Tras muchos meses de bloqueo en las negociaciones sobre una norma discutida en el seno del Gobierno durante toda la legislatura y aprobada en Consejo de Ministros hace ya un año y medio, el Ejecutivo de coalición ha conseguido por fin desbloquear las conversaciones con los socios del Congreso para garantizar el respaldo parlamentario de la ley de vivienda. En las últimas horas, tanto ERC como EH Bildu han dado su aprobación definitiva a un texto que incluirá limitaciones de precios al alquiler de forma estructural. Tras las negociaciones entre el ministerio de Transportes con los grupos parlamentarios de EH Bildu y ERC, cuya interlocución se intensificó en las últimas horas con el portavoz Gabriel Rufián por parte de los republicanos, este viernes los dos socios principales del Ejecutivo en la legislatura han comparecido para anunciar el acuerdo.
“Hemos alcanzado un acuerdo para una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado, que pone coto a la especulación y frena el aumento de los alquileres”, han celebrado en rueda de prensa los portavoces parlamentarios de los republicanos, Pilar Vallugera, y de EH Bildu, Oskar Matute. Poco después, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha celebrado una medida “histórica”, y la ministra de Derechos Sociales, coproponente de la ley que salió del Gobierno, ha considerado que este viernes “gana la ciudadanía” con el paso “más importante en democracia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda”.
El texto de consenso al que ha llegado el Gobierno con sus aliados incluye algunas novedades importantes respecto al texto que ya salió del Consejo de Ministros. La principal, una limitación estructural de las revisiones de contratos de alquiler. Como parte del escudo social desplegado por el Gobierno a cuenta de las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra, esa limitación es hoy del 2% y seguirá así hasta finales de año. Con la nueva ley ese tope pasará al 3% en 2024 y, en adelante, quedará fijado por un nuevo índice alternativo e inferior al IPC, que protegerá a los inquilinos de la espiral inflacionista que vive hoy la economía. La condición de gran tenedor se rebaja de 10 a 5 inmuebles, que pueden ser propiedad tanto de personas físicas como jurídicas y no solo empresas, como marcaba el texto inicial. Pero para aplicar el concepto de gran tenedor habrá que declarar zonas tensionadas, con precios del alquiler disparados, y eso es potestad de las comunidades autónomas.
Tras el choque frontal entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma del solo sí es sí, la orden política del presidente Pedro Sánchez a su Ejecutivo fue desbloquear cuanto antes las negociaciones sobre vivienda para poder darle un impulso definitivo a la ley y mandar un mensaje de que el Gobierno de coalición sigue en buena forma legislativa en plena antesala de la campaña electoral de mayo. Esa directriz se concretó incluso en un encuentro antes de Semana Santa entre el propio Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Desde entonces, las negociaciones entre el ministerio de Transportes (competente en materia de vivienda) y socios parlamentarios como ERC y EH Bildu se intensificaron hasta el punto de dejar prácticamente cerrado el acuerdo definitivo durante esta última semana.
Este viernes, la propia Yolanda Díaz ha celebrado el pacto, considerándolo parte de la “política útil” que defiende en el Gobierno. “Por fin hoy nuestro país tiene una ley de vivienda, es un día muy importante, esta ley era imprescindible”, ha asegurado la ministra de Trabajo. “Es vital poder decir que tenemos una ley que permite regular los precios de los alquileres”, ha señalado.
Sobre la mesa los escollos a salvar han sido fundamentalmente dos: convertir en estructural la limitación de precios al alquiler que se aplica coyunturalmente como parte del escudo social desplegado por las consecuencias de la guerra y la pandemia (fijado en esos casos por decreto en subidas máximas del 2%) e incluir también la regulación de los nuevos inmuebles que salen por primera vez al mercado.
Según todas las fuentes consultadas, este jueves se cerraron definitivamente los últimos flecos del acuerdo en ambos apartados y tanto ERC como EH Bildu acabarán garantizando su apoyo definitivo en el Congreso a una norma que ahora pasará el trámite de la ponencia de manera inmediata. El Gobierno ha concedido a estos grupos la oportunidad de anunciar la noticia en una amplia rueda de prensa en el Congreso, en la que los dos grupos han reivindicado su papel en la negociación.
“Una vez más somos las fuerzas soberanistas de izquierda quienes posibilitamos y conseguimos un avance tan importante (...). Serán los 18 votos que suman ERC y EH Bildu los que permitirán hacer realidad esta ley”, han defendido Matute y Vallugera. El anuncio ha relegado a un segundo plano al PSOE pero también a Unidas Podemos y al Ministerio de Derechos Sociales, que participó en la redacción del texto que salió del Consejo de Ministros y que estaba alineado con las posiciones negociadoras de los socios parlamentarios.
En público, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y los dirigentes de Podemos se han intercambiado piropos. “Sé que esto es bastante inhabitual en política pero me da igual. Quiero agradecer el esfuerzo negociador a @ehbildu y a @PODEMOS y en especial al compañero @OskarMatute y a la compañera @ionebelarra. Todo cuanto bueno se consigue siempre es colectivo. Ya hay Ley de Vivienda”, ha escrito en Twitter Rufián. “Gracias, Gabriel. El trabajo de ERC y EH Bildu ha sido imprescindible para que hoy tengamos una ley mejor”, le ha contestado Belarra por la misma vía, en un mensaje similar al que ha dedicado a Matute: “Muchas gracias por todo tu trabajo @OskarMatute. Hoy gracias al trabajo conjunto tenemos una ley mejor”.
Acuerdo antes de la campaña
Aunque la ley que salió del Consejo de Ministros establece un marco regulatorio a nivel estatal, las competencias de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y son esas instituciones las que deberán decidir, una vez aprobada la norma, si deciden aplicar los topes al alquiler que ampararía el texto. Es por esta circunstancia que los partidos progresistas están especialmente interesados en que la norma quede aprobada antes de la campaña, para poder exhibir en los actos electorales de aquí a mayo el que sería uno de los principales hitos del Gobierno y del denominado bloque de investidura en el Congreso.
La espiral inflacionista del último año llevó a poner en marcha el tope de los alquileres, que muchos caseros se están saltando con la amenaza de querer recuperar el piso para familiares directos. También, que ligar la revisión de rentas y de alquileres al IPC –como recoge la legislación actual– daña a los inquilinos. “Evidentemente, cómo regulamos las actualizaciones ante las subidas en los precios de los alquileres IPC es una de las cuestiones que se están trabajando”, reconoció Raquel Sánchez la pasada semana.
Tras descartarse por parte del ministerio de Economía limitaciones fijas en las revisiones de contratos de alquiler (Unidas Podemos proponía un límite del 3%), la propuesta trabajada en los últimos días consiste en perfilar un índice alternativo al IPC que pueda quedar protegido de los vaivenes inflacionistas de la economía y condene a los inquilinos a revisiones abusivas de sus contratos.
Según el texto que han dado a conocer ERC y EH Bildu, encargados de anunciar este viernes la ley, el tope del 2% actual se mantendrá hasta final de año, después regirá el 3% durante otro año más y será a partir del 1 de enero de 2025 cuando entre en vigor el nuevo índice que será redactado por grupos de trabajo de los ministerios de Transportes y de Derechos Sociales. Ese índice, en todo caso, según los grupos parlamentarios, tiene que ser inferior al IPC. Esta parte de la ley, las revisiones de contratos, afecta a todos los alquileres y no a zonas tensionadas, que tienen una regulación adicional específica.
Ampliación de zonas tensionadas y rebaja de tenedores
Según han explicado los portavoces de ERC, Pilar Vallugera, y de EH Bildu, Oskar Matute, este viernes en el Congreso, la nueva ley regulará los alquileres que se encuentren en zonas tensionadas, “tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos”. Este último era un requisito sobre el que los grupos habían hecho fuerza para evitar que los propietarios sortearan el tope, sacaran su vivienda del mercado y la volvieran a introducir como nueva.
“Estos topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores”, han precisado.
La segunda pata de esta parte es qué requisitos son necesarios para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas en sus territorios. Lo podrán hacer si se cumple al menos una de las siguientes dos condiciones: “que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares; o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada”.
Los portavoces han explicado que la unidad mínima para declarar una zona tensionada es el distrito censal, pero que a partir de ahí, las administraciones competentes tienen la capacidad de establecer zonas de mayor perímetro hasta que lo consideren necesario.
La ley prevé medidas diferenciadas para los propietarios en función de si son grandes tenedores o pequeños. Con respecto al proyecto que salió del Consejo de Ministros hay varias novedades. La primera es que baja el número de pisos que hacer a un propietario gran tenedor, que pasa de 10 a 5. En este caso, el precio del nuevo contrato tendrá que estar vinculado un índice de contención de precios que se tendrá que realizar a partir de la aprobación de la ley; en el caso de los pequeños tenedores, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios.
Desahucios
El texto negociado entre el Gobierno y los grupos prohibirá “los desahucios sin fecha y hora predeterminada”, una “demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”, según han defendido los portavoces de los grupos independentistas
Por otro lado se “incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables” y por primera vez “se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias”.