El ministro del Interior atraviesa el momento más complicado desde que entró en política. La Fiscalía, el Defensor del Pueblo, las ONG, su socio de Gobierno, los aliados parlamentarios y la oposición cercan a Fernando Grande-Marlaska por su gestión de la crisis migratoria en la valla de Melilla que acabó con la muerte de, al menos, 23 personas. Obligado a comparecer de nuevo en el Congreso para dar más explicaciones, la figura de Marlaska empieza a evidenciar signos de un desgaste político del que tampoco se libra de puertas hacia adentro. Esta semana varios compañeros del Consejo de Ministros salieron en tromba a respaldarlo, seguramente la muestra más fidedigna de que se enfrenta a sus horas más bajas.
En público, la consigna del Ejecutivo es no regalarle al PP la posibilidad de cobrarse ninguna pieza política, y de ahí el llamamiento a ensalzar el trabajo del titular de Interior frente a la petición diaria de los de Núñez Feijóo de que dimita o sea cesado. “Absolutamente”, contestó Pedro Sánchez a la pregunta de si seguía respaldando a Marlaska en una entrevista el jueves en laSexta en la que también negó que fuera a cesarle. Antes, ministros como Félix Bolaños, María Jesús Montero, Reyes Maroto o José Manuel Albares también le habían mostrado su aliento. Pero en la Moncloa no ignoran que la tragedia de Melilla se ha acabado traduciendo en un severo debilitamiento de la figura de su ministro, que ya tuvo muchas papeletas para salir del Ejecutivo en la profunda remodelación que llevó a cabo Pedro Sánchez en julio de 2021 y de la que, finalmente, se acabó librando.
Dentro de la parte socialista del Ejecutivo, Fernando Grande-Marlaska es considerado como uno de los ministros de perfil más conservador y de los que menos simpatías despierta entre la izquierda. Un perfil labrado durante una trayectoria judicial cercana siempre a la órbita del PP. Nombrado en su día vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los populares, su nombre también salió como candidato a Fiscal General del Estado de mano de la derecha. Aunque acabó siendo ministro del PSOE.
La experiencia de la legislatura demuestra que la Moncloa es favorable a andarse con pies de plomo en un departamento especialmente delicado por la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, nadie es capaz de descartar que si la crisis de Gobierno que debe convertir a las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto en candidatas a las municipales es algo más profunda, Marlaska pueda ser relevado. “Si ha hecho gala de algo es de un cumplimiento estricto de la legalidad y de su empatía con la dimensión humana de la migración”, se limitó a comentar Sánchez en laSexta.
Las imágenes
Pero el drama migratorio del pasado 24 de junio en Melilla está aún lejos de dejar de ser un quebradero de cabeza para el ministro del Interior. Cuatro meses después de la tragedia, aún no se han difundido de forma íntegra las grabaciones oficiales a pesar de las críticas por la gestión de Interior en la valla y tras las informaciones publicadas que contradicen la versión de Marlaska y las fuerzas de seguridad españolas.
Esta misma semana la Fiscalía le daba un nuevo revés e indicaba que las imágenes remitidas no estaban completas tras detectar saltos temporales en el vídeo, algunos de ellos en momentos “relevantes” y que impiden ver con claridad lo que sucedió, por lo que exige el envío de todas ellas para poder llevar a cabo los trabajos de investigación. Desde el departamento de Marlaska han respondido al Ministerio Público que ya había sido enviado “todo el material audiovisual” recogido sobre los hechos. “El material del que no disponen es sencillamente porque no existe”, aseguran.
Las pesquisas abiertas en la Fiscalía se iniciaron con el objetivo de esclarecer y buscar posibles responsabilidades sobre lo ocurrido en la frontera el pasado 24 de junio. El caso nació con dificultades para prosperar dado que los fiscales españoles no pueden investigar hechos ocurridos en otro país y, aunque existen dudas sobre el lugar donde se produjo una parte de la avalancha, todos los cuerpos sin vida de las víctimas se encuentran en Marruecos. No obstante, el fiscal podría decidir judicializarlo, lo que ampliaría la capacidad para conocer más detalles sobre cómo y dónde se produjeron las muertes.
Son varias las cuestiones clave pendientes de resolver sobre lo ocurrido el 24 de junio en el lado español de la frontera. Y su esclarecimiento pone a prueba la imagen de Marlaska, que ha defendido desde el inicio que todos los hechos “importantes” de la tragedia ocurrieron en Marruecos. Pero la emisión íntegra de las imágenes puede aclarar si una parte de la avalancha mortal, en la que varias personas perdieron la vida, tuvo lugar en suelo español.
La falta de asistencia sanitaria a los migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, que se encontraban unos sobre otros, formando un embudo, en la puerta que conecta Marruecos con España es otro de los aspectos que deben ser analizados en las grabaciones oficiales. Según los medios que han tenido acceso a estos vídeos (El País y la Cadena SER), una parte de los hechos que derivaron en los fallecimientos habría tenido lugar en suelo melillense y las autoridades españolas no prestaron asistencia sanitaria a personas en riesgo. Interior lo niega.
Crítica de los diputados
Aunque Fernando Grande-Marlaska insiste en que no ocurrió “ningún hecho trágico” en suelo español durante aquel salto masivo, la mayor parte de miembros de la comisión de Interior que viajaron esta semana a Melilla opinan justo lo contrario. “La avalancha se produjo en territorio español al romperse la puerta de entrada de acceso controlado por las autoridades españolas. Hemos visto en las imágenes gente y cuerpos en el suelo, desconocemos si muertos o heridos, pero en territorio español”, cuenta el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, tras el viaje a la frontera. “El Gobierno no puede seguir actuando como la avestruz, se debe facilitar por los partidos que apoyan al Gobierno la creación de una comisión de investigación para dilucidar por qué ocurrió esa tragedia y para tomar medidas para que algo así no se pueda volver a repetir”, añade. Una postura que respaldan otros socios como Unidas Podemos, ERC, Compromís o Más País.
Para el PP, que no parece dispuesto a apoyar esa comisión de investigación, sí existen, en cambio, razones sobradas para que Marslaka salga del ministerio. “Marlaska debe irse por dignidad hoy mejor que mañana y, si no lo hace, Sánchez debe cesarlo inmediatamente”, dijo esta semana la portavoz popular de Interior, Ana Belén Vázquez. Los de Feijóo sí han exigido una nueva comparecencia del ministro porque, a su juicio, “mintió en sede parlamentaria” durante su comparecencia del mes de septiembre, así como que ponga a disposición de los diputados las imágenes de seguridad de aquel fatídico día.
El Defensor y las ONG
Hace menos de un mes fue el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el que dio un severo varapalo a Marlaska. En un informe hecho público el 23 de octubre concluyó de forma preliminar que el Ministerio de Interior incumplió la legalidad en las 470 devoluciones realizadas por la Guardia Civil durante el salto de la valla de Melilla. Aquel día, los migrantes retenidos en el lado español de la alambrada fueron retornados por los agentes en una actuación defendida por el ministro del Interior. El equipo de Ángel Gabilondo recordó al Ejecutivo que los “rechazos en frontera”, conocidos como devoluciones en caliente, deben seguir un procedimiento individualizado. Según contaron una decena de supervivientes de la tragedia a elDiario.es, entre las personas retornadas, la mayoría refugiados sudaneses, había heridos y menores de edad.
El organismo sigue investigando lo sucedido en la frontera y, como la Fiscalía, solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad más grabaciones oficiales de la tragedia, al considerar que las imágenes aportadas contenían saltos temporales. Sus futuras conclusiones, aunque no son vinculantes, también podrán arrojar luz sobre las contradicciones existentes entre la versión de Interior y las últimas informaciones publicadas.
A las críticas se ha unido un grupo de reconocidas organizaciones -entre las que se encuentran la Coordinadora Española de ONGD para el Desarrollo, Amnistía Internacional, Coordinadora de Barrios o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)-, que esta semana han enviado una carta al presidente del Gobierno para exigir una “investigación independiente” de la tragedia de Melilla. “El hecho de que las operaciones en la frontera se hayan realizado por los cuerpos de seguridad de los dos países no debe obstaculizar la necesaria rendición de cuentas y atribución de responsabilidades”, sostiene la misiva.
La investigación de Ceuta
No solo el caso de la tragedia de Melilla ha colocado a Grande-Marlaska en el foco de las críticas por los abusos vinculados a su política migratoria. Si bien Pedro Sánchez, a su llegada a la Moncloa, utilizó una serie de medidas sobre inmigración -la acogida del barco de rescate Aquarius, la supuesta recuperación de la sanidad universal y la retirada de las concertinas de las alambradas- como golpe de efecto para intentar transmitir un cambio con respecto a las políticas del pasado, pronto regresó la mano dura a la gestión fronteriza. El giro en el enfoque de estas políticas, lideradas por Interior, empezó a ser notable en cada pico de llegadas de migrantes y refugiados -excepto en el caso de los ucranianos-. Desde Interior se practicaron y se defendieron las mismas devoluciones en caliente que el PSOE se había comprometido a erradicar. Atrás quedó el dispositivo humanitario ejemplar activado en Valencia para recibir a los rescatados del buque de la ONG Médicos Sin Fronteras cuando, dos años después, los migrantes desembarcados en Canarias eran recibidos en el llamado “campamento de la vergüenza”, en el puerto de Arguineguín, en condiciones insalubres.
Pero si Marlaska ya llegaba tocado a la tragedia de Melilla por su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta, cuando más de 10.000 personas entraron en España sin encontrarse oposición de las autoridades marroquíes. El operativo de expulsión de menores de la ciudad de agosto de 2021 es otro de los grandes escándalos que aún pesa sobre el ministro. Un juzgado ceutí investiga a la ya exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y a la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, por un posible delito de prevaricación continuada por no cumplir con lo establecido por la Ley de Extranjería en el dispositivo de retorno, pactado entre Interior y Marruecos para devolver a los menores llegados a la ciudad autónoma en mayo de 2021.
Los chavales fueron expulsados sin ningún procedimiento y sin atender sus posibles vulnerabilidades. El ministro defendió a ultranza la expulsión de estos menores, aunque ha intentado quitarse toda la responsabilidad sobre la aplicación del operativo, que vulneró las garantías de la normativa de infancia. Según Interior, el Ministerio se limitó a acordar el retorno de los menores y apunta que la Delegación del Gobierno -que depende de Interior- y el Ejecutivo de la ciudad fueron quienes lo llevaron a la práctica.
No obstante, de las declaraciones recogidas por la Fiscalía se desprende que el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, fue conocedor de las decisiones ligadas a las expulsiones y fue advertido de la irregularidad de cualquier retorno de un menor que no cumpliese con la Ley de Extranjería.