Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania han situado a España, y también al conjunto de la Unión Europea, en el centro de una tormenta perfecta que amenaza con hacer brotar un estallido social de descontento contra los gobiernos. La nueva crisis llega, además, cuando se estaba vislumbrando la salida de la pandemia, se reducía el desempleo y existían previsiones optimistas de crecimiento por parte de todos los organismos internacionales. Aunque la inflación y el encarecimiento de los precios, especialmente los de la energía, eran preocupantes desde hace meses, la guerra no ha hecho más que agudizar esas subidas, provocando una importante movilización de los sectores más afectados, especialmente del transporte, que vaticina problemas de distribución. El Gobierno acusa a la extrema derecha de alentar las movilizaciones mientras se esfuerza por defender su gestión y aguantar la presión para que tome medidas sin esperar a la UE, que es la pretensión de Pedro Sánchez.
Desde el inicio de la contienda, los combustibles no han parado de encarecerse. Esta semana el precio del gasoil en España alcanzó, de media, los 1,82 euros por litro, 40 céntimos más que antes de que comenzara la invasión de Ucrania lanzada por Vladimir Putin. La gasolina también se ha encarecido desde entonces. Esta semana podía adquirirse a 1,84 euros por litro, unos 30 céntimos más que antes de la guerra. El pool eléctrico –que establece los precios de la energía– también ha alcanzado cifras récord a raíz de la guerra. La tarifa más cara se pagó el día 8 de este mes cuando el mw/h alcanzó los 544 euros, si bien este sábado había descendido ya a 221 euros. Y el último dato del IPC, conocido en febrero, situó la inflación en el 7,6%, la más alta en 30 años.
El escenario no es ajeno a los líderes europeos, que se reunirán la próxima semana para abordar la respuesta que da la UE para amortiguar los efectos de su propia dependencia energética. Aunque en Moncloa han visto una oportunidad para acometer los cambios en el mercado energético que reclaman desde hace meses, el temor a que la respuesta sea tibia ha llevado a Pedro Sánchez a intensificar la presión sobre el resto de estados. El Gobierno insiste en que hay que esperar a la respuesta que den los 27 en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo y, a partir de ahí, configurar el plan nacional de respuesta a la guerra, mientras aguanta la tensión en las calles y de la oposición, que urge a tomar medidas ya.
A la espera de esas decisiones, la extrema derecha está tratando ya de aprovechar el contexto económico para agitar la protesta social y propiciar un clima de caos y de descontento callejero que pueda beneficiarle electoralmente. Se trata de una actitud que líderes europeos temen que pueda extenderse por todo el continente, en una suerte de movimiento como el de los chalecos amarillos de Francia, pero a nivel de la UE.
En España Vox ha salido este sábado a la calle en el centro de Madrid bajo el lema “El Gobierno te está saqueando. ¡Sal a defenderte”. El partido de Santiago Abascal trata de rentabilizar el hastío ciudadano con los precios del gasoil o la electricidad, que en las últimas semanas no han parado de escalar hasta alcanzar cotas nunca antes vistas, cargando contra el Ejecutivo de coalición, su presidente, Pedro Sánchez, y “las élites de Bruselas”.
“Transportistas, empresarios, autónomos, familias y trabajadores viven asfixiados como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez, que han desembocado en la subida de combustible, imposición de nuevos peajes, incremento en el precio de la luz o el anuncio de nuevos impuestos verdes”, señalaba la extrema derecha en su convocatoria, obviando en todo momento los efectos que ha podido tener en esos incrementos sin precedentes los acontecimientos en Ucrania. “Es hora de salir a la calle a defender lo nuestro y a los nuestros”, ha repetido en los últimos días Santiago Abascal.
El miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder de Vox advirtió a Sánchez de esas protestas que él mismo ha convocado. “Salga a la calle si usted puede y no viaje tanto”, le dijo Abascal. “Europa prevalecerá. Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya”, le contestó el presidente. El PP, por su parte, exige bajar los impuestos como única receta para abaratar la energía sin esperar a la UE y así se lo planteó al Ejecutivo en la reunión que mantuvieron esta semana en busca de un pacto de Estado para hacer frente a las consecuencias de la guerra. “Baje impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de recortar ministerios hoy mismo”, le dijo la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, a Sánchez esta semana. Mientras, el candidato a presidir el partido, Alberto Núñez Feijóo, repite en cada acto de campaña interna ese mantra de bajar tributos hasta el punto de afirmar que el Gobierno “se está forrando” con el incremento de precios, pese a que los tributos de la luz y los combustibles van a parar en su inmensa mayoría a comunidades autónomas como la que él aún preside. Sánchez se ha comprometido a bajar esos impuestos, aunque defiende, no obstante, que no es suficiente.
Protestas de agricultores y ganaderos
A la movilización del sábado se suma otra marcha que ha tenido lugar este domingo, también en la capital, oficialmente para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan, pero que ha buscado, como la movilización de este sábado, denunciar las alzas de precios que también están asfixiando a agricultores y ganaderos. La cita estaba prevista, no obstante, antes del incremento desorbitado de los precios que se ha producido en las últimas semanas coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania. Pero ahora cuenta, si cabe, con más visibilidad.
Los convocantes son sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros tantos relacionados con el mundo rural. A ellos se han sumado PP y Vox, con el fin de aprovechar esa protesta para cargar de nuevo contra el Gobierno, al que los dos grupos responsabilizan en exclusiva de la situación económica. También dentro de la derecha existe una cierta ansiedad por hacerse la foto con quienes protestan contra Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este viernes a Alianza Rural, uno de los organizadores de la marcha. Inmediatamente después, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, publicaba un vídeo en las redes sociales solidarizándose “con la gente del campo”.
Las dos protestas tienen lugar en medio de un paro de transportistas y de otro de la flota pesquera, que permanecerá amarrada a puerto hasta el próximo miércoles por el “momento gravísimo” que sufre el sector tras la subida del precio de combustible.
La Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, una asociación que, según otros representantes del colectivo, es minoritaria pero muy activa y organizada, secunda la protesta. Los efectos del paro se han notado a lo largo de la semana en los principales centros de distribución de alimentos y los comerciantes temen que se pueda producir una crisis de desabastecimiento si se prolonga durante la próxima semana.
Aunque este paro, en teoría, se debe al alza de los precios de combustibles, la realidad es que esta asociación minoritaria expone múltiples exigencias para frenarlo. Van desde limitar la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista hasta la jubilación a los 60 años o la prohibición por Ley de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos. También reclaman la eliminación de las restricciones a camiones en periodos vacacionales y/o en puentes por días festivos. Desde el Gobierno recuerdan que tienen canales de diálogo abiertos con el Comité Nacional del Transporte, que es el interlocutor oficial del sector y con el que ya llegaron a un acuerdo para evitar un paro antes de Navidad.
División en el Gobierno sobre las protestas
La industria más afectada por el paro es la alimentaria. El miércoles, la patronal láctea ya comunicó que tendría que cerrar sus fábricas por problemas con los insumos que necesita para producir. Lo mismo ocurrió con el agua embotellada o con la cerveza, entre otras. Después de ellas, otras industrias han comunicado que tienen problemas para funcionar con normalidad, como los fabricantes de coches, la siderúrgica o la industria química. Fuentes del sector alimentario aseguraron esta semana a elDiario.es que el lunes y al principio de este paro la sensación generalizada señalaba que el impacto iba a ser limitado. Pero finalmente no ha sido así porque, según explican, se han desplegado piquetes muy organizados, violentos y con mucho conocimiento de dónde y cómo provocar disturbios para frenar la producción.
Mientras los partidos que forman la coalición ven con comprensión la movilización del campo, los ministros socialistas han cargado con dureza contra los promotores de los paros en el sector del transporte. “No se puede usar la falta de suministros para chantajear al Gobierno”, expresó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que como el resto de ministros socialistas que se pronunciaron al respecto acusó a “la ultraderecha” de alentar esa protesta “para hacerle el juego al villano de Putin”. Ante una movilización que ha supuesto un desafío para el Ministerio del Interior por la virulencia y dispersión geográfica de sus acciones, Sánchez evitó esa referencia, pero reclamó “calma y responsabilidad” ante unas conductas “minoritarias” que calificó de “vandálicas cuando no violentas”.
Su socio en el Gobierno se muestra, en cambio, más comprensivo con las protestas. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, emplazó este viernes al Ejecutivo a resolver la problemática que padecen los transportistas. “Que la ultraderecha esté aprovechando el malestar de algunos sectores para infiltrarse, para engañarlos (porque no defienden sus intereses) y para desgastar al Gobierno no significa que los problemas de esos sectores no sean reales. Muchos lo son, y el Gobierno debe resolverlos”, apuntó en un comentario en Twitter.
Los ministros de Unidas Podemos llevan toda la semana presionando a la parte socialista para que acepte su plan de crisis. El martes presentaron a su socio un documento con medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra. “Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas para que compensemos los daños sociales”, afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el jueves, en la línea de las propuestas planteadas también por la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. Ambas proponen también, entre otras medidas, “congelar la revalorización” de los alquileres. El socio minoritario reconoce que existe una “gran preocupación” por la situación económica, al menos en esa parte el Ejecutivo, y alerta de un posible empeoramiento del paro en las próximas semanas.
Pese a la presión, desde Moncloa se sostiene que hay que esperar a la respuesta que dé la UE, aunque varios países europeos ya han puesto en marcha medidas para paliar los efectos de los altos precios de los carburantes. El Ejecutivo también recuerda que ha activado mecanismos para aliviar el incremento de los precios, en referencia al paquete aprobado hace unos meses para abaratar el recibo de la luz. Sin embargo, no ha puesto en marcha ninguna medida concreta tras el estallido de la guerra.
Problemas de desabastecimiento en otros países de la UE
“Todos los gobiernos aquí presentes [expresó Sánchez junto a los primeros ministros de Italia, Portugal y Grecia], los 27, hemos puesto de nuestra parte para mitigar las consecuencias de este precio desbocado, pero lo que es evidente es que solo con soluciones europeas vamos a resolver este problema, que es europeo”, afirmó el presidente del Gobierno este viernes en una comparecencia en Roma, en el marco de la gira que ha emprendido para convencer a sus homólogos de la necesidad de desvincular el gas del precio de la electricidad o de al menos establecer un precio máximo. La intención de España –y también de Portugal– es acometer ese tipo de medidas, más allá de rebajas fiscales, independientemente de lo que se acuerde en la UE.
En la misma línea, el Gobierno sostiene que está tratando de solventar los problemas del sector primario. “Hay preocupación por los problemas, este es un Gobierno que trabaja por resolver, y sobre todo, por apoyar al sector”, dijo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, preguntado por la posibilidad de un estallido social del tipo del de los ‘chalecos amarillos’ de Francia, que empieza a inquietar en algunos sectores del socialismo. “Nuestro sector agroalimentario y nuestro campo es un pilar fundamental de la sociedad española, que nos permite abastecernos de alimentos, y hacerlo en una situación de absoluta normalidad y lo reiterado estos días, está asegurado el abastecimiento alimentario en nuestro país”, agregó Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó un decreto ley para hacer frente a la sequía con beneficios fiscales y créditos, entre otras cuestiones.
El problema del desabastecimiento no afecta solo a España. En países como Noruega o Hungría han sufrido sus efectos los fabricantes de fertilizantes, muy vinculados al coste del gas. También la industria del papel, por la misma causa, ha tenido que echar el freno a la producción en países como Austria o Italia. La siderurgia es otra de las industrias que está sufriendo en Europa la subida de precios de la energía. En el Reino Unido, el conglomerado Liberty Steel ha aprobado el paro de la producción en sus fábricas. En Grecia, cientos de agricultores, blandiendo verduras y banderas negras, han bloqueado el tráfico en el centro de Atenas para exigir que el gobierno les otorgue más ayudas para hacer frente a los altos costes de la energía
A los problemas de producción por los altos costes de la energía se suman también los de suministro de componentes y materias primas. Es el caso de la industria de la automoción en Alemania, donde empresas como Porsche, BMW, Volkswagen o MAN han tenido que reducir la actividad de sus fábricas. República Checa cuenta con otra importante industria del automóvil que ha tenido que echar el freno por la falta de componentes y el gigante francés Renault también ha anunciado esta semana paros en la producción en algunas de sus fábricas.