García Ortiz, la vocación llega a la cima de la Fiscalía

Un fiscal de vocación, bregado en juicios de pueblo que se hizo un nombre en la macrocausa del Prestige, donde dirigió la acusación, ocupará el despacho más alto de la calle Fortuny. Álvaro García Ortiz (1967, Lumbrales, Salamanca) llega a la cima de la institución para sustituir a Dolores Delgado, “la jefa”, como la ha llamado todos estos años, desde que fue nombrado responsable de la secretaría técnica e hizo las maletas desde Galicia, donde había ejercido durante una década larga como fiscal delegado de Medio Ambiente. 

La fiscal general renuncia aquejada de graves problemas de espalda que la han tenido de baja dos meses y que probablemente la obligarán a pasar de nuevo por el quirófano y opta por una persona de su máxima confianza. Un profesional discreto al que nunca han gustado los focos y que defiende el trabajo hacia dentro mucho más que los grandes titulares. 

Las carreras de García Ortiz y Delgado se ligaron para siempre en una furgoneta que recorrió cientos de kilómetros por España hace cuatro años, haciendo campaña por la Unión Progresista de Fiscales en las elecciones internas de la institución.

En esa gira de carretera y manta estaba también María José Segarra, la fiscal general del primer Gobierno de Pedro Sánchez, cuando Dolores Delgado fue ministra de Justicia tras la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy y Diego Villafañe, el que fue mano derecha de Ortiz en la técnica todos estos años. Segarra había sido recibida con una hostilidad pocas veces vista por los fiscales pata negra de Madrid, representantes de la institución en el Supremo y la Audiencia Nacional, que vieron en ella a una fiscal de provincias sin más méritos jurídicos que ser de la cuerda de Delgado. Atenazada por la presión que ejercen en la carrera los popes que tienen más acceso a los titulares y los directores de periódico, Segarra olvidó poner en marcha algunos de los cambios internos que el equipo con el que concurrió a las elecciones del Consejo Fiscal había pactado. 

Ya no repitió en el Gobierno de Sánchez tras las elecciones y su lugar lo ocupó directamente Delgado, en una decisión controvertida porque, pese a los cuestionables nombramientos y la hemeroteca del PP en la institución, nunca antes un ministro había dejado la cartera de Justicia para alzarse a la cúpula de la Fiscalía.

En aquellas elecciones internas de la furgoneta, García Ortiz había sido el fiscal más votado de la historia de la institución, pese a concurrir con el cartel de la Unión Progresista, una asociación minoritaria si se compara con la conservadora Asociación de Fiscales. En las últimas votaciones para el Consejo Fiscal de hace unas semanas, ya perdió esa condición, aunque es cierto que con un censo mayor, fruto de las plazas creadas durante los últimos años.

García Ortiz solo tendrá que cambiar de despacho y mudarse al de Delgado, con quien ha trabajado codo a codo estos últimos años. Hereda de ella el plan de modernización y también los enemigos internos que han desatado una furibunda campaña contra el actual equipo de la Fiscalía General del Estado, a propósito de los temas más diversos. En las últimas semanas incluso han rechazado el decreto que obliga a los fiscales a comunicar si están preparando oposiciones, una segunda actividad conflictiva, que a menudo se ha cobrado en sobres y en dinero B. Ortiz releva a Delgado en la Fiscalía, donde ha sido cuestionada desde el primer momento, e incluso se llegó a recurrir su nombramiento, y con la asociación donde militan ambos en horas bajas, tras perder con claridad las elecciones frente a la Asociación de Fiscales y ceder un representante por primera vez a APIF, una entidad también conservadora que hasta ahora no tenía representación en el Consejo Fiscal.

Hace unos meses a García Ortiz se le acusó de alargar artificialmente un expediente interno contra el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevaba piezas muy sensibles como el caso Villarejo, donde están acusados clientes del bufete de Baltasar Garzón, pareja de la todavía fiscal general. García Ortiz alegó que él se limitó a pedir diligencias que estaban previstas en la investigación interna a Stampa, que finalmente se quedó en nada cuando ya se había cubierto su plaza por un sustituto.

Antes de los nombramientos, Stampa no había recibido un solo voto en el Consejo Fiscal para revalidar su plaza, ni de la Unión Progresista de Fiscales, ni de la Asociación Conservadora, en la que milita. La votación del órgano que representa a la carrera no es vinculante, pero Dolores Delgado evitó renovar en el puesto a alguien que no había recibido ni un solo voto a favor, entre 11, para seguir en él. El apoyo para que supuestamente tenía Stampa del jefe de la unidad, Alejandro Luzón, para continuar en su puesto tampoco era tal, según se ha visto en los últimos meses. Las acusaciones contra Villarejo siguen su curso y el fiscal que acompañaba a Stampa sigue trabajando ahora con compañeros nuevos.    

Pese a ello, la sustitución de Stampa fue muy contestada, sobre todo puertas afuera. Quienes conocen a García Ortiz cuentan que los modos de Stampa (y de otros fiscales anticorrupción que sí tienen plaza fija) distan mucho del modelo de Fiscalía que tanto él como Delgado y el resto del equipo de la UPF prometieron en aquella gira y quieren representar: un trabajo discreto, alejado de los medios, que se plasme en los procedimientos judiciales.

A eso se ha dedicado Ortiz estas dos últimas décadas largas, primero en Baleares y después en Galicia, donde alcanzó notoriedad por ser el fiscal del Prestige, una macrocausa de cientos de miles de folios que instruyó desde su despacho en Santiago de Compostela enfrentándose a legiones de abogados que defendían a las petroleras y el conglomerado empresarial que había detrás del viejo petrolero. Pese a algunas presiones de la Fiscalía, y de un sector del PSOE, García Ortiz rechazó acusar a los altos cargos del Gobierno de Aznar responsables de la errática travesía del viejo petrolero que tiñó de negro las costas gallegas con sus 80.000 toneladas de chapapote. 

Muy cerca de las plazas donde se repetían manifestaciones multitudinarias contra el PP, García Ortiz buceó en informes y peritajes y en cientos de miles de folios para concluir que la catástrofe medioambiental ya estaba garantizada desde la primera grieta en el petrolero, que arrojó al mar decenas de miles de toneladas de fuel. El fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia repitió a todos entonces que él también tenía su opinión sobre la gestión política de la catástrofe, pero que técnicamente los altos cargos de Aznar no podían ser acusados, porque tras el primer vertido el daño ya estaba hecho. 

El fiscal general de entonces, Cándido Conde Pumpido, nombrado por el Gobierno de Zapatero y al que se alinea habitualmente con las tesis del PSOE, respetó la decisión de García Ortiz, entre un clamor de voces socialistas que pedían sentar a cargos del PP en el banquillo por la mayor tragedia medioambiental de la historia de Europa. El caso ha acabado en el Tribunal Supremo que ha condenado al capitán del barco, Apostolos Mangouras, a dos años de prisión por desobediencia y delito ecológico, y reconoce indemnizaciones por 1.500 millones de euros.

El choque con Feijóo por los incendios

Pese a que su nombramiento llevará la firma de Pedro Sánchez, García Ortiz conoce más a Alberto Núñez Feijóo. Hace no tanto el PP le montó una campaña por haber participado en una mesa redonda organizada por el PSOE sobre incendios forestales, en la que también se sentaron catedráticos de universidad y economistas y que abordó cuestiones técnicas relacionadas con la prevención de los fuegos. Los populares y sus medios afines llegaron a decir que Ortiz, habitual en este tipo de jornadas, había participado en un mitin socialista. 

Precisamente, el asunto de los incendios ha propiciado alguno de los choques más sonados con Feijóo cuando este era presidente de la Xunta y acusaba a supuestas mafias y terroristas de prender los montes gallegos. A las decenas de miles de héctareas que ardían cada verano respondía el presidente de la Xunta descargando la responsabilidad en las fuerzas de seguridad del Estado que según él no detenían a los integrantes de supuestas tramas ocultas que prendían los bosques. El argumento de los terroristas incendiarios ni siquiera era nuevo: el PP gallego lleva utilizándolo más de tres décadas sin que los supuestos integrantes de esas redes hayan sido detenidos, tampoco cuando Aznar y Rajoy estaban en La Moncloa y nombraban ministros del Interior.

García Ortiz nunca respondió en público a Feijóo, lo hacían las memorias de la Fiscalía que atribuían los fuegos a causas multidiversas, cada zona con problemas específicos, tras investigar uno por uno todos los grandes incendios con equipos especializados de la Guardia Civil y la Policía autonómica. 

La ceremonia se repitió durante años. Feijóo culpaba de los boques quemados –e incluso de los muertos en los fuegos– a terroristas incendiarios que la policía no detenía. Y en otoño llegaban las memorias de la Fiscalía que descartaban la existencia de terroristas apoyándose en los informes realizados por los cuerpos de seguridad del Estado. 

En esas estaba García Ortiz en Galicia cuando recibió el encargo de Dolores Delgado de mudarse a Madrid a ocuparse de la secretaría técnica, que coparon cargos vinculados a la Unión Progresista de Fiscales. Pese a los titulares que han arreciado contra él y de cierto fuego amigo propiciado por insignes fiscales que abandonaron la UPF lamentando la deriva de la asociación y la gestión de Delgado, estos últimos años ha defendido el trabajo callado que se ha hecho en la Fiscalía, el que no sale en recortes de prensa ni tertulias. A esa transformación continuaba dedicado cuando hace un par de semanas recibió la oferta de Delgado para que le sustituyese en el puesto. El objetivo de García Ortiz es modernizar la carrera, sobre todo hacia dentro, y adaptarla a los nuevos tiempos para cuando llegue el día y sean los fiscales los que asuman la investigación de los casos en España y los jueces ejerzan de árbitros en el procedimiento. La reforma pendiente de la Justicia en España.