El Gobierno concede el indulto que un exalcalde del PSOE pidió hace más de seis años
El BOE de hoy recoge seis indultos aprobados el pasado viernes en Consejo de Ministros, entre ellos, el concedido a Ángel Vadillo Espino, actual alcalde de Alburquerque, una pequeña población de la provincia de Badajoz. Vadillo fue condenado en 2012 por obstrucción a la justicia y amenazas, tras advertir a una vecina que había recurrido la construcción de un edificio que, si no se retiraba, desvelaría con quién mantenía relaciones sexuales.
Tras la condena en firme, en 2012, Vadillo fue dado de baja del PSOE, tal y como marcan sus estatutos. Pero en 2015, con la ejecución de la condena suspendida pendiente de la resolución del indulto, se volvió a presentar a las elecciones (esta vez bajo las siglas de su propio partido) y fue reelegido, cargo que ocupa a día de hoy.
Amenazas en el mensaje navideño del alcalde
Los hechos ocurrieron en 2010. Según narra la sentencia, Vadillo amenazó a una vecina “para que retirara la denuncia contra él”. Para hacerlo, continúa el fallo, puso a su servicio “todos los medios propios de su condición de Alcalde, frente a una ciudadana particular”: lo hizo en el mensaje navideño que retransmitieron los medios locales en Nochebuena, lo repitió los días 27, 30 y 31 de esas navidades y llegó a darle 15 días para que se retirara “bajo la amenaza de desvelar una relación sentimental de aquella que había mantenido con un dirigente del Partido Popular ya fallecido”. También lanzó esas amenazas en la revista local La Glorieta, y envió como mensajera a una trabajadora social del Ayuntamiento para que le transmitiera que fuera a verle para solucionar el problema de forma privada. La mujer abandonó el pueblo y se fue a vivir a Bilbao.
Un juzgado de lo Penal de Badajoz le condenó a dos años de cárcel, una pena que ascendió a dos años y medio tras pasar por la Audiencia Provincial de Badajoz. Vadillo ha llegado a ponerse en huelga de hambre contra una sentencia que consideraba injusta y siempre ha mantenido que se trata de una cacería política contra él. Pero la sentencia considera que no hay información que demuestre esa teoría: “Carecen de apoyatura fáctica y probatoria los alegatos referidos a una supuesta confabulación política para desbancar del poder al encausado”.
Tras la sentencia, el PSOE le dio de baja del partido, como marcan sus estatutos, pero siguió ejerciendo como alcalde gracias al apoyo de los concejales socialistas y bajo las siglas de su propio partido, la Organización del Pueblo Obrero (ORPO).
La condena incluye la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, lo que supone que no podía volver a presentarse a las elecciones. Pero, tras pedir el indulto, su ejecución quedó suspendida y se presentó a las municipales de 2015 bajo las siglas de ORPO. Ganó y es el actual alcalde.
El indulto rebaja su pena de dos años y medio a dos años, lo que le permitiría evitar la entrada en prisión, pero no elimina la inhabilitación para presentarse a las elecciones. Así, si se empieza a ejecutar ahora, no podrá presentarse a las municipales de este año.
Este no es el único indulto que el Gobierno socialista ha sacado del cajón tras su llegada al Gobierno, y que llevaba años pendiente de resolución. En el pasado Consejo de Ministros también se aprobaron los de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete.
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