves 22, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, publicó su informe final: no hay indicios claros de la participación de Carles Puigdemont en Tsunami y García Castellón se basa en “meras conjeturas o sospechas”. No entra a valorar si hay terrorismo o no, y pide que la causa vuelva a la Audiencia Nacional.
Ahora el juez tiene que decidir: o envía ese informe final, que difícilmente va a convencer a Suiza de la importancia de la trama de Tsunami, o envía el escrito del fiscal Fidel Cadena, y vuelve a recurrir al engaño como hizo hace dos décadas.