El Gobierno da “un paso más en la persecución de los oligarcas rusos que son objeto de sanciones de la UE tras el ataque a Ucrania. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que contiene un ”sistema excepcional“ para perseguir los bienes que estén puestos a nombre de testaferros y que no puedan ”burlar“ esas sanciones, según ha explicado la portavoz, Isabel Rodríguez. El decreto ley persigue eliminar los ”obstáculos“ existentes actualmente al facultar a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles para que puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles facilitando la persecución de aquellos que pertenecen a personas sancionadas y que, a juicio del Gobierno, están ”financiando“ la guerra.
La fórmula contempla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan que emitir un “informe previo” para acreditar “la existencia de indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes pudiera ser un oligarca ruso objeto de investigación”, según el Ministerio de Justicia, que es el que ha pilotado la propuesta junto a Hacienda.
“Si ya se encuentran embargadas las propiedades registradas a sus nombres, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran estar a nombre de terceros, agrega el departamento que dirige Pilar Llop. Desde que se comenzaron a aplicar las sanciones, España ha inmovilizado un total de doce cuentas y fondos de oligarcas y tres embarcaciones de ”lujo“, según explicó el jefe de gabinete del presidente, Óscar López, en su comparecencia este lunes en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso. También se ha actuado sobre 23 inmuebles.
Las sanciones afectan a unas 700 personas próximas al Gobierno de Vladimir Putin. La intención de los aliados es asfixiar económicamente a estas personas a las que se les atribuye un apoyo al régimen ruso. Uno de los mayores oligarcas del petróleo es dueño de los pisos más caros de España: Vagit Alekperov, presidente de Lukoil, es el principal accionista, mediante un trust en Guernsey, de la propietaria de una promoción de viviendas de superlujo en Barcelona. La intención del Gobierno es estrechar al máximo el cerco sobre estas personas para que no puedan seguir disfrutando de sus fortunas en el extranjero a través de personas interpuestas.
Además, el decreto ley incluye un “procedimiento específico para realizar los pagos de las nóminas del personal, así como otras obligaciones de las representaciones españolas en el exterior, con fondos propios, minimizando el posible uso del sistema financiero ruso”, según explica Justicia. “Mediante esos pagos directos, se evita recurrir a entidades financieras rusas que, aun no estando sujetas a las sanciones europeas, podrían suponer un riesgo de evasión de las mismas”, agrega en una nota.