La Constitución es clara cuando afirma que “el Gobierno deberá presentar Los presupuestos generales del Estado ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Sin embargo, Mariano Rajoy ha preferido no someterse a ese debate y prorrogar los presupuestos del 2017 evitándose una derrota parlamentaria. Además, el Gobierno afirma que esta será su estrategia hasta el final de legislatura; seguir prorrogando las cuentas y evitando enseñar las cartas de sus planes económicos para el año en curso.
Con su plan, Moncloa ha decidido saltarse el mandato constitucional con la excusa de no contar con los apoyos suficientes para sacar las cuentas adelante. Fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas por eldiario.es, aseguran que “hay cobertura legal” para prorrogar los presupuestos sin haber presentado previamente un proyecto a debate. Portavoces de la oposición en el Congreso coinciden en señalar que el ejecutivo no puede dar por sentado que no tiene apoyos si antes no hace el trabajo de presentar unas cuentas para que el resto de formaciones las sometan a un examen detallado.
En 2012 Zapatero también prorrogó los presupuestos sin presentar un plan propio. En aquella ocasión el presidente socialista ya había disuelto las Cortes y se encaminaba a unas elecciones que acabarían poniendo en la presidencia a Mariano Rajoy. Zapatero explicó entonces que no presentaba los presupuestos para no encorsetar el desarrollo económico del Gobierno entrante.
Ahora la situación es distinta. Rajoy quiere agotar los dos años de mandato que le quedan a pesar de no contar con los apoyos suficientes para que su impulso legislativo sea eficiente. En esa situación de debilidad, el ejecutivo está dispuesto a prorrogar los presupuestos de 2017 todos los años que sea necesario, corrigiendo con decretos ley algunas partidas como la relativa a la subida del salario de los funcionarios.
Presupuestar fuera de los presupuestos es algo que el PP ya empezó a ensayar con partidas millonarias dedicadas a armamento en 2012. La maniobra del Gobierno para financiar aquellos programas de armamento fuera de los presupuestos le supuso al PP un serio varapalo del Tribuna Constitucional. En julio de 2016 el alto tribunal sentenció que los decretos eran inconstitucionales y calificó como “singular” la técnica empleada por el ejecutivo de Rajoy para aprobar gastos fuera de la cuenta general de gasto.
El debate de presupuestos está íntimamente ligado a la imagen de fortaleza de un Gobierno. Históricamente se convierte en la cita parlamentaria más importante del año, sobre todo en los tramos finales de las presidencias. Un fracaso en la defensa de los presupuestos fue lo que acabó con el último gobierno de Felipe González. Corría el año 1995 y CiU decidió retirar su apoyo a los números propuestos por el Partido Socialista. Tras el fracaso, González decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Rajoy y el Partido Popular parecen muy alejados de ese espíritu. A pesar de que la Constitución les mandata a redactar un presupuesto cada año, el PP ha preferido apostarse su continuidad con prórrogas y parches en forma de decretos-ley.