El Gobierno pide al Constitucional que advierta al Parlament de que incumple sus sentencias y avisa de las posibles repercusiones penales
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes presentar ante el Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución de sentencia para impugnar una resolución del Parlament del pasado 25 de julio en la que se ratificaba la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación y la reprobación del rey Felipe VI. La decisión va en la línea de Pedro Sánchez de elevar la presión sobre el independentismo a las puertas de la sentencia del procés.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, se ha acordado pedir al Constitucional que advierta a la Mesa del Parlament de su obligación de acatar las sentencias de este órgano. El Gobierno considera que las resoluciones aprobadas por el Parlament vulneran “directa y frontalmente” varias sentencias del Constitucional, por lo que pide su “declaración de nulidad y su inmediata suspensión”.
Así, solicita que se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa, así como al secretario general, de impedir las iniciativas que ignoren las sentencias del Constitucional y se les aperciba “de las eventuales responsabilidades en que pudieran incurrir”.
“Pedimos la nulidad del contenido de las resoluciones, pero hay una clara advertencia a los miembros de la Mesa para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la jurisprudencia del Constitucional”, ha dicho en rueda de prensa Luis Planas, que ha hablado además de “consecuencias jurídicas y en materia penal”. Preguntado por cuáles son las posibles repercusiones penales de incumplir la doctrina del Constitucional, Planas ha explicado que “probablemente desacato”. “Lo mejor para todos sería que la Mesa cumpliera lo que le indica el Tribunal Constitucional”, ha aseverado el ministro.
La resolución sobre autodeterminación que pide suspender el Ejecutivo, presentada por JxCat, ERC y la CUP de forma conjunta, se aprobó el pasado 25 de julio. En ella, el Parlament se ratificaba en “la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Catalunya”. Recibió el apoyo de Catalunya en Comú Podem y los votos en contra de PSC y PP.
Ese mismo día, el Parlament se reafirmó en la reprobación al rey de 2018, anulada por el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada por unanimidad. JxCat, ERC y la CUP respaldaron la propuesta de resolución de los cupaires para reprobar a Felipe VI “por su posicionamiento y su intervención en relación al conflicto democrático que genera la negación de derechos civiles y políticos por parte del estado español a Catalunya”.
El Ejecutivo ha sorprendido con esas impugnaciones este viernes, más de tres meses después de que se aprobaran las resoluciones en la Cámara autonómica, pero va en la línea de la elevación de la presión sobre el independentismo en plena precampaña electoral y ante el posible “incremento de la tensión social” con la sentencia del procés.
Sánchez respondió de manera rápida a la aprobación la semana pasada de proposiciones de ley que solicitaban la salida de la Guardia Civil de Catalunya o que planteaban una amnistía tras la sentencia. El presidente en funciones dejó claro que llevaría esas propuestas al Constitucional y también que pediría al alto tribunal un requerimiento para los miembros de la Mesa del Parlament en la misma línea del que el Consejo de Ministros ha solicitado hoy, pero para resoluciones aprobadas en julio.
Celaá ha recordado, además, que el Gobierno está preparado para dar respuesta a un eventual incumplimiento de la legalidad por parte de la Generalitat que, según reconoce, aún no se ha producido. “La Generalitat es la única institución que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad”, ha expresado la portavoz, que ha recordado que el Ejecutivo puede poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional o la aplicación del 155.
