El Gobierno se agarra a su plan de impugnar ante el Constitucional la celebración de la investidura para la que Carles Puigdemont ha sido propuesto como candidato. “Gobernar es tomar decisiones difíciles”, ha dicho la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, sin convicción plena de que su recurso pase el trámite de cumplir los requisitos legales que deberá observar el Tribunal Constitucional.
Rajoy ha reunido a sus ministros tras el golpe recibido desde el Consejo de Estado, que emitió un dictamen afirmando que la impugnación era prematura y basada en hipótesis. El Gobierno dio por hecho en su escrito que Puigdemont no asistirá presencialmente a su investidura, algo que el órgano consultivo ha discutido como un hecho confirmado. “Respetamos los criterios jurídicos que nos da el Consejo de Estado, pero su dictamen no es vinculante para el Gobierno”, ha concluido
“No nos habíamos encontrado nunca con una situación como esta”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno en relación a que un parlamento autonómico proponga como candidato a la presidencia a un prófugo de la justicia.
La condición de prófugo de Carles Puigdemont es el argumento fundamental al que Moncloa se aferra para intentar impedir la investidura. Sin embargo, la vicepresidenta se ha quedado sin respuesta cuando se le ha preguntado si esa misma condición no le ha impedido ser candidato cómo es posible que sí le impida ser presidente.
Frente a la seguridad con la que el Gobierno anunciaba el jueves su recurso, este viernes la prudencia ha sido la norma. Fuentes del Gobierno barajan ya “dos escenarios”, siendo el segundo no conseguir frenar la investidura de manera preventiva.
El Constitucional ya ha recibido el recurso y los letrados han empezado con el trabajo previo a la convocatoria de un Pleno del organismo que se prevé inmediato, pero sin fecha conocida por el momento.