El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo por la tarde la orden ministerial con la que el Gobierno regula la cogobernanza en el proceso de la desescalada. Ante el incremento de la presión sobre Pedro Sánchez por parte de algunas comunidades que reclaman la recuperación de sus competencias para gestionar el proceso de transición a la “nueva normalidad”, el Ejecutivo asegura que la evolución se realizará mediante un mecanismo de “coordinación y colaboración” entre la administración central y las autonomías, aunque la última palabra la tendrá el Gobierno. “La decisión, que en todo caso se procurará que sea consensuada, la adoptará el Ministro de Sanidad”, establece el BOE.
El Gobierno da de margen hasta el 6 de mayo a las 14 horas para que las comunidades autónomas hagan llegar a Sanidad las primeras propuestas de evolución en la desescalada en función del análisis de los indicadores epidemiológicos y la capacidad de respuesta sanitaria.
En las propuestas, los gobiernos autonómicos deberán dejar constancia de la fase en la que se encuentran y a la que pretenden transitar, así como las “medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor”.
También deberán demostrar las “capacidades estratégicas en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población” de acuerdo a varios indicadores: sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, identificación y contención rápida de fuentes contagio, capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio, así como la capacidad de atención primaria y hospitalaria; los mecanismos y estructuras que permitan la protección colectiva, dados sobre la evolución epidemiológica y capacidad de aislamiento y control de los casos, entre otros.
Para que la propuesta pueda ser tenida en cuenta y, por tanto, se llegue a considerar el paso de una fase a otra, las comunidades deberán cumplir dos condiciones imprescindibles respecto a la capacidad de respuesta sanitaria: disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes y disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. También tendrán que ser cumplidoras respecto al envío de la información de evolución de la pandemia que reclama Sanidad.
La orden ministerial también se abre a una de las principales reclamaciones de las comunidades autónomas: que la unidad de medida geográfica para cada una de las fases no sea la provincia sino áreas sanitarias o comarcas. “Con carácter general, la unidad territorial sobre la que realizar las diferentes propuestas será la provincia, la isla o la ciudad autónoma”, recoge el texto: “No obstante, de manera motivada, podrán establecerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto”.
En ese caso, los gobiernos autonómicos deberán argumentar las “razones” por las que el territorio escogido tiene “unas condiciones de homogeneidad que aconsejan un tratamiento común del mismo y diferenciado del resto de la provincia” así como las “garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese territorio respecto al resto de la provincia o de la comunidad autónoma”. También deberán recoger la opinión de las entidades locales afectadas por dicho cambio de criterio.
Una vez recibidas las propuestas, el Ministerio de Sanidad las estudiará “conjuntamente” con las comunidades autónomas, con las que se compromete a mantener “al menos una reunión bilateral de carácter virtual” para analizar el asunto, aunque el Gobierno tomará la decisión definitiva.