El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la subida salarial de hasta 450 euros mensuales pactada la pasada primavera con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Según fuentes del Gobierno se trata de un aumento medio del 7% en las retribuciones de estos empleados públicos que se actualizará de forma progresiva.
El Gobierno logró salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un pacto para subir sus salarios hasta 450 euros al mes en 2024. El acuerdo prevé que el 40% de esa cantidad se cobre con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El 80% se cobrará a partir del 1 de enero del año que viene y el 100% desde julio de ese año. En este caso, el desembolso del Gobierno es de 46,7 millones de euros. El acuerdo fue suscrito por todas las asociaciones salvo por la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que consideró “insuficiente” esa subida salarial.
El salario bruto anual de los jueces durante este año alcanza los 75.335 euros, según los datos que manejó el Gobierno en la negociación con las asociaciones. No obstante, prácticamente uno de cada tres cobra una cantidad inferior. Entre los que están por encima de esa cifra, el 31,45% supera los 75.000, el 16,92% está por encima de los 80.000, el 12,34% cobra más de 85.000 euros, el 7,89% más de 90.000 euros, el 0,48% más de 95.000 euros y el 2,18% más de 100.000 euros. Entre estos últimos están los magistrados del Tribunal Supremo, que cobran 109.072,40 euros, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre los fiscales, el salario medio durante este año será de 75.335 euros brutos, aunque el 40% de la carrera no llega a esta cifra, según las cifras que manejaron los negociadores del Gobierno. Casi uno de cada cuatro –el 24%– está por encima de los 80.000 euros. Un 7% cobra más de 90.000 y un 5% supera los 100.000. El segundo grupo con más peso, que supone el 23,04%, cobra más de 55.000. Son cifras que, en todo caso, están por encima de los sueldos medios en el sector público, que se situó en 39.299,4 euros brutos anuales en 2021, según datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Antes de ese pacto con jueces y fiscales, el Ejecutivo había acordado sumar hasta 450 euros brutos a las nóminas de los 4.379 antiguos secretarios judiciales, que mantuvieron durante dos meses una huelga que dejó 350.000 juicios y vistas suspendidos. En este caso, la partida es de 22,7 millones de euros. Según datos del Ministerio de Justicia, los letrados de la administración de Justicia cobran entre 39.011,80 y 60.826,79 euros brutos anuales, lo que supone entre un 80 y un 145% más que otros funcionarios de la Administración General del Estado de sus mismos niveles.
“Cumple con los acuerdos”
En las últimas semanas desde determinados ámbitos de la judicatura y la fiscalía se había especulado con la posibilidad de que el adelanto electoral del pasado julio frustrara esas subidas salariales, pues formaban parte de acuerdos amplios que, sobre el papel, tenían como objetivo la implantación “con garantías” de las modificaciones derivadas de las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que decayeron automáticamente tras la disolución del Parlamento.
Desde el Ejecutivo advirtieron que esas subidas estaban “pactadas” y que se iban a que se van a “llevar a efecto” independientemente de las leyes. Finalmente, el Consejo de Ministros las ha aprobado este martes. En rueda de prensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que este “incremento retributivo cumple con los acuerdos” alcanzados con asociaciones y sindicatos y supone una “actualización” del complemento de destino de estos funcionarios.
Tras conocer la aprobación, Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha declarado que “la actualización salarial de judicatura y fiscalía es un triunfo de la negociación, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la administración de justicia”, puesto que “no ha sido necesaria la huelga para alcanzar un acuerdo”.
No obstante, el Ejecutivo todavía no ha resuelto el conflicto laboral con los 45.000 funcionarios de las oficinas judiciales, que también reclaman mejoras laborales y retributivas y que se movilizaron con este objetivo hasta el adelanto electoral. Precisamente este martes está convocada una reunión entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios.
Los acuerdos que el Ejecutivo fraguó con jueces, fiscales y letrados llevó a los representantes de los funcionarios a calificar de “clasista” al Gobierno por el “agravio comparativo” que supone ofrecer mejoras salariales a los funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas, mientras no consiguió llegar a un acuerdo con los funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias, y cuyos sueldos son mucho más bajos.