El Gobierno saca en el Congreso casi todas las votaciones pese a la crispación política

Desde que el 7 de enero Pedro Sánchez lograra la investidura como presidente del Gobierno con apenas dos votos de margen, el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha enfrentado una escalada política y mediática por parte de la oposición que ha alcanzado sus cotas más altas durante la pandemia. El Gobierno ha recibido durísimas acusaciones no solo de las derechas. También de algunos de los aliados del bloque de la investidura. Un bloque no siempre constante y con una composición muy heterogénea atravesada por los propios problemas de sus miembros. Aún así, ha sacado adelante prácticamente todas las votaciones que ha planteado al Congreso.

La legislatura arrancó como habían terminado las anteriores. Tanto después de la moción de censura de junio de 2018 como de la doble cita electoral de 2019, PP, Ciudadanos y Vox han arremetido contra la decisión del PSOE de apoyarse en Unidas Podemos y los independentistas vascos y catalanes, entre otros grupos menores. Ya durante las fallidas negociaciones de 2016 se acuñó la expresión “gobierno frankenstein” por la multitud de partidos, de muy diferente procedencia, que debía aglutinar a su alrededor el líder socialista para sacar a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa.

Un bloque que, finalmente, logró armar para la moción de censura de junio de 2018 y que se ha mantenido, con algunos cambios, para dar cobertura al actual Gobierno de coalición. En él coinciden desde el regionalismo del PRC a los movimientos ciudadanos convertidos en candidatura (Teruel Existe), pasando por el nacionalismo vasco, valenciano y canario clásicos y el independentismo catalán, vasco y gallego.

La primera votación de la legislatura se saldó precisamente con un triunfo inesperado para el PSOE y Unidas Podemos. Durante la sesión de constitución del Congreso se debe elegir la composición de la Mesa. Los números indicaban, a priori, que el bloque de gobierno lograría cinco puestos, incluida la Presidencia, y que un entendimiento de PP, Vox y Ciudadanos daría a las derechas los otros cuatro. Pero esos tres partidos no lograron un acuerdo y el sorprendente resultado deparó seis asientos para el bloque del Gobierno y tres para PP y Vox, que lograba, eso sí, un puesto en el órgano gracias a sus 52 diputados.

La composición final de la Mesa del Congreso sirve como ejemplo del devenir de las votaciones desde entonces. La última gran cita en el Congreso, la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) se saldó con un inesperado apoyo del que solo se excluyó Vox. Y no para votar en contra, sino para abstenerse. Tras semanas en las que se había despreciado la nueva prestación tachándola de “paguita” para vagos desde la derecha o despreciándola por falta de ambición desde algunos grupos de la izquierda, como la CUP, el Gobierno recabó 297 votos a favor y las 52 abstenciones ya mencionadas.

El aparente éxito del Gobierno en las votaciones en el Congreso no esconde que las mayorías se han logrado con muchas complicaciones, especialmente para atar los apoyos de ERC en algunos momentos clave. Ocurrió en las últimas votaciones de prórrogas del estado de alarma. Hubo dos momentos en los que el Ejecutivo de coalición se jugaba la continuidad del mando único. Especialmente en la cuarta y quinta prórroga, en la que los republicanos capitaneados en Madrid por Gabriel Rufián optaron por el no.

El Gobierno fue entonces consciente de la magnitud del problema. Volvía a encontrarse como en enero de 2019, cuando el no de ERC tumbó el proyecto de Presupuestos Generales y propició la disolución de las Cortes y el adelanto electoral. “De vez en cuando hay que decirles que no”, dijo Rufián en la tribuna del Congreso en el debate de la cuarta prórroga. Para la quinta, ante la insistencia de los republicanos catalanes en su negativa, el Ejecutivo hizo un movimiento a dos bandas para mantener a Ciudadanos en el sí y atar a EH Bildu en la abstención. Salió justo: 177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones.

El PSOE y Unidas Podemos se emplearon a fondo para lograr los números. “Somos la rótula de la España plurinacional”, asegura uno de los dirigentes del grupo confederal en el Congreso sobre lo ocurrido entonces. Lastra, ante las quejas de ERC por el pacto con Ciudadanos, dirigió unas palabras desde la tribuna a su homólogo republicano: “Le dije que para el Gobierno no había nada más importante que sacar la prórroga del estado de alarma. Usted dijo que para Esquerra era imposible votar que sí. Lo demás, son matemáticas”.

Aquel pacto circunstancial con Ciudadanos llegó propiciado por el cambio de estrategia del PP. Pablo Casado pasó de apoyar al Gobierno en el estado de alarma a oponerse, elevando a la vez el tono hasta el punto de que una diputada del PP acusó este mismo miércoles al Ejecutivo de “jugar a la ruleta rusa” con la vida de las mujeres al mantener el 8M.

Las seis votaciones sobre la excepcionalidad constitucional que convocó el Gobierno para atajar la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 muestran el tremendo desgaste en la gestión: de los 321 votos a favor, cero en contra y 28 abstenciones de la primera prórroga al aprobado in extremis de la quinta prórroga. Para la sexta, y última, el Gobierno recuperó a ERC para la abstención. Aún así, ha mantenido la negociación con Ciudadanos. Sendas delegaciones del Gobierno y del partido que lidera Inés Arrimadas se han reunido este mismo viernes para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados y explorar algunos nuevos.

Desde Ciudadanos aseguran que esto no les convierte en “socios” del Ejecutivo. Pero sí le garantiza tener un apoyo que explorar en momentos de dificultad. Parte de Unidas Podemos también asume que podrían tener un papel en la negociación de los Presupuestos, aunque la idea del bipartito es priorizar a los socios de la investidura.

Las votaciones del estado de alarma no son las únicas que ha sacado adelante el Gobierno. De hecho, todas las propuestas legislativas que el Ejecutivo de coalición ha llevado al Congreso han sido aprobadas. Antes y después de la pandemia. Desde la ley de eutanasia a la subida del SMI, la ley del solo sí es sí o el impuesto a las transacciones financieras, que será tramitado, además, en lectura única para ganar tiempo.

Esto incluye también la batería de decretos ley aprobados para responder a la crisis económica y social provocada por la pandemia. No sin negociación, otra vez a varias bandas. La ampliación de los ERTE, las trabas a los desahucios, las ayudas al alquiler, las inyecciones de capital a las empresas, la protección a los autónomos, etcétera.

En estas votaciones es donde el Gobierno ha cosechado sus únicas derrotas, parciales, de toda la legislatura. La convalidación de los decretos ley es absoluta. Pero el Pleno tiene la potestad de, una vez aprobado en su integridad, obligar en una segunda votación a que sean tramitados como proposición de ley, de tal manera que los grupos parlamentarios puedan plantear enmiendas al articulado que plantea el Ejecutivo. Así ha ocurrido con un buen número de los propuestos por el actual Gobierno, que seguirán la habitual vía parlamentaria para acometer cambios. Mientras tanto, todos están en vigor con su redactado original.