El Ejecutivo calcula que con los plazos establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a “final de año” para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como recoge la normativa aprobada hoy.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los doce meses fijados de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es “un tiempo máximo” pero que la previsión es que no tenga que agotarse.
Calvo ha recordado que el decreto ley empezará su tramitación con un periodo de treinta días para su convalidación en el Congreso, y a partir de ahí su caducidad es de un año, “plazo más que suficiente” para que se lleve a cabo el “objetivo final” que es sacar los restos del dictador.
“Creo que sí, que antes de final de año habremos culminado todo el procedimiento administrativo que permita la exhumación”, ha señalado.
Ha insistido en que el Gobierno tratará de hacerlo “lo más rápidamente posible” pero dependerá de los plazos que “hay que ir agotando y que son garantías para la propia familia”.
A la pregunta de si el Gobierno va a forzar la exhumación pese a no tener la autorización de la iglesia toda vez que la familia se opone, Calvo ha asegurado que el ordenamiento jurídico español tiene instrumentos “más que suficientes” en su relación institucional con la Iglesia para proceder a la ejecución del procedimiento administrativo que plantea el decreto ley.
El Gobierno asegura que el procedimiento diseñado prevé “las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares”, que podrán disponer sobre el destino de los restos del dictador “si lo desean”..
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que se producirá mañana sábado.
A partir de ahí, el procedimiento para la exhumación se iniciará con un acuerdo de incoación del Consejo de Ministros, que se aprobará el 31 de agosto.
Ese acuerdo da un plazo de quince días a los interesados -la familia Franco- para que se puedan personar en el procedimiento y realizar alegaciones.
En este plazo, la familia podrá comunicar el destino que desea para enterrar los restos, para lo que deberá entregar los documentos y autorizaciones necesarias.
Si existieran “discrepancias entre los familiares o los familiares no manifestasen su voluntad en tiempo y forma” será el Consejo de Ministros el que decidirá el lugar para una nueva inhumación, “asegurando una digna sepultura”.
Para ello, el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento donde vayan a ser enterrados los restos.
Una vez transcurrido ese plazo de 15 días, el Ministerio de Justicia remitirá al ayuntamiento el proyecto para llevar a cabo la exhumación, según la normativa vigente.
Asimismo, solicitará informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido “en el plazo máximo de un mes”.
Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante “Acuerdo motivado” resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos, y su destino.