“Que su hija haga lo que quiera”. Con estas palabras defiende ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin la necesidad del consentimiento de sus padres. La dirigente madrileña se alinea así con parte de la reforma de la ley del aborto que ultima el Gobierno para eliminar ese requisito de la autorización paterna que ya recogió la ley de 2010 aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que después, en 2015, volvió a ser recuperado por Mariano Rajoy. La nueva posición de Ayuso supone así una enmienda a la totalidad a su propio discurso de hace solo unos meses, pero también a la estrategia política y judicial llevada a cabo por su partido, el PP, desde 2010, y que se mantiene doce años después bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo.
El equipo jurídico de la formación conservadora, encabezado entonces por el exministro Federico Trillo, presentó ese mismo 2010 ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de Zapatero que eliminó el consentimiento paterno. En el texto, que aún no ha recibido respuesta por el citado tribunal pero que se ha mantenido desde hace doce años con los distintos líderes del PP –y ahora con Feijóo–, los populares consideran que ese derecho a interrumpir voluntariamente sus embarazos para las mujeres de 16 y 17 años es “manifiestamente inconstitucional” y que “se disminuyen las garantías de la menor gestante”.
El PP también señala en su recurso que retirar la obligación del consentimiento paterno “impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, les impide también que le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho de gran trascendencia y se aminoran las garantías de la vida del nasciturus”. “Esta previsión de la nueva ley supone una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones e ignora las responsabilidades que les son inherentes en el ejercicio de la patria potestad”, señaló en 2010 la dirección de los populares.
Los argumentos son muy similares a los que empleó el propio Feijóo hace dos semanas. “Si la legislación en España prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo el líder del PP, que considera que si las menores no cuentan esa decisión a sus padres se produce “una ruptura de afectividad” en un momento “muy difícil”, que es cuando una joven “debe tomar una decisión de esa categoría”.
La dirección actual del PP reivindica, por tanto, la breve reforma de la ley del aborto que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy –tras constatar que una más amplia y restrictiva, la defendida por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no contaba con el respaldo social suficiente– que derogó parte de la de 2010 recuperando el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar, y que es el texto vigente a la espera de la contrarreforma planteada por el Gobierno progresista.
Este martes, el propio Feijóo utilizaba el mismo argumento –“No parece razonable que una menor que no puede conducir o votar, pueda abortar sin ni siquiera conocimiento de sus padres”–, pero iba un paso más allá al proponer que sea un juzgado de familia quien decida en caso de discrepancias entre la mujer y sus padres.
La presidenta que hablaba del aborto como “método anticonceptivo”
Ayuso, que ahora discrepa de la estrategia de la dirección de su partido durante los últimos doce años, también la apoyaba hace solo unos meses. En mayo, en una entrevista en Telecinco, la presidenta madrileña consideró “tremendo que los padres no puedan opinar sobre sus nietos” en alusión a los planes del Ejecutivo de eliminar el consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar.
Para Ayuso, el plan del Gobierno implicaba “que a las mujeres no les pidan reflexión y tranquilidad para decidirlo”. También consideró hace solo cuatro meses que la reforma de Igualdad planteaba el aborto “como un método anticonceptivo”. “Jamás criminalizaría a nadie por hacerlo [por abortar], pero creo que se está haciendo como un debate de personas malcriadas”, dijo, antes de realizar una suerte de imitación: “‘¡Ay, es un estorbo! ¡Quítatelo! ¡Eso es tuyo! ¡Es tu cuerpo, tu tal...!’. Yo creo que el debate es más serio”.
A apenas ocho meses de las elecciones autonómicas en las que volverá a tratar de refrendar su cargo de presidenta madrileña, Ayuso ha modificado sustancialmente su discurso, que ahora choca con doce años de estrategia judicial del PP. A su juicio, los padres no deben obligar a sus hijas de 16 o 17 años a abortar, aunque sí ha defendido que deben tener conocimiento de que van a tomar esa decisión. “Yo creo que tiene que abortar. Si tiene claro que no quiere seguir con ello, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado”, afirmó el pasado día 1 en una entrevista en Onda Cero.
La presidenta madrileña consideró que si bien el padre debe tener el conocimiento, no puede presionar para que aborte o para que no: “Respeto merecido para que su hija haga lo que quiera”. Ayuso añadió que ella está a favor del “aborto legal y seguro” pero también “poco frecuente”, por lo que pidió más “educación, más concienciación y más hablar con los jóvenes, que están muy solos”.
“Efectivamente hay distintas posiciones, posiciones personales, y lo único que se modificó efectivamente por parte del presidente Rajoy es el artículo que refiere que las menores de edad necesitan el consentimiento de los padres para abortar”, aseguró poco después el propio Feijóo, tratando de restar importancia al giro emprendido por Ayuso, que choca con su propia visión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Al líder del PP le parece “razonable” esperar a que el Constitucional se manifieste acerca del recurso presentado en 2010.
En todo caso, Feijóo defendió las discrepancias con Ayuso con las siguientes palabras: “Lo que estamos de acuerdo es que una menor no puede abortar sin conocimiento de los padres. Muchos miembros del partido dirán que además con el consentimiento. La ley que aprobó el PP dice que cuando hay discusión entre la menor y padres sea el juzgado de familia el que decida quién tiene la razón”. Esta semana volvió a incidir en el asunto: “Es un asunto muy complejo. Porque están los derechos del concebido no nacido, que debemos de proteger, y está también la decisión de la madre, que tiene que tomar una decisión importante para su vida”.
Mientras tanto, la presidenta madrileña volvía a emplear contra la izquierda su tono más duro en la Asamblea. “Un disparate es lo que están haciendo ustedes con la juventud, a quienes les dicen solas, borrachas y aborten todas las veces que quieran”, acusó desde la tribuna, donde también defendió la libertad de los médicos que así lo deseen para no practicar abortos y que “no se puede borrar el historial de una mujer que ha sido sometida a una intervención quirúrgica, a un aborto”.
“Hemos acabado con una vida, la hemos abortado, porque no se interrumpe”, aseguró Ayuso, que considera que “no puede ser que estemos ahora mismo en España con unas cifras de 100.000 abortos al año, mientras hay tantas familias que quieren adoptar, que tienen necesidades”.