Buenas noticias en el extranjero y muchas complicaciones en casa a un año de que empiece la campaña de las generales si siguen el calendario marcado. Pedro Sánchez vuelve a fiar su futuro para el tramo final de la legislatura a la respuesta que la UE vaya a dar a la crisis energética, que cada vez se acerca más a lo defendido por el Gobierno español. Tras doce meses de escalada de precios y una guerra a las puertas de Europa las instituciones comunitarias se abren ahora a la intervención y reforma del mercado, que hasta hace poco eran anatema en Bruselas. Igual que en la pandemia, el líder socialista enfrenta las consecuencias que deja la guerra en Ucrania con un escenario adverso en la política nacional, sin ningún apoyo de las derechas, y, esto es la novedad, con las encuestas en contra por el ‘efecto Feijóo’ que trajo consigo la destitución de Pablo Casado en el PP. El temor a que la inflación haga mella en el bolsillo de los ciudadanos sacude a un Gobierno que, por contra, cuenta cada vez con más reconocimiento e influencia internacional y que inspira muchas de las medidas que se han acabado aplicando en el continente –desde la energía, a la deuda común para unos fondos de recuperación en los que España está siendo pionera, pasando por el apoyo a esquemas como los ERTE durante la pandemia–.
Con una oposición anclada en el ‘no’ y haciendo malabares en cada negociación con los aliados para sacar adelante cada iniciativa parlamentaria, la presión que el presidente tiene dentro de las fronteras se disipa cuando España celebra cumbres como la de la OTAN y es felicitada por todos los países participantes o sale al exterior: esta misma semana fue invitado a la reunión del gabinete de la principal potencia de la UE, Alemania, en un claro gesto de respaldo a sus políticas.
Una situación a la que el PSOE pretende sacar rédito electoral en un momento en que las encuestas se le han puesto cuesta arriba. El sentir de muchos de sus dirigentes lo expresaba en Twitter el presidente asturiano, Adrián Barbón. “No recuerdo un hecho similar en nuestra historia política: hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participó en la reunión del Consejo de Ministros de Alemania para abordar la crisis energética europea y la Estrategia de Seguridad Nacional”, escribió sobre la invitación del canciller, Olaf Scholz, al mandatario español para hacer un frente común con el que presionar a Emmanuel Macron para que acepte el gasoducto Midcat que facilitaría el envío de gas desde la Península Ibérica al centro de Europa en un momento crítico por la dependencia del gas ruso. El diagnóstico es compartido por otros dirigentes que llaman la atención sobre la diferencia de la valoración de Sánchez en Europa y en la política doméstica.
Mientras la derecha política y mediática ha tratado de ridiculizar cada medida que el Gobierno ha propuesto para encarar la crisis energética, la coalición recibe oxígeno de las instituciones comunitarias. Los organismos europeos sistemáticamente han desmentido los fatídicos pronósticos del PP, especialmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, que se ha deshecho en halagos hacia Sánchez y ha llegado a asegurar que España “es un motor de la UE”. El elogio proviene de una dirigente del Partido Popular Europeo, ministra de Merkel entre 2013 y 2019, y poco sospechosa de abrazar las políticas antisistema que, PP, Ciudadanos, Vox y sus medios afines atribuyen al Gobierno de coalición.
En Moncloa sacan pecho del reconocimiento que Sánchez tiene a nivel internacional. “Ha hecho cosas que no se puede permitir cualquiera”, señalan fuentes socialistas en referencia a los golpes en la mesa que ha dado el presidente en algunas ocasiones, como cuando forzó una parada técnica en el Consejo Europeo en el que se negociaba el tope del gas o la negativa a los términos en los que la Comisión Europea planteó el plan de ahorro energético inicialmente.
Durante los cuatro años que lleva en el poder, Sánchez ha potenciado su perfil internacional y aspira ahora a pilotar la Internacional Socialista. “Los españoles valorarán la influencia del presidente Sánchez en Europa”, vaticinan esas mismas fuentes a raíz de la decisión de la UE de intervenir el mercado energético, algo que el presidente español lleva defendiendo desde el pasado otoño. De hecho, al cerrar el curso político adelantó que daría la batalla en Bruselas para desacoplar el gas del precio de la luz en toda la UE como sucede ahora de forma limitada en la Península Ibérica y el establecimiento de un tope al precio de las emisiones de CO2. En el primer acto de la campaña 'el Gobierno de la gente' que ha puesto en marcha el PSOE, Sánchez pidió a la Comisión Europea que “de una vez por todas haga las reformas en materia energética que España lleva pidiendo desde hace meses para defender a la clase media trabajadora y al tejido productivo”.
En el Gobierno están entusiasmados ahora con la posición del Ejecutivo comunitario porque consideran que les da la razón de nuevo frente a las críticas del PP, que había cuestionado la intervención del mercado energético al igual que se abstuvo en la votación del decreto en el que se implantó el tope para el precio del gas con el que se genera la electricidad y que ha supuesto una rebaja notable en la factura de la luz, si se compara a la que están pagando otros países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania . El PSOE lo ha aprovechado al pedir al PP, en boca de la portavoz, Pilar Alegría, que se sume a la “senda de la política útil”: “Si no saben como se hace, lo tienen muy fácil, pueden ir a Bruselas o llamar por teléfono a al presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, porque es en el seno de la Comisión Europea donde se están aprobando las mismas medidas que se están aprobando desde el Gobierno de España”.
Las alegrías que Sánchez obtiene fuera, incluyendo el éxito de la cumbre de la OTAN que le sirvió de escaparate con los aliados, contrastan con la realidad doméstica donde el PSOE ha perdido su condición de primera fuerza. Ninguna encuesta recoge hoy crecimiento del PSOE por las medidas que está llevando a cabo mientras que el discurso del PP va calando en los sondeos. En Moncloa, no obstante, están convencidos de que acabarán desenmascarando a Alberto Núñez Feijóo (de ahí que Sánchez haya recogido el guante para debatir con él en el Senado porque tiene el convencimiento de que saldrá victorioso). “No tengan ninguna duda de que vamos a dar la vuelta a las encuestas”, vaticinó la portavoz socialista, Pilar Alegría, al volver del parón estival después de que Sánchez pidiese un esfuerzo a su equipo y garantizase que regresa con las fuerzas renovadas.
Tras acometer una nueva remodelación para intentar potenciar la comunicación, el PSOE trata de activar la maquinaria con la vista puesta en las municipales y autonómicas. A lo largo de septiembre y octubre pretende finiquitar las candidaturas para poner el partido a tono y ha lanzado la campaña ‘El Gobierno de la gente’ con la que pretende que Sánchez y el resto de la dirigencia pisen la calle explicando las medidas puestas en marcha y los datos económicos relativos al empleo o al crecimiento que, a su juicio, desmontan la oposición catastrofista del PP. En Moncloa también respiran con alivio al haber recuperado a ERC para las votaciones en el Congreso, recuerdan que, pese a la compleja aritmética han sacado adelante ya 160 proyectos normativos, y dan por hecho que aprobarán los Presupuestos Generales del Estado con los aliados habituales de la coalición.
En el Gobierno saben que los próximos meses son claves para frenar el relato del “cambio de ciclo” que intentan imponer las derechas. Aunque creen que la inflación se irá reduciendo, son conscientes de que el partido se juega en buena medida en la marcha de la economía y el camino amenaza con curvarse lo que queda de mandato si los precios continúan creciendo por encima del 10%. El Banco Central Europeo ha anunciado un cambio de política monetaria con el que pretende hacer frente a la inflación. Por primera vez en 11 años se ha producido una subida de tipos, de 0,50 puntos en julio, la mayor en 22 años, y con ello pone fin a las compras de deuda pública iniciadas al principio de la pandemia. El objetivo es controlar la inflación pero amenaza con enfriar la recuperación y supone un problema para quienes tienen deudas. El pronóstico, según el Banco de España, es que no bajarán los precios de la energía y se asfixiará a las familias.
El BCE, además, ha anunciado que en septiembre habrá otra subida de tipos, aunque aún no ha cuantificado de cuánto, y que pone fin a la compra de deuda que aliviaba el esfuerzo fiscal de los Estados desde el inicio de la pandemia. No obstante, el BCE se ha abierto a que se puedan reanudar las compras en determinadas jurisdicciones si hiciera falta –como podrían ser los casos de Grecia, Italia, golpeada además por la crisis política. o España si las primas de riesgo empiezan a dispararse– a través de un nuevo instrumento, el TPI, que en principio no cuenta con una dotación limitada.
El BCE –como ya han hecho antes la FED y el Banco de Inglaterra– intenta pinchar el globo de la inflación rebajando los incentivos al consumo al subir el precio del dinero, aún a sabiendas de que eso puede frenar la recuperación y de que los precios de la energía tienen que ver con muchos factores, incluida la guerra, más allá de la demanda de los consumidores. Apreciar el euro, además, puede traer consigo una baja de precios en los suministros que se compran con dólares en el mercado internacional.
Consecuencia de todo ello es que, si bien las previsiones de las instituciones económicas internacionales son de crecimiento para España, se han ido corrigiendo a la baja –al igual que el resto de la UE– y el gran problema a nivel interno es la percepción de los ciudadanos de que hay menos dinero porque sube la cesta de la compra. De hecho, los datos de consumo ya registran un descenso en el gasto de las familias para soportar la inflación.
En paralelo, Sánchez cuenta con la suspensión de las reglas fiscales hasta 2024. Al ser el país más golpeado al inicio de la crisis de la pandemia –y con un crecimiento en 2021 que no cubrió la caída del PIB que se produjo en la crisis sanitaria, algo que no se producirá hasta la segunda mitad de 2023, según la Comisión Europea–, el Gobierno ha peleado por esa solución que en Bruselas ya avisan que no será carta blanca para el gasto público: el hecho de que se pueda seguir gastando no quiere decir que haya que gastar, es el mantra que se repite mientras se mantiene, además, la discusión sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España quiere que la reforma sea previa a la reinstauración de las reglas fiscales. Es decir, que cuando haya que volver a activar el Pacto de Estabilidad, sea con unas normas reformadas no las actuales, que además de fijar un tope de deuda –60% del PIB– y de déficit –3% del PIB–, exigen una senda de reducción durísima.
En este sentido, eso sí, la Comisión Europea le pide a España moderación en el gasto para no aumentar la deuda y, en concreto, garantías de sostenibilidad de la reforma de las pensiones, en particular su indexación con el IPC en un momento de picos de inflación. Una reforma de las pensiones que es otro hito del plan de recuperación, por el que España puede recibir otros 12.000 millones en 2023 y que se irá discutiendo con Bruselas para que se liberen los desembolsos.
Enfrente, Feijóo y el PP no dan ninguna pista de que vayan a arrimar el hombro, e incluso han empezado a agitar los fantasmas de una recesión en un momento en que España registraba cifras de empleo no conocidas desde 2008 y récords de indefinidos. Su candidato ya sabe lo que es explotar una crisis económica para llegar al poder, como hizo en Galicia en 2009. Para ello se ha permitido incluso votar en contra del decreto de ahorro energético que exige Bruselas sin proponer ninguna medida de ajuste a corto plazo. Las encuestas domésticas de momento avalan la estrategia del nuevo líder del PP que pasa por culpar a Sánchez de crisis importadas, como la de la guerra de Ucrania al igual que hicieron antes con la pandemia.