El Gobierno alerta a la Fiscalía de que el nuevo plan de acogida de menores migrantes de Canarias “pone en riesgo” los derechos de los niños

El Ministerio de Juventud e Infancia ha enviado un informe a la Fiscalía de Menores en el que advierte sobre el posible impacto del protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias para la recepción de menores migrantes no acompañados. El Ministerio señala que las medidas impuestas por el Ejecutivo canario podrían constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de los niños que llegan a las costas de la comunidad autónoma, y ser contrarias tanto la legislación española como los acuerdos internacionales de protección infantil.

Este jueves, el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, anunció dicho protocolo, que introduce una serie de requisitos previos a la entrada de los menores migrantes en el sistema de acogida autonómico. Entre estas exigencias, están por ejemplo la identificación individualizada de los menores, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (RMENA) y la emisión de una resolución administrativa por parte del Estado, todo ello antes de que los niños puedan acceder a los centros de protección de la comunidad autónoma.

Según el Ejecutivo canario, el objetivo del plan es evitar el desorden que ha dominado el proceso hasta ahora y garantizar la  la “necesaria ordenación” de los niños para su “atención inmediata”. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha mostrado su preocupación ante las posibles consecuencias de este protocolo y advierte a la Fiscalía de que, “con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo”, según comunican fuentes del Ministerio de Sira Rego.

“[El protocolo] vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, recuerda el organismo. “Supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando su protección en el territorio autonómico contraviniendo los derechos reconocidos por la CDN y no realizar una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor en la medida que del acto de la Comunidad Autónoma se desprende una actuación clara que reduce la efectividad de los derechos de las personas menores de edad”

Según el informe, las nuevas medidas ralentizan la protección de los menores y, en consecuencia, limitan la efectividad de sus derechos en un momento especialmente vulnerable para ellos. Esta situación, afirman fuentes del Ministerio, es contraria a la obligación de los poderes públicos de actuar de manera proactiva para garantizar el bienestar de los menores en todas las circunstancias, y critican que el protocolo canario podría estar contraviniendo el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección de menores.

La propia Fiscalía ya había avisado al Gobierno canario que denunciará un delito de abandono si no acoge a los menores migrantes. En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, daba instrucciones a los fiscales del Archipiélago sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento “la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia” a la acogida de un menor migrante en un centro de la Comunidad Autónoma cuando este haya sido “debidamente reseñado” conforme al protocolo nacional de 2014.

“La Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados”

Mientras, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha negado este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o estarán en situación de abandono, y ha garantizado que el Ejecutivo regional acatará las instrucciones de la Fiscalía. “La Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados y nosotros estamos a la entera disposición de seguir cuidando a estos niños, no sé si como se merecen, pero lo que no haremos nunca es abandonarlos”, ha asegurado antes de presidir una reunión de la junta directiva autonómica del PP.

El vicepresidente canario ha enfatizado que lo que pretende su Gobierno es simplemente “que se cumpla la ley”. Hasta el momento, dice el Ejecutivo canario, los menores simplemente eran entregados por la Policía Nacional a las ONG encargadas de su acogida mediante un listado, una especie de “entrega grupal” sin identificaciones que ha provocado alguna “confusión de identidades” entre ellos. Domínguez ha afirmado que el plan pretende “que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora” y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y “de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor”.

El nuevo protocolo se publica en medio de la creciente tensión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central por la responsabilidad de la gestión de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo canario defiende la necesidad de establecer este tipo de controles para evitar una mayor saturación de sus centros de acogida, que ahora mismo albergan ya a más de 5.300 menores. El Gobierno de España, por otro lado, está revisando el protocolo con sus servicios jurídicos para verificar si invade competencias exclusivas del Estado, como la tutela de los menores migrantes, según anunció el mismo jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Torres insistió en la importancia de coordinar responsabilidades.

El plan canario ha despertado también la oposición de Podemos, que cree que “está fuera de lugar” y generará “situaciones de indefensión” a los niños “poniendo la burocracia por delante de su protección”. “Desde Podemos Canarias se defiende una protección integral desde el primer momento sin que las cuestiones burocráticas supongan un menoscabo o violación de los derechos de la infancia migrante”, señaló la organización en un comunicado el viernes.