El próximo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defiende haber impartido clases en la escuela jurídica Schola Iuris como consecuencia de su “enorme vocación docente”. Este elitista instituto pertenece al psicólogo forense Ángel Benseny Pellicer, quien es socio de una empresa del conglomerado del comisario implicado en la Operación Cataluña José Manuel Villarejo. Maza ha respondido así a la cuestión planteada en la comisión de Justicia del Congreso por el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jaume Moya.
Schola Iuris mantiene su web y en ella ofrece un máster de Derecho Penal que costaría a los alumnos 14.000 euros. Dentro del claustro de profesores, junto a Maza, aparecen el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, o el exfiscal jefe de Madrid Manuel Moix. El próximo fiscal general, sin embargo, ha asegurado este miércoles ante la comisión de Justicia que la escuela dejó de impartir clases hace una década. “Ha desaparecido. Hace 10 años que acabó su historia y esto acabó”, ha dicho respecto a su colaboración con Schola Iuris.
Fuentes próximas a Maza han asegurado a eldiario.es que el magistrado del Supremo en excedencia desconocía las participaciones societarias de Benseny en otras empresas y, por tanto, sus posibles vínculos con el comisario Villarejo y terceras personas. Las mismas fuentes han añadido que Maza cobraba una cantidad pequeña por aquellas colaboraciones, que superaba en poco a lo que suelen retribuirle las universidades públicas con las que ha colaborado hasta ahora. Añaden que el fiscal va a solicitar al dueño de Schola Iuris que retire su nombre de la oferta para realizar el máster que aún consta en la página web.
En su intervención ante los diputados, Maza ha dicho: “Toda la vida he sido muy claro, me confieso ante todos ustedes culpable de algo, tengo una enorme vocación docente. Es frenética, es verdad”. El diputado Moya había sacado a colación el artículo de eldiario.es en el que el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo recuperó en 2014 una queja de dos años antes, formulada por un grupo de juristas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma, los juristas exponían los vínculos de magistrados del Tribunal Supremo, a través de esos cursos y otras actividades, con abogados de imputados en importantes casos de corrupción, como el caso Gürtel, o con denunciantes del juez Baltasar Garzón, condenado a la postre por el Alto Tribunal.
José Manuel Maza ha defendido este jueves que los magistrados “se aproximen a dar clase y a impartir algo de ciencia, de experiencia práctica”, al tiempo que ha recordado que es legal y “compatible”. En este sentido, ha añadido que la mayoría de sus colaboraciones no están vinculadas a la “docencia privada y costosa” sino a los colegios profesionales, principalmente de Madrid, pero también de Barcelona, San Sebastián o Almería. “En las privadas se cobra poquísimo”, ha recalcado.
El instituto jurídico Schola Iuris conserva su página web activa aunque dejó de presentar cuentas de su actividad en 2005. Su dueño, Ángel Benseny, es psicólogo forense en los juzgados de Madrid y se sienta desde 2011 en el consejo de administración de Cenyt Argo, que preside el abogado Rafael Redondo. Este letrado es socio de Villarejo en varios negocios y uno de sus máximos colaboradores.
El abogado de la Operación Cataluña
Redondo es la persona que fue a recoger a la estación de Atocha a Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, cuando ésta viajó a Madrid para denunciar en la Audiencia Nacional los presuntos delitos en los que habría participado el hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Así consta en la declaración que realizó Álvarez ante el juez Pablo Ruz. Posteriormente, otro hijo de Pujol declaró en sede judicial que el comisario Villarejo les había ofrecido tumbar la causa que afecta a la familia si intercedían para detener la ofensiva soberanista.
Según la denuncia de Jiménez Villarejo y otros juristas ante el CGPJ, el dueño de Schola Iuris y José Manuel Maza viajaron en noviembre de 2004 a México para firmar un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua, que permitiera que licenciados en derecho mexicanos cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de la escuela. La web de becas MBA se refería a este viaje exponiendo que “el preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)”.
El comisario Villarejo es dueño de un patrimonio millonario, según desveló El País en 2015. En la actualidad se encuentra imputado por participar en la presunta grabación ilegal a otros miembros de la Policía y dos agentes del CNI durante una reunión de la investigación al Pequeño Nicolás. El fiscal del caso se ha opuesto a la imputación del comisario jubilado el pasado verano.