El Gobierno defiende el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y de la exasesora monclovita Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional, pese a su trayectoria política. “Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos”, ha repetido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha procedido a designar a los dos miembros que le corresponden al Gobierno en el tribunal de garantías sin esperar a que lo haga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva incumpliendo la ley desde el 13 de septiembre, cuando vencía el plazo máximo para nombrar a sus dos magistrados. Bolaños ha aprovechado para arremeter contra los ocho vocales conservadores, que ha recordado fueron propuestos por el PP, por el bloqueo y ha instado a que cumplan el mandato legal.
“Pocas personas tiene un conocimiento tan amplio de la administración desde distintos puestos y administraciones”, ha defendido Bolaños sobre las carreras de Campo y Díez: “Estamos convencidos de que harán su labor con rigor, vocación de servicio público y cumplimiento de la Constitución y la ley”. A pesar de las continuas críticas que desde hace años proceden de las filas socialistas por los nombramientos que ha hecho el PP en el ámbito de la Justicia, el titular de Presidencia ha llegado a decir que “tienen exactamente la misma idoneidad que Enrique López y Pedro González-Trevijano” cuando fueron nombrados hace nueve años a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy. Sus trayectorias, especialmente la de Enrique López, habían estado vinculadas al PP.
“El Gobierno ha elegido a dos juristas de reconocida competencia e indudable servicio público”, ha señalado Bolaños al anunciar la decisión del Consejo de Ministros, que ya había publicado El País y habían confirmado fuentes gubernamentales. El ministro ha asegurado que Unidas Podemos estaba informado y de acuerdo con esa designación. No obstante, el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, ha acusado al PSOE de “cinismo”.
Bolaños se ha esforzado por destacar la carrera judicial tanto de Campo como de Díez. “Campo es una persona absolutamente acreditada para ser magistrado. Inició su carrera judicial hace más de 35 años, es doctor en Derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es un servidor público desde distintos roles. Es una persona absolutamente idónea, muy reconocida y valorada en ámbitos de la izquierda y la derecha”, ha rematado.
“El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, jurisdiccional. Es el máximo intérprete de la Constitución. Conviene que esto lo tengamos claro: no tiene función judicial”, es otro de los argumentos que ha empleado Bolaños.
A pesar de esa idoneidad que defienden, en Moncloa reconocen que Campo tendrá que abstenerse en las decisiones del tribunal de garantías que tengan que ver con su etapa en el Consejo de Ministros. También intentan despachar la acusación de politización de la justicia que suponen estos nombramientos de personas que hace apenas unos meses formaban parte del Gobierno. “Cuando el PP habla de despolitizar la justicia me parece un lapsus porque es reconocer que la tiene politizada y bloqueada”, ha dicho Bolaños.
Moncloa trata de desvincular el acuerdo que había alcanzado con Alberto Núñez Feijóo en la última negociación para la renovación del Poder Judicial, que incluía una cláusula para evitar las puertas giratorias entre la política y la justicia. “El acuerdo no afectaba al Constitucional”, señalan las fuentes gubernamentales consultadas, que apostillan: “Si el PP echa de menos el acuerdo lo firmamos esta tarde”. Bolaños ha aprovechado para arremeter contra el líder del PP por volar por los aires ese entendimiento que iba a ser prácticamente inédito en la legislatura.
Preguntado por si teme una reacción en contra de Bruselas por estos nombramientos, Bolaños ha negado la mayor: “La Comisión Europea está espantada con el bloqueo grosero del PP al Poder Judicial y de algunos vocales de este órgano. Nada tiene que decir y nada dirá sobre el cumplimiento estricto de la Constitución”.
Y es que el ministro ha puesto el énfasis en que el Gobierno da el paso de nombrar a sus magistrados sin esperar al CGPJ para cumplir con la ley. “En ningún caso el incumplimiento de la ley por parte del CGPJ puede suponer el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Hacemos lo que está en nuestra mano e iniciamos el proceso”, ha explicado tras reconocer que le “hubiera gustado” que se hubiera producido con carácter “simultáneo”. La Constitución establece que la renovación del tribunal de garantías, compuesto por doce magistrados, se produce por tercios y que uno de los paquetes de cuatro corresponde al Gobierno y al CGPJ.
Bolaños se ha mostrado convencido de que el Constitucional dará luz verde a la incorporación de Campo y Díez Bueso “en breve”. Así, ha asegurado que su única labora es “verificar” y “validar” las candidaturas en base al cumplimiento de los requisitos, entre los que ha recordado el de ser español, ser jurista, tener 15 años de carrera judicial y tener una reconocida competencia. “Cumplen sobradamente”, ha sentenciado.