Quedan aproximadamente 24 horas para una de las votaciones más importantes para el Gobierno. Otra más. La convalidación del real decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Ucrania pende de un hilo. Los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición defienden su contenido, pero el escándalo del espionaje políticos a políticos independentistas, activistas y abogados deja en el aire su apoyo. Tanto ERC como EH Bildu exigen una actuación clara ante el uso de Pegasus por parte del CNI que vaya más allá de la activación de la comisión de secretos oficiales. Ante la posibilidad real de que el decreto ley decaiga, Pedro Sánchez ha activado la opción b: buscar el respaldo del PP.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha iniciado este mismo miércoles una ronda de reuniones con algunos grupos parlamentarios. El Gobierno necesita más síes que noes en la votación del jueves, por lo que incluso un número suficiente de abstenciones podría permitir la aprobación del real decreto ley solo con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos y algún otro grupo minoritario. Pero si ERC, Bildu e incluso el PNV, quienes han asegurado a lo largo de la mañana no tener decidido su voto, votan no, la participación del PP se hace imprescindible. Con todo, Bolaños no ha llamado en toda la mañana a la portavoz, Cuca Gamarra.
En el partido de Alberto Núñez Feijóo están dispuestos a sostener al Gobierno, pero a cambio de que Sánchez asuma algunas de las medidas que el PP plantea en el documento que remitió el viernes pasado a Moncloa y que, de momento, se ha estrellado con el no del Gobierno.
Feijóo ha designado interlocutor económico con el Gobierno al vicesecretario y consejero andaluz Juan Bravo. Fuentes de Génova confirman que el primer contacto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se produjo el martes por la noche. Fuentes del PP aseguran que Montero dijo que no se ha leído el documento y que se limitó a pedir el apoyo sin contrapartidas. Así, desde la dirección nacional del PP sostienen que el Gobierno “quiere una abstención a cambio de nada”, mientras ellos están dispuestos a votar sí si admiten parte de su propuesta. “Ahora son ellos los que están diciendo que no a la propuesta del presidente Feijóo”, zanjan las mismas fuentes.
“Si nadie nos llama o no se abordan las cosas con normalidad, no lo vamos a apoyar. Han hablado con otros grupos, hay tiempo para hablar con el principal partido de la oposición”, han asegurado fuentes de la dirección nacional “Si quieren, llaman y hablamos”, añaden. Y zanjan: “Podemos votar que no”.
ERC , PNV y Bildu, en el aire
Los aliados habituales del Gobierno han puesto en duda su apoyo al real decreto ley durante la sesión de control de este miércoles. El presidente Sánchez ha pedido a ERC (el socio más numeroso con 13 diputados y uno de los principales objetivos del espionaje del CNI) que vuelva al diálogo y ha asegurado que la actuación de los servicios de inteligencia del Estado se han producido dentro de la ley.
Pero las respuestas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, además del rechazo a dar explicaciones sobre el espionaje más allá de la comisión de secretos oficiales ha puesto en guardia a los partidos independentistas y nacionalistas. Los 24 votos de republicanos y vascos (PNV y EH Bildu) están en el aire. “Las confianzas están rotas y esto pone en riesgo la gobernabilidad”, ha dicho el diputado vasco Jon Iñarritu, uno de los espiados. También los de Junts u otros partidos minoritarios, como el BNG.
Así las cosas, en apenas unas semanas el Gobierno ha visto cómo la convalidación de un decreto ley que incluye, por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos en el combustible, la ampliación del ingreso mínimo o del bono social energético pasaba de ser algo hecho a depender bien de investigar parlamentariamente lo ocurrido en el CNI, incluso las dimisiones de la directora del centro o de la propia Robles, como han exigido desde ERC; bien por asumir la bajada masiva de impuestos que propone el PP, y que el Ejecutivo ha negado de forma reiterada con los informes del FMI y de la Comisión Europea en la mano, como ha vuelto a hacer este mismo miércoles Pedro Sánchez. Y quedan menos de dos meses para las elecciones andaluzas.