El Gobierno consolida a ERC como socio estable para el final de la legislatura

La legislatura encara la última curva antes de la recta final hacia las elecciones generales de diciembre de 2023 con el Gobierno de coalición asentado en una mayoría parlamentaria tan fragmentada como, a la vista de los resultados, también robusta. Tanto es así que el Ejecutivo se dispone a sacar adelante sus terceros Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma. Toda una hazaña si se compara con el último mandato de Mariano Rajoy y si se tiene en cuenta, además, que ahora esa mayoría parlamentaria recae en los escaños de hasta una decena de formaciones políticas diferentes.

Una vez superado el trámite de las enmiendas a la totalidad de la oposición, PSOE y Unidas Podemos prevén nuevamente dar luz verde a esas cuentas. Y por un amplio margen. La norma durante toda la legislatura no ha sido esa ventaja, pero sí un escenario de votaciones ganadas en el Congreso reiteradamente por parte del Gobierno, muchas de ellas in extremis y ante la mirada atónita de una derecha que pronosticaba ver en tiempo real el desmembramiento de “Frankenstein”. 

Desde la investidura, la relación de los partidos del Gobierno con sus aliados en el Congreso ha sufrido altibajos. Pero echar la vista atrás sirve para evaluar el nivel de fiabilidad del amplio abanico de socios que Pedro Sánchez ha necesitado para legislar. Y más allá del ruido, la sobreactuación y los reproches, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha consolidado como uno de los más estables: pieza clave en la investidura, sin enmiendas a la totalidad a ninguno de los Presupuestos (aunque amagara con ello hasta el último instante) y con el respaldo a la inmensa mayoría del arsenal legislativo de la coalición, los independentistas catalanes se han convertido de facto en un aliado estratégico del Ejecutivo. Algo por lo que, por la relación de fuerzas entre los partidos independentistas y los propios códigos de la política catalana, tampoco tienen demasiado interés en alardear. 

La legislatura, no obstante, empezó con piezas muy diferentes a las que dominan hoy el tablero político de la relación Moncloa-Generalitat. En Catalunya, ERC era el socio minoritario de un Govern presidido por Quim Torra, referente del independentismo más exaltado. Y los líderes políticos acusados por el procés estaban entre rejas a la espera de una sentencia que acabó confirmando sus condenas. Un auténtico polvorín político y social heredado por Sánchez de los tiempos de Rajoy y Puigdemont. 

Con la vuelta al pragmatismo de Esquerra y su entierro del procés y la unilateralidad, coincidió la necesidad de Pedro Sánchez de los votos republicanos en el Congreso, además de la voluntad del presidente de abordar “el reencuentro” con Catalunya. Un terreno propicio para que la relación Sánchez - Aragonés se volviera estratégica. Desde las profundas brechas ideológicas que los separan, ambos se conjuraron para establecer una vía de colaboración blindada ante quienes preferían que todo saliera mal. Y fundaron un nuevo sindicato de intereses recíprocos: que todo saliera bien o, al menos, que no triunfaran los que pretendían lo contrario. 

De esa premisa nació la mesa de diálogo en tiempos todavía de Torra (que no sentía ningún aprecio por esa mesa), una apuesta política de ERC y del Gobierno y un foro en el que Moncloa y Generalitat se comprometen a trabajar para buscar una salida política al denominado conflicto catalán. Sin grandes avances por el momento, el principal logro de esa mesa es hasta la fecha su mera existencia, con la garantía de comunicación directa y permanente que conlleva entre ambas partes, encomendadas a no hacerla descarrilar. La contribución a la normalización política catalana de los indultos a los líderes independentistas y la victoria de ERC en las últimas elecciones no hicieron sino afianzar ese escenario de colaboración que incluso a partir de ahora podría verse fortalecido tras la salida de Junts del Govern. 

Desde el PSOE y desde el PSC ya han repetido en público y en privado que tienden la mano a los de Aragonés para gobernar Catalunya a partir de ahora no solo en minoría, sino con la oposición frontal de los que fueron sus socios. Y lo que espera el Gobierno es que ese escenario de “dependencia recíproca” (Sánchez necesita a ERC en el Congreso y Aragonés al PSC en el parlament) allane aún más el entendimiento entre ambas partes. Una sintonía que se ha escenificado en los últimos días incluso en un tema especialmente espinoso, como es el de la reforma de los términos del delito de sedición en el Código Penal. 

El presidente Sánchez ha defendido la adaptación al marco europeo de la tipificación de ese delito como “un compromiso” personal y de legislatura. “Una de las principales lecciones que tenemos que extraer de la situación que vivió España tan dramática, de desencuentro y de quiebra, en el 2017, es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo al cual pertenecemos”, dijo el presidente esta misma semana. 

Ya hace meses que desde Madrid hay línea directa con Barcelona para avanzar en el desarrollo de medidas concretas como la reforma del Código Penal, que Esquerra desearía que fuese más amplia. Además de la rebaja penal de la sedición que esta semana provocó la ruptura del PP de las negociaciones sobre el Poder Judicial (sobre la mesa está la posibilidad de que las condenas disminuyan a aproximadamente a la mitad), los independentistas catalanes aspiran a que la “desjudialización” incluya también a las decenas de cargos políticos intermedios por causas pendientes relacionadas con el procés que implican penas de inhabilitación y cárcel por malversación. En lo que respecta a la sedición sí parece haberse alcanzado ya una total sintonía. “Quien tenga un poco de memoria sabe que nosotros siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa en cuanto al delito se refiere”, dijo el portavoz republicano, Gabriel Rufián, también esta semana en los pasillos del Congreso ante la pregunta de si aceptarían una rebaja de la pena para ese delito. La reforma, bien encauzada por ambas partes, ha sido la última excusa ofrecida por el PP para hacer saltar por los aires por enésima vez la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial. 

Pegasus y reforma laboral

El más que previsible respaldo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del Código Penal en los términos planteados da buena muestra de que la relación entre el PSOE y los republicanos llega bien engrasada a final de legislatura, dejando atrás definitivamente los momentos de mayor tensión política entre ambos socios. Porque tanto la reforma laboral como el escándalo del presunto espionaje a líderes independentistas por parte del CNI hicieron tambalear los cimientos del entendimiento. 

Con la nueva legislación laboral liderada por Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición exhibió el momento de mayor debilidad parlamentaria de la legislatura. Sin el apoyo de ERC, pero tampoco de otros aliados estratégicos como Bildu o el PNV, solo un error de un diputado del PP permitió sacar adelante una de las reformas estructurales del Ejecutivo. Aquel episodio se convirtió en un enfrentamiento de primer nivel entre los republicanos y la vicepresidenta segunda, con ecos que aún retumban a día de hoy. 

Y la otra gran amenaza a la bautizada como “mayoría de investidura” estuvo ligada al escándalo ‘Pegasus’: las escuchas del CNI a líderes independentistas catalanes que llevaron a ERC y a la Generalitat a “suspender” oficialmente la colaboración con el Gobierno de España. En Moncloa sostienen que esa crisis se gestionó sin que la comunicación desapareciera por completo en ningún momento. Un episodio del que se pasó página tras el cese de la directora del CNI por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Durante los últimos tres años han retumbado dentro y fuera del hemiciclo algunas acusaciones y reproches por parte de Esquerra tanto al PSOE como al presidente del Gobierno. Una de las últimas veces, en pleno debate sobre el estado de la nación, la acusación de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez de connivencia con las fuerzas policiales marroquíes por la muerte de decenas de personas en la frontera de Melilla escoció especialmente al líder del Ejecutivo. “¿Por qué 130 africanos son una mafia y 130.000 ucranianos son una causa?, ¿Por qué matar a palos y balazos en la fronteras sur es menos grave que matar a bombas en un centro comercial en Ucrania?”, le dijo Rufián al presidente exhibiendo tres balas sobre la tribuna del Congreso. “Hoy se ha equivocado gravemente. La mera exhibición de balas en este hemiciclo es un error imperdonable”, le contestó Sánchez. 

Desde el PSOE tienen el convencimiento de que la actitud parlamentaria y mediática de sus socios catalanes tiene gran parte de “performance” y que está relacionada con la eterna competición con Junts por el electorado independentista. “Se han comportado como un socio estable pero están obsesionados con que no lo parezca”, razona un veterano dirigente del PSC. Desde Esquerra, de hecho, se esfuerzan en las últimas semanas en que la salida de Junts del Govern no vaya de la mano de una escenificación formal del acercamiento a los socialistas. Antes incluso que una foto entre Pere Aragonés y Salvador Illa sellando algo parecido a un pacto de legislatura, los republicanos abogan por prorrogar los presupuestos catalanes un año más. Aunque la colaboración entre ambos vaya a más, siempre y cuando no se note demasiado.